República Democrática del Congo: Un conflicto olvidado deliberadamente
Artículo original de Nueva Revolución
Un poco de Historia
Como la mayoría de conflictos vigentes aún hoy en día, la situación de guerra permanente en la RDC tiene su origen en el colonialismo, en este caso por parte de Bélgica. Ya entre los años 1885 y 1908, bajo el mandato del rey belga Leopoldo II, el entonces Estado Libre del Congo —propiedad privada del monarca— sufrió un genocidio cuya magnitud, aunque discutida, se encuentra en un descenso de población de entre 10 y 15 millones de personas. Entre las causas, la explotación y atrocidades cometidas en los campos de caucho, minas y extracción de otros recursos naturales, las epidemias, el hambre y la baja natalidad.
El 30 de junio de 1960 alcanzó su independencia, pero, como la mayoría de excolonias, mantuvo fuertes lazos con su antigua metrópoli gracias al neocolonialismo belga y la intervención de agencias extranjeras, como la CIA, con el fin de garantizar los intereses de las empresas estadounidenses en la región. De hecho, estos dos actores estuvieron implicados desde el principio en el conflicto, ya que a ambos les interesaba eliminar al revolucionario panafricanista Patrice Émery Lumumba, el primer ministro. Nada más llegar al poder, Lumumba había pedido ayuda internacional ante la declaración de independencia del Estado de Katanga, presidido por Moise Tshombe, que mantenía buenas relaciones con las compañías que explotaban los recursos naturales. Ante la ausencia de respuesta por parte de la ONU y de Estados Unidos, Lumumba solicitó ayuda militar a la Unión Soviética, que sí le apoyó. Fue entonces cuando el presidente Joseph Kasavubu le destituyó y apoyó en ese mismo año 1960 el golpe de Estado del coronel Joseph Désiré Mobutu, quien perpetró más tarde el asesinato de Lumumba. Sin embargo, las pruebas parecen confirmar que fue el presidente estadounidense Dwight Eisenhower quien ordenó su asesinato, como recogía el diario inglés The Guardian en el año 2000.
Mobutu mantuvo a Kasavubu como presidente hasta 1965, cuando se puso a sí mismo en el cargo durante cinco años. Tras ser elegido presidente en 1970, cambió el nombre del país por la República del Zaire —y el suyo propio por Mobutu Sese Seko— e instauró una férrea dictadura que se prolongó hasta su derrocamiento en 1997.
Entre otras cosas, era profundamente anticomunista, por lo que en plena Guerra Fría a ningún país occidental le venía mal que Mobutu ocupara el poder. Sus últimos años estuvieron plagados de inestabilidad y revueltas en su contra, a lo que se añadió el genocidio de Ruanda de 1994, donde casi un millón de personas de etnia tutsi y hutus moderadas fueron asesinadas, la mayoría a machetazos. Muchas personas huyeron del país hacia el entonces Zaire y grupos armados tutsis se apoderaron del este del país, donde además contaron con el apoyo del gobierno de Ruanda, que, tras el genocidio, pasó a manos tutsis. Fueron respaldados —y siguen siéndolo— por Paul Kagame, que a día de hoy continúa siendo el presidente de Ruanda.
Fue en 1996 cuando se produjo la Primera guerra del Congo, que duraría siete meses. Tras el genocidio en Ruanda y la llegada al poder de un gobierno tutsi, muchas personas de etnia hutu huyeron por temor a represalias. También lo hicieron grupos armados hutus extremistas que habían perpetrado el genocidio. Mientras tanto, la disidencia contra Mobutu se unió bajo la Alianza de Fuerzas Democráticas para la Liberación del Congo, con el guerrillero Laurent-Désiré Kabila a la cabeza. Consiguieron derrocar a Mobutu en 1997 y se abrió una nueva era para el país, que de nuevo volvía a llamarse República Democrática del Congo.
Pero no tardó en llegar la Segunda guerra del Congo y una serie de conflictos simultáneos. Entre 1998 y 2003 se produjo esta guerra, que se denominó también guerra mundial africana, ya que nueve países distintos participaron, además de veinte grupos armados diferentes. El gobierno de Kabila en Kinshasa quería expulsar a todos aquellos actores extranjeros, especialmente a fuerzas de los ejércitos y grupos armados de Ruanda, Burundi y Uganda y a los grupos armados hutus extremistas. Todos estos actores tenían y tienen en común el interés en controlar las zonas ricas en recursos naturales y, para ello, es necesario que la RDC no llegue a ser un país fuerte, capaz de controlar todo su territorio y su propia economía. Frente a ellos combatía el ejército de la RDC junto a los de naciones aliadas, como Zimbabue, Chad, Sudán, Angola y Namibia. La guerra se caracterizó por la ausencia de grandes combates e intento de apoderarse de lugares estratégicos. Por esto, la principal víctima fue la población civil. De hecho, el periodo comprendido entre 1998 y 2004 se conoce como el genocidio congoleño, ya que se estima que murieron unos cuatro millones de personas, según la ONG International Rescue Committee (IRC), la inmensa mayoría por hambre y enfermedades prevenibles y curables. Por supuesto, hay que añadir las millones de personas desplazadas y refugiadas en países colindantes. De hecho, la Segunda guerra del Congo se considera el conflicto más mortífero desde la Segunda Guerra Mundial, a pesar de no aparecer en ningún libro de Historia.
