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Colombia vive aterrada por los continuos asesinatos de líderes sociales

Juan Teixeira | 16 de enero de 2020

Foto: Notas periodismo popular
Foto: Notas periodismo popular
Tan solo en los primeros 13 días del 2020 han sido asesinados 17 líderes sociales en Colombia. En 2019 fueron 107 los casos registrados por la ONU. Entre 2016 y 2018, Human Rights Watch contabilizó 635 asesinatos. Una terrible oleada de violencia contra aquellas personas que defienden los derechos humanos y el progreso justo del país, y que tiene como una de sus causas principales la llegada de grupos ilegales a los territorios que antes controlaban las FARC. Paradójicamente, la implementación del acuerdo de paz está regando de sangre inocente el país. 

Cada mañana Colombia se despierta con un crimen nuevo, pero cuyas víctimas están conectadas: todos son defensores de los derechos humanos o líderes sociales. El Instituto de Estudios Para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) ha informado que en los primeros 13 días del 2020 han sido asesinados 17 líderes sociales. El último de ellos fue el del indígena y líder social Yaiber Alexander Quitumbo, asesinado este martes en una zona rural de Toribio, región que sufre una grave ola de violencia debido a disputas entre grupos armados ilegales. El homicidio de Quitumbo, de 30 años, se produjo horas después del asesinato de Jorge Luis Betancourt, coordinador de deportes de la Junta de Acción Comunal (JAC) de San Francisco del Rayo. Esta es la triste lista de defensores de los derechos humanos asesinados en lo que va de 2020 en Colombia:

1. Carlos Cardona, líder social de la salud, asesinado el día 2 de enero en Ituango, Antioquia.
2. Cristian Caicedo, de 22 años, asesinado en Guapi, Cauca, el día 3.
3. Gloria Ocampo, lideresa social asesinada en La Estrella, vereda de Puerto Guzmán, Putumayo, el día 7.
4. Virginia Silva, asesinada en Páez, Cauca, el día 7.
5. Carlos Quintero, asesinado en Puerto Guzmán, Putumayo, el día 8.
6. Emilio Campaña, asesinado en Puerto Guzmán, Putumayo, el día 8.
7. Mireya Hernández, asesinada en Algeciras, Huila, el día 8.
8. Gentil Hernández, asesinado en Puerto Guzmán, Putumayo, el día 8.
9. Anuar Rojas Isaramá, líder de la Guardia Indígena asesinado en Agua Blanca, municipio de Nuquí, Chocó, el día 9.
10. Amparo Gegía, líder indígena, asesinada junto a su hijo, en Algeciras, Huila, el día 10.
11. John Fredy Álvarez, presidente de la Asociación de Trabajadores Campesinos (Astracal), asesinado en Algeciras, el día 11.
12 y 13. Juan Pablo Dicué Guejia, de 18 años, y Amparo Guejia Mestizo, de 41, asesinados en el sector de La Buitrera, en la vía que une a los municipios de Caloto con Toribío, en el norte del Cauca. En el lugar apareció un panfleto en el que la acción criminal se la adjudican las disidencias de las Farc, estructura 'Segunda Marquetalia Comisión 6'. Los nativos llevaban un niño de tres años a quien dejaron con vida. Los hechos sucedieron el día 11.
14. Henry Wilson Cuello Villareal, de 48 años, asesinado en Chiriguaná, Cesar, el día 12.
15. César Tulio Sandoval, coordinador del comité de campesinos de La Silla, asesinado en Tibú, Norte de Santander, el día 12.
16. Nelson Enrique Meneses Quiles, de 29 años, integrante de la Asociación Campesina de Inzá Tierradentro–Acit, filial de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina–Anzorc, organización que articula en el Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano–Pupsoc y la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica, asesinado en Inzá, Cauca, el día 13.
17. Sergio Narváez Tapias, exconcejal de Turbo, asesinado en su vivienda del corregimiento de Nueva Colonia de este municipio de Antioquia, el día 13.

Las cifras reflejan la gravedad del problema, pero ocultan las causas estructurales que sostienen la violencia contra los defensores y defensoras de derechos humanos (...) esta escalada criminal es inaceptable y constituye un ataque en contra de la democracia, menoscabando la participación y el acceso de las personas a sus derechos humanos - Naciones Unidas

Baile de cifras

El número de muertes sin embargo varía según el organismo que los cuente. Para las organizaciones locales son más que para la ONU por ejemplo, cuyo protocolo es ir al lugar de los hechos, recoger evidencias y corroborar la información con las autoridades antes de contabilizar. En 2019 para la ONU fueron 107 los casos registrados. El 98 por ciento de los asesinatos se produjeron en municipios donde operan grupos ilegales que se disputan las economías ilícitas, y el 86 por ciento fue en zonas con una tasa de pobreza por encima del promedio nacional. Una investigación del Human Rights Data Analysis Group, una ONG que aplica métodos científicos al análisis de violaciones de derechos humanos, encontró que entre 2016 y 2018 habían sido asesinados 635 líderes sociales en Colombia.

Según los datos del gobierno, entre el 1 de enero y el 17 de diciembre de 2019 fueron asesinados 84 líderes sociales, un 25% menos que en el mismo periodo de 2018. Para la asociación civil Somos Defensores fueron 120, y para el propio Indepaz, 234. Un terrible baile de cifras que pone de manifiesto la compleja situación que se vive en Colombia. 

La violencia generalizada en las zonas afectadas por el conflicto sigue amenazando la consolidación de la paz, como lo demuestran varios acontecimientos profundamente preocupantes ocurridos en las últimas semanas - Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia

¿A qué se deben los asesinatos?

Las teorías para explicar esta terrible oleada de violencia contra líderes sociales son varias, y probablemente confluyan entre sí. Estas son las más comentadas por los expertos:

  • Falta de legalidad/autoridad en las zonas que antes controlaba las FARC.
  • Disputas por narcotráfico, que antes era monopolizado por la guerrilla.
  • Resistencia de algunos grupos latifundistas (apoyados por paramilitares) a que la tierra se reparta equitativamente, tal y como estipuló el acuerdo de paz.
  • Violencia política, tristemente habitual en el país. 

El gobierno Duque tiene que reconocer la ineficacia de su política y reorientarla, poniendo en marcha los mecanismos previstos en el Acuerdo de Paz, que podrían tener mejores resultados por cuanto pasan de la protección individual de los líderes amenazados, que es a veces necesaria pero insuficiente, a la búsqueda de unas garantías colectivas que remuevan los factores, nacionales y regionales, que alimentan esta violencia - Rodrigo Uprimny, jurista 

Según Alberto Brunori, representante de la alta consejería para DD.HH de la ONU: "persisten factores estructurales que llevan a los homicidios, amenazas, hostigamientos, estigmatización y censura. La falta de presencia integral del Estado en todas las regiones, la falta de acceso a servicios básicos como salud y educación, sumado a la pobreza y a la alta tasa de desempleo, aumentan el riesgo para los y las defensoras. El vacío de poder dejado durante la desmovilización de las Farc y la llegada de nuevos grupos armados ilegales y delictivos ha dado lugar al aumento de la violencia. Sabemos también que varios defensores de DDHH en áreas rurales han sido asesinados por apoyar políticas derivadas del acuerdo de paz con las Farc como la sustitución de cultivos, otros por buscar la restitución de sus tierras y los presidentes presidentes de juntas de acción comunal están siendo amenazados, extorsionados por grupos armados".

Respecto a la autoría de los asesinatos, Martha Mancera, directora de la Unidad de Desmantelamiento de Bandas Criminales de la Fiscalía asegura lo siguiente: "En los casos reportados por la ONU es importante advertir que los homicidios son atribuidos a múltiples autores, que incluyen particulares (38,74 %) y a organizaciones criminales (57,59 %), con los siguientes responsables: 31 víctimas atacadas por organizaciones criminales locales, 27 por disidencias de las Farc, 20 por el ‘clan del Golfo’, 16 por el Eln, 6 por ‘los Pelusos’ y 5 por ‘los Caparros’."

¿A quién están matando?

Entre los grupos de víctimas identificados por las autoridades hay abogados de derechos humanos, lideres LGBTI, afrodescendientes, políticos, sindicales campesinos e indígenas. El hecho de que las principales víctimas hayan sido asesinadas en los lugares donde las comunidades pelean por desterrar la cultura de la ilegalidad dice mucho de la naturaleza de este conflicto. Aquellos municipios con mayor presencia de cultivos ilícitos, que sirven de ruta del narcotráfico y donde subsiste la minería ilegal registran las tasas más altas.

Están asesinando a los líderes que cumplen su función. Los grupos delincuenciales los ven como un obstáculo para sus acciones criminales - Luis González, fiscal delegado para la Seguridad Ciudadana

Para Alberto Brunori está claro, están asesinando a "defensores de DDHH: indígenas, campesinos, afro colombianos, y mujeres que promueven el acuerdo de paz; en particular lideres y líderesas quienes están en Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Nariño, Putumayo. Además, presidentes de juntas de Acción Comunal, personas que exigen DDHH -civiles y políticos y económicos- en lugares marginados, defensoras y defensores que buscan la restitución de sus tierras o la sustitución de cultivos ilícitos. Quienes defienden el territorio, los derechos ambientales y colectivos y que se oponen en varios casos a megaproyectos. También están afectados periodistas y la población LGBTI". 

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