Por Aníbal Paz - Contrainformacion.es

Su estilo fresco y un discurso incisivo y renovador le catapultaron en las presidenciales de 2019, donde la retórica anticorrupción cuajó entre un electorado hastiado por los escándalos y la inacción de sucesivos gobiernos de la «política tradicional» (FMLN-ARENA). El Salvador arrastra problemas endémicos que desde hace décadas que los distintos ejecutivos no han podido responder con claridad: pobreza -cerca del 30%-, violencia -con las pandillas actuando en gran parte del país- o economía -poco diversificada y dependiente-. Es así como un outsider se alzó con la victoria en primera vuelta con un 53% del voto, aunque la participación rozó mínimos superando por poco el 51%.

Desde entonces Bukele dejó clara su impronta. Un liderazgo fuerte y personalista, sobrexposición en redes sociales -canal que ha usado para anunciar algunas leyes y decretos- y mano dura con los adversarios -bien sean pandillas u oposición política-. Una gestión eficiente de la pandemia y una adecuada lectura de la geopolítica, acercándose a China al romper relaciones con Taiwán pero sin desprenderse de las suculentas ayudas norteamericanas, le permitió sacar pecho en sus primeros meses al frente del país.

La reducción de la violencia en uno de los países más mortales del mundo fue celebrado por el conjunto de la sociedad. Detrás de este espectacular dato se esconde la dinámica de palo y zanahoria que magistralmente emplea el mandatario; tras aumentar las redadas policiales contra las organizaciones criminales Bukele terminó decantándose por un acuerdo por debajo de la mesa con pandillas: reducción de la violencia a cambio de privilegios penitenciarios y zonas de influencia. Este «acuerdo sucio» estaba siendo investigado por la Fiscalía salvadoreña, pero el cese del titular Raúl Melara relegó el «caso Catedral» a la papelera de la justicia salvadoreña.

Avanzando en todos los frentes

Paralelamente Bukele consolidó su deriva autoritaria en tres frentes: Ejército, legislativo y justicia. El presidente mima con obsesión el estamento militar consciente de que es un ente fundamental en la política nacional; con inteligencia Bukele ha cooptado a parte de esas élites introduciéndolas en cargos relevantes al tiempo que ha aumentado brutalmente la financiación del cuerpo. En verano de 2021 anunció que se duplicaría el tamaño del ejército del país, alcanzando los 40.000 efectivos en una nación de menos de 6,5 millones de habitantes.

La opa hostil lanzada contra la institucionalidad salvadoreña solo fue posible una vez ganadas las legislativas de 2021. Un triunfo que descansaba sobre una base real de apoyo; una parte importante de la población aprueba la política de hechos consumados aunque ello implique «excesos».

El Salvador es el país latinoamericano donde menos importancia tienen la democracia, los partidos o el sistema judicial. Solo el 28% de la población prefiere «la democracia a cualquier otra forma de gobierno» y para el 54% «en algunas circunstancias» una dictadura es mejor opción que la democracia, según el Latinobarómetro de 2018. Una vez con mayoría en el legislativo Bukele impulso reformas que permitían remodelar buena parte del andamiaje institucional, cambiando y destituyendo funcionarios -véase el caso del fiscal Melara- pero sobre todo abriendo el debate sobre la reforma constitucional.

La remodelación de la Carta Magna consagraría la deriva autoritaria del país al eliminar buena parte de los contrapesos existentes. El proyecto presentado por el ejecutivo incluye más de 200 cambios de entre los que destacan: ampliación del mandato presidencial -de 5 a 6 años- o la supresión del actual Tribunal Supremo Electoral (TSE). Poco después el Tribunal Constitucional allanaba el camino a Bukele permitiendo la reelección consecutiva en la país, una práctica explícitamente prohibida en el Artículo 88, que afirma «la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la república es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político». Pero la interpretación de los magistrados fue distinta.

Es precisamente en