Contexto actual
A pesar de que la Segunda Guerra del Congo terminó oficialmente en 2003, los diversos conflictos existentes y la multitud de grupos controlando diferentes zonas demuestran que, de hecho, la guerra nunca terminó. Uno de esos otros conflictos es el de Ituri, que tiene lugar en la provincia del mismo nombre, al noreste del país, entre la etnia agricultora lendu y la ganadera hema, apoyada por Uganda. El conflicto comenzó en 1997 y aún continúa. Otra gran guerra es la de Kivu, también al este de la RDC —no olvidemos que es ahí donde hay abundancia de recursos naturales—. Empezó en 2004 y continúa.
Es difícil rastrear la lista de beligerantes en los distintos conflictos a lo largo del tiempo, con grupos que se crean y se disuelven, aparecen y desaparecen. Actualmente, el panorama en el este y noreste del país incluye varios nombres: en el lado del Gobierno de Kinshasa se encuentran la Brigada de Intervención Rápida (FIB), integrada por Naciones Unidas para apoyar al Ejército de la RDC a través de tropas de varios países, y la Misión de la ONU en la RDC (MONUSCO). Este bando está apoyado internacionalmente por Francia, Bélgica y Bielorrusia. Además, en abril, el presidente congoleño, Félix Tshisekedi, anunció que Kenia desplegará tropas en el este del país para luchar contra el “terrorismo”.
Por otro lado, entre los grupos armados rebeldes está la Agrupación Congoleña para la Democracia (RCD), uno de cuyos generales es Laurent Nkunda, quien también fundó el Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP), una administración rebelde apoyada por Ruanda, enfrentándose directamente al Ejército congoleño. También están las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) y las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR). Ambas controlan partes del este de RDC y la explotación de recursos en varias zonas. Otros nombres son la Fuerza Patriótica e Integracionista de Congo (FPIC) y la Cooperativa para el Desarrollo de Congo (CODECO), este último grupo responsabilizado del ataque del martes 20 de abril, donde asesinó a doce civiles a machetazos en un ataque en los alrededores de la ciudad congoleña de Bunia, en la provincia de Ituri. Hay más bandos, entre los que se encuentran grupos yihadistas, hutus extremistas y diferentes milicias, muchas surgidas para combatir a otro bando en concreto.
Las verdaderas víctimas
Como decíamos, en el este y el noreste de la RDC es donde más recursos naturales hay, en especial diamantes, oro y el tan preciado coltán. En las diferentes guerras y conflictos se han violado sistemáticamente los derechos humanos y se han cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Se ha secuestrado a miles de niños y se les ha convertido en niños soldado. También existen trabajos forzosos y, por supuesto, violaciones en masa. Muchos habitantes de la región son forzados a trabajar como esclavos en las minas, incluyendo a menores de edad, también niños. Sin embargo, no solo los grupos armados y terroristas son responsables de estas violaciones de derechos, también los ejércitos regulares e incluso algunos “cascos azules” de la ONU han sido acusados de abusos y explotación sexual a mujeres, niñas y niños. Es más, medio centenar de organizaciones y grupos de derechos humanos de la RDC llevan tiempo exigiendo al gobierno —en el poder desde enero de 2019— medidas contundentes contra estas violaciones, empezando por el propio ejército. A todo esto hay que añadir la corrupción, endémica entre las fuerzas armadas, que exigen un pago a quienes salen de las minas, algo prohibido, como bien refleja el documental Blood coltan. Es decir, la población civil ni siquiera está a salvo con quien dice protegerla.
Respecto a la violencia habitual en las aldeas, aparte del ataque del martes 20 ya mencionado, según informa el medio congoleño Radio Okapi, solo el fin de semana del 23 de abril, veinte personas fueron asesinadas en el este de la RDC. En el primer ataque, el viernes, supuestos miembros del grupo armado Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) atacaron la aldea de Ayevi, en Kivu Norte, y secuestraron a cerca de 20 civiles, aunque no se sabe el número de víctimas mortales. El sábado 24, también en un ataque atribuido a las ADF, este grupo asesinó al menos a cuatro civiles en la aldea de Bangu, además de incendiar y saquear varios hogares. Esa misma noche, en la aldea de Shonga, seis personas fueron asesinadas en un tercer ataque. Por último, al menos dos militares y un civil fueron asesinados en ataques de supuestos integrantes de la Fuerza Patriótica e Integracionista de Congo (FPIC) en Bunia.
