La represión tras el golpe de Estado en Bolivia
10 de noviembre de 2019, Bolivia. Fuerzas policiales y militares, con el apoyo interno de los sectores ultraconservadores, oligárquicos y de las clases acomodadas y el apoyo internacional de la OEA y EE. UU efectúan un golpe de estado contra el presidente, democráticamente elegido, Evo Morales. El golpe se realiza bajo la premisa de que se produjo “un fraude electoral” en las elecciones celebradas el 20 de octubre, con el objetivo de perpetuar el gobierno de Morales. Poco importan los datos en la era de la posverdad.
Los indígenas, victimas del racismo y el clasismo.
El golpe de Estado en Bolivia, aplicado al "estilo Blitzkrieg" y con nuevas técnicas de blanqueamiento internacional, logró destituir a Morales en tiempo récord. No obstante, sus seguidores y sobre todo las comunidades indígenas empezaron a manifestarse para mostrar su repulsa. No solo ante el golpe, sino ante la instauración mediante golpe de fusil de un modelo social impulsado por una élite social que margina y discrimina sistemáticamente a los indígenas. Según Yuri Tórrez, doctor en Estudios Culturales Latinoamericanos por la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador, «el racismo en Bolivia es estructural». Afirma que desde la época colonial se ha configurado una sociedad que no solo socialmente es desigual, sino que sobre todo es racialmente discriminadora. «En este contexto, los privilegios de acceder a los de acceder a espacios favorecidos, entre los cuales estaban lógicamente los espacios de poder, era solamente para los sectores criollos-mestizos de la sociedad boliviana con una exclusión evidente de los sectores indígenas del país», afirma Tórrez.
El voto del campo será decisivo para nuestra victoria. ¿Cómo es posible que algunos grupos no reconozcan el voto de los indígenas? Ahora opositores se reúnen en una coordinadora discriminadora. El verdadero fraude es mandar a quemar los votos. Mi delito es ser un presidente indio pic.twitter.com/kIhj98BDCr
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 24 de octubre de 2019
La república de Bolivia pasó a denominarse "Estado Plurinacional" el 22 de enero del 2009. Se pretendía así reconocer la diversidad cultural y la importancia de los indígenas y campesinos en la configuración del país. Este cambio constitucional pretendía extirpar esa exclusión y segregación estructural, afirma Tórrez. Según el diario El País, desde la conformación de una Asamblea Constituyente en 2006, «ha permanecido en Bolivia una polarización social». La presencia indígena en el poder, personificada en la figura del presidente Morales, ha traído de vuelta «los espectros segregacionistas». Según este medio de comunicación, «en el imaginario de los sectores criollos y mestizos se percibe un racismo esquizofrénico contra los indígenas».
El llamamiento a movilizarse de Carlos Mesa, el principal líder opositor, por un supuesto fraude ha reactivado posiciones extremas que se creían superadas en el país. He visto cómo estos agreden verbal y físicamente a personas de barrios alejados que se identifican con el MAS y a indígenas, sin incluso distinguir entre mujeres, niños o ancianos. Estos grupos han llegado a intimidarnos a los candidatos electos, quemando y saqueando nuestras casas de campaña y, lo peor, sacando fotografías a nuestros domicilios particulares y hasta a nuestros hijos. Esas son acciones claramente fascistas - Sergio de la Zerda, diputado electo por el MAS en declaraciones recogidas por El País
Las masacres de Sacaba y Senkata y las víctimas de la represión
Durante el conflicto hubo dos masacres, la de Sacaba y Senkata, que dejaron al menos 19 muertos y cientos de heridos. En el primero ocurrió el 15 de noviembre. Aquel día, tal y como afirma RT, miles de campesinos de la región de Chapare caminaban en dirección La Paz. En el puente Huayllani se encontraron con un cordón de seguridad que provocó la detención de la marcha. Fracasaron las negociaciones efectuadas con el objetivo de restablecer la manifestación y las fuerzas de seguridad asesinaron a 9 personas.
La Fiscalía General del Estado aseguró que los estudios forenses de las nueve víctimas evidencian el uso de armas de fuego largas, algo que será sometido a pericias técnicas exhaustivas. La potencia de los disparos no solo se observa con las muertes, también hay proyectiles que atravesaron postes de iluminación e incluso algunos llegaron hasta los domicilios particulares – Russia Today
La Matanza de Senkata, por su parte, ocurrió 4 días después, el 19 de noviembre en la ciudad de El Alto. Tal y como afirma RT, un operativo policial y militar que pretendía «despejar una planta de hidrocarburos bloqueada por manifestantes», acabó con la vida de 10 personas.
Por su parte, el 5 de diciembre, la autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, firmo un decreto para otorgar «asistencia humanitaria e indemnizar a los familiares de las personas fallecidas y heridas durante el conflicto político». Según afirma Russia Today, a través de ese decreto «se asigna un pago único y global de 50.000 bolivianos (alrededor de 7.200 dólares) a los familiares de cada fallecido». Las autoridades cifran en 29 el número de muertos. La Defensoría del Pueblo [en este enlace se pueden consultar los datos de las personas fallecidas], no obstante, eleva a 35 el número de fallecidos por el conflicto político y social en Bolivia desde el pasado 20 de octubre.
Las masacres de Sacaba y Senkata no quedarán impunes. Tarde o temprano Añez, Murillo, así como los militares y policías que se atrevieron a disparar con balas al pueblo movilizado contra el golpe, serán alcanzados por la justicia.
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 7 de diciembre de 2019
