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Las víctimas silenciadas de la especulación urbanística

En el área metropolitana de Barcelona, al igual que en el resto del Estado español, la crisis de la vivienda y la pobreza estructural de las periferias se hace cada día más evidente. Mientras sigue en vigor una supuesta moratoria que debería cesar los desahucios, la realidad es otra bien distinta. El pasado viernes 14 de enero, tan solo el distrito de Nou Barris, en Barcelona, se enfrentaba al lanzamiento de 21 desahucios. El día anterior, no muy lejos, se llevaba a cabo el desalojo de la nave ocupada por los supervivientes del incendio de «la nave de Gorg», en Badalona a finales del año 2020. Hace apenas una semana, una pareja morían asfixiados en una zona de barracas en Montcada i Reixach, a las afueras de Barcelona debido al humo de un brasero para calentarse. Son cientos los ejemplos de las últimas semanas que ponen en evidencia una gestión fallida de las necesidades básicas de la ciudadanía.

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Sabrine tiene un niño de cuatro años con discapacidad y TDAH y otra niña de tres años. El pasado viernes se enfrentó al primer lanzamiento del proceso de desahucio de su piso, propiedad de la SAREB desde 2019. Fotos: Lorena Sopena.
Las víctimas silenciadas de la especulación urbanística

Texto y fotos: Lorena Sopena // EULIXE

De los 21 desahucios previstos, 12 se aplazaron el día anterior, y cinco se pararon en la puerta, uno de ellos el de Sabrine, una vecina del barrio de Canyelles, en Nou Barris, que el pasado viernes se enfrentó al primer lanzamiento de su proceso de desahucio. Sabrine vive junto a sus dos hijos desde el 2019 en un piso propiedad de la SAREB.

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La SAREB (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria), es el «banco malo» de España. Una entidad privada formada por diferentes accionistas que se constituyó en el 2012 como parte de la reestructuración, recapitalización y «saneamiento» del sector financiero Español, siendo su constitución una de las condiciones para recibir ayuda financiera por parte de la Unión Europea. SAREB ha servido como gestora para que las entidades bancarias que atraviesen dificultades económicas transfieran sus activos inmobiliarios, reducir los riesgos y liquidar los activos «problemáticos», convirtiéndose, a efectos prácticos, en una inmobiliaria con más de 13.000 millones de euros en inmuebles y con los siguientes accionistas: el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria 45,90%, el Banco Santander, S.A. 22,22%, Caixabank S.A. 12,24%, Banco de Sabadell S.A. 6,61%, y un 13,03% restante del cual no hay información pública.

La Sareb se crea para digerir una burbuja inmobiliaria que quiebra -  Alejandri Inurrieta, economista y ex-asesor en el Ministerio de economía de los años 2004 a 2007

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En 2021, Europa, obligó a incluir a la SAREB en las cuentas públicas, aumentando de esta manera la deuda pública Española en 35.000 millones de euros. En todo este tiempo, desde el 2012, la SAREB solo ha cancelado un 31% de deuda, lejos de solucionar el problema de la vivienda en España, y agravándolo. Cabe destacar que según indica El Salto Diario, el «banco malo ha vendido 106.450 inmuebles, pero únicamente ha cedido 2.297 para fines sociales».

Pero estas viviendas de cesión social también tienen letra pequeña, en una entrevista para este diario, un activista de la vivienda de Barcelona, y que prefiere mantenerse en el anonimato, afirma:

La Sareb se ha dedicado a valorar los activos inmobiliarios para empaquetarlos para su venta y solamente ha cedido aquellos que consideraba que no eran rentables para fines sociales, cediendo su uso bajo contrato, en este caso al Ayuntamiento de Barcelona, durante un período de tiempo determinado, donde a la finalización del contrato podrá decidir si continúa con esta cesión o pone a la venta estas viviendas. Como apunte, corriendo de los ayuntamientos el arreglo y rehabilitación de los inmuebles. La SAREB está actuando siendo una empresa de capital mayoritariamente público como el peor fondo buitre del Estado.

En el caso de Sabrine, apenas dos días antes de su lanzamiento la SAREB informó estar dispuesta a iniciar un estudio para un alquiler bonificado, un alquiler a precio de mercado en que una parte la asume la familia y otra la administración. Sabrine hizo llegar toda la documentación que la SAREB le había solicitado y en el lanzamiento la comitiva decía no saber nada. Junto al Sindicat de Habitatge de Nou Barris se estuvo negociando con el procurador  y el representante de la propiedad para que confirmasen la voluntad de llegar un acuerdo y ello contribuyó a la comitiva judicial a prorrograr el lanzamiento.

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Sabrine explicaba antes de la llegada de la comitiva judicial a su domicilio su situación:

Yo no tengo otro lugar, tengo un niño de cuatro años con discapacidad y con TDAH, soy madre sola y además mi hijo tiene un apoyo en la escuela, que nos ha costado un año de sufrimiento con él. Ahora varias personas están con él para ayudarle y entonces mi hijo tiene que seguir viviendo aquí. No es fácil conseguir el apoyo escolar, he tardado más de un año y ahora él está bien en su escuela.

Sabrine tiene otra hija de tres años que va a la misma escuela que su hermano: «A ella la podría cambiar de colegio, pero a él no. Por ejemplo, la chica que le hace de apoyo en el comedor estuvo tres días de baja y mi hijo no comía, necesita la persona a la que ya está acostumbrado. Mi hijo no acepta los cambios. Ayer me dijo «Esta es mi casa» y mira que yo no le he dicho nada, pero los niños lo sienten, me dijo que es mi casa y empezó a llorar».

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Sabrine quiere alquilar esta vivienda, no tiene ingresos, pero cobra la renta mínima garantizada que otorga la Generalitat de Cataluña, una prestación que pretende garantizar que todos los ciudadanos de Cataluña puedan hacerse cargo de los gastos esenciales. «Yo no entiendo a este juez, yo quiero hacer las cosas legales, mi luz, mi agua, mi contrato, mi todo... Además, no es la primera vez que yo voy a hablar con la SAREB, yo he pedido el alquiler y ellos me ofrecen dinero. Vienen gestores, uno me ofrece tres mil euros, otro cinco mil, ¿pero yo que hago con el dinero? Cojo el dinero en la mano, y me quedo en la calle con los niños. No tengo otro sitio donde ir, ojalá, si lo tuviese no estaría aquí, no estaría nerviosa».

El desahucio finalmente se aplazó durante algo más de un mes, dando un breve respiro a Sabrine para poder negociar el contrato de alquiler con la SAREB. Desde el juzgado le habían indicado que «no esperase el alquiler» que debía dejarlo todo preparado para abandonar la vivienda.

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En el año 2020 el Colectivo «Sysifo» realizó un artículo acerca de la «Incidencia de la Pandemia Covid-19 y riesgo suicida. Una mirada acerca del malestar psicológico y la salud mental» en el que se alertaba de las consecuencias y aspectos psicológicos implicados en un proceso de desahucio, destacando «La situación de vivir un desahucio provoca en las personas efectos muy variados y que pueden ser devastadores tanto para su salud física como mental». Y es que la burocracia judicial no tiene en cuenta el arraigo comunitario o las consecuencias físico-emocionales de las personas a la hora de tomar una decisión sobre un desahucio.

«No estoy tranquila» decía Sabrine cuando ya se había marchado la comitiva judicial «parece que los juzgados quieran que la gente sufra». Los delegados del juzgado, la temida «Comitiva judicial» le indicaron que a la próxima no querían usar la fuerza ni querían problemas, instigándola a marcharse antes del lanzamiento, una práctica amenazadora habitual entre ciertas comitivas de Barcelona.

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«Yo lo he querido hacer todo legal, contrato, luz, agua, pero me dicen que no tengo contrato, que no soy inquilina, pero no me dejan y me cierran las puertas. Mis hijos y yo merecemos una vivienda. Yo quiero pagar, no quiero estar gratis, y además mi hijo necesita estar en esta casa, en su barrio, en su escuela», sigue insistiendo Sabrine después de su lanzamiento.

Sabrine queda ahora a la espera de un posible acuerdo con la SAREB, con el imprescindible y necesario apoyo de sus vecinos que no dudaron ni un segundo en ir a defender su vivienda convocados por el Sindicat de Habitatge de Nou Barris que ya lleva más de un año defendiendo las viviendas del distrito, con una administración saturada y con unos recursos insuficientes para hacer frente a las decenas de desahucios semanales de Nou Barris.