Emergencia humanitaria
Por otra parte, la situación humanitaria es extrema. Como informó Radio Okapi, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) reveló en un informe publicado el 26 de abril, que la provincia de Ituri tiene las necesidades humanitarias más urgentes. Desde el 9 de abril ha habido un aumento de la violencia contra civiles y hay informes de secuestros, violaciones, menores no acompañados y saqueos e incendios en casas. Además, en los territorios de Djugu e Irumu, muchos cuerpos continúan esperando a ser recogidos, debido a la intensidad y frecuencia de los ataques. Por si fuera poco, solo desde el 9 de abril, más de 40.000 personas han sido desplazadas en las zonas de salud de Fataki, Nizi, Lita y Tchomia. Muchas de ellas ya eran desplazadas y se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad.
A esto hay que añadir la urgencia en cuanto a problemas de desnutrición y seguridad alimentaria, algo de que también ha alertado el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Según el organismo, en lo que va de año se han producido 175 violaciones graves, incluido el reclutamiento de niños soldado, mutilaciones, asesinatos, violaciones o ataques a escuelas y hospitales. Según su informe, hay más de 1,6 millones de personas desplazadas solo en la provincia de Ituri —de un total de 5,7 millones—, y 2,8 millones de menores y sus familias necesitan ayuda urgente. Según las últimas cifras, más de 100.000 menores de cinco años sufren desnutrición aguda grave debido a la inseguridad alimentaria. Además, hay casi 400.000 menores desplazados debido a ataques a escuelas en los territorios de Djugu, Irumu y Mahagi. Además, solo una de cada tres personas tiene acceso a servicios básicos de saneamiento. Finalmente, aunque se ha declarado finalizada, la décima epidemia de ébola, la más mortífera en la RDC, se declaró el 1 de agosto de 2018, también en el este del país y duró oficialmente hasta el 25 de junio de 2020: Según cifras de la OMS, hubo 3.481 casos, 2.299 muertes y 1.162 supervivientes.
La importancia de tomar conciencia
Como siempre, la comunidad internacional se lleva las manos a la cabeza y se escandaliza ante las cifras, que, para ella, no dejan de ser eso, cifras sin personas detrás. Lo cierto es que, como ocurre en la mayoría de excolonias, gran parte de la culpa es de los países europeos. Empezando por Bélgica, la que fuera metrópoli de la RDC, que durante décadas expolió el territorio y remarcó las diferencias étnicas, igual que hizo en Ruanda, donde, de hecho, las inventó, ya que la única diferencia entre hutus y tutsis era su posición social. Y siguiendo con las empresas de potencias mundiales ubicadas allí. Según datos del Ministerio de Minas, en 2019, antes de la pandemia, la RDC exportó 1,4 millones de toneladas de cobre, casi 78.000 de cobalto y más de 33.000 kilos de oro. Además, entre 2014 y 2017, exportó 7.557 toneladas de coltán, más de la mitad procedente de Kivu del Norte. Sin embargo, el 85% de esta producción minera está en manos extranjeras, concretamente en las compañías Randgold (anglo-sudafricana), AngloGold Ashanti (Sudáfrica), Glencore (Suiza), Ivanhoe (Canadá) y Zijin Mining, MMG y China Molybdenum (chinas). En 2016, obtuvieron 2.600 millones de dólares por esta producción, de los que solo un 4% llegó a las arcas del Estado de la RDC.
Afortunadamente, en las últimas décadas se ha producido una explosión importante de denuncia sobre los diamantes —hay múltiples documentales sobre el tema, e incluso una película, Diamante de sangre (2006)— y también sobre la extracción del coltán, utilizado principalmente en la industria electrónica, como el ya mencionado documental Blood coltan (2007) o, más recientemente, Congo, My Precious. The curse of the coltan mines in Congo (2017). Son muchas las organizaciones que tratan de concienciar a la ciudadanía de los países privilegiados de la necesidad de consumir con cabeza aparatos electrónicos, como teléfonos móviles y ordenadores, así como de presionar a las grandes empresas. Esas que aún a día de hoy importan coltán de la región de Kivu, que, como hemos visto, ni siquiera está controlada por el gobierno, sino por los múltiples grupos armados que, bajo pretextos patrióticos y de defensa de sus respectivos pueblos, se dedican al negocio de extracción ilegal de estos recursos y la explotación de seres humanos, y a los que interesa tan poco como a las potencias occidentales que la RDC llegue a ser un Estado fuerte.
Como en tantos otros negocios ilegales o legales, pero claramente antihumanos —como la explotación en la industria textil—, la presión desde nuestros países es imprescindible. Como nos ha demostrado la experiencia, cuando la demanda cae, no hay necesidad de oferta. Es nuestra responsabilidad exigir a los gigantes informáticos y de telefonía móvil que se comprometan a una producción sostenible que respete los derechos humanos, y que lo demuestren, ya que, aunque muchos grupos se han posicionado contra la extracción ilegal de coltán en la RDC, son pocos los que en realidad pueden demostrar que su materia prima no procede de allí o de otras zonas en conflicto. Además, debemos presionar a nuestros propios gobiernos para que terminen con la expoliación y, sin duda, el boicot individual y la concienciación es la base de cualquier cambio real. Sí, todos y cada uno de nosotros también tenemos las manos manchadas de sangre. Pero, una vez que tomamos conciencia de eso, podemos empezar a actuar.