La ONU y la UE los protegen, sus Estados supuestamente también. Pero los siguen matando. Defensores de derechos humanos se encuentran a Bruselas para detectar qué se podría hacer mejor. DW habló con algunos de ellos. Según la ONU, su labor es heroica. La Unión Europea, por su parte, les rinde homenaje y les asegura su apoyo. Pero en sus países de origen, las amenazas contra su trabajo y su vida van al alza.  Defensores de México, Colombia, Honduras, Guatemala, entre otros, se dan cita en Bruselas, en el marco de programas europeos para protección de defensores y apoyo a los derechos humanos en el mundo. Con motivo de celebrarse los 20 años de la declaración de Naciones Unidas para la protección de los defensores de derechos humanos, las organizaciones hacen balance de la labor realizada, las tareas pendientes y los desafíos futuros. Quien alza la voz "Un defensor no  tiene que pertenecer a una organización, ni tener gran instrucción. Ante una injusticia alza la voz y decide defender los derechos humanos, incluso sin darse cuenta él mismo”, dice a DW  Sandra Alarcón, del  Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinola. La situación actual está marcada por la violencia, la impunidad, la corrupción sistemática y graves violaciones a los derechos humanos que llevan décadas sin ser atendidas”, cuenta Alarcón. Según cifras de la ONU, en México ha habido 10 asesinatos de defensores en 2018; en 2017 fueron 15. "En su mayoría han sido líderes comunitarios, indígenas. Se oponen a intereses económicos particulares: a megaproyectos, a parques eólicos, a proyectos mineros que acabarían con sus territorios, a hidroeléctricas. En Guerrero suele haber vínculos de las empresas con el crimen organizado”, puntualiza Alarcón. La situación del país no le es ajena a los interlocutores europeos. En el marco del consorcio Protect Defenders, la UE reúne a 12 organizaciones internacionales líderes en defensa de derechos humanos y de defensores; también apoya la creación de mecanismos nacionales. "El mecanismo de personas defensoras y periodistas que tenemos en México recibe fondos de la UE. Pero casi todos los años se queda sin dinero. Este año para el mes de septiembre ya no tenía fondos”, cuenta Alarcón. En su opinión, uno de los errores del mecanismo es actuar reactivamente, no atacar la raíz del fenómeno. "Los siguen matando porque se puede, porque no hay algo que pueda frenar eficientemente estos asesinatos”, subraya Alarcón. ¿Qué sería más eficiente? "Exigir que se avance en las investigaciones”, responde. Sangriento post conflicto Marcha "Con paz" en Bogotá, Colombia "Estamos viviendo una situación de post acuerdo muy difícil y compleja. Desde la firma del acuerdo con las FARC han sido asesinados más de 350 líderes que han promovido y defendido la organización comunitaria y la defensa territorial y ambiental”, cuenta a DW por su parte Carlos Fernández. Su organización, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, lleva 30 años apoyando en los territorios más apartados de Colombia a las comunidades en la defensa de sus derechos fundamentales, territoriales y ambientales. "Colombia es uno de los países con mayor número de defensores asesinados”, afirma Fernández. En un país que ha firmado un acuerdo de paz internacionalmente reconocido y apoyado, también por fondos europeos, ¿cómo es posible que los maten? "Las razones estructurales son responsabilidad del Estado. Según el informe de 'Somos Defensores', el 47% de las agresiones provienen de estructuras herederas del paramilitarismo. Por supuesto siguen teniendo fuerte vinculación con sectores políticos y económicos. Hasta el momento no tenemos avances concretos y claros en ninguna de las investigaciones”, responde Fernández. "El Estado dice estar preocupado por los defensores de derechos humanos, pero al mismo tiempo el Ministerio de Defensa dice que la protesta social está relacionada con el narcotráfico. Una cosa es decir que las agresiones vienen del narcotráfico y otra cosa es plantear que, además, los sectores sociales que están siendo agredidos están involucrados con él. Genera estigmatización y nos pone en nuevos riesgos”, denuncia Fernández. "Que el Fiscal general diga que las agresiones no son por nuestra labor sino por problemas sentimentales o personales, evidencia la falta de voluntad política del Estado para proteger eficazmente la labor”, puntualiza. Como en el caso de México, lo que sucede en Colombia no les es ajeno a los que promueven los derechos humanos desde la UE. Su representación en el país tiene canales y mesas de interlocución con organizaciones locales. Información no es lo que falta. "Aunque valoramos el papel de la UE, sí creemos que hay muchas cosas que podría hacer aún. Incidir en los gobiernos para avanzar en las investigaciones, por ejemplo”, concluye Fernández. Mirra Banchón Fuente: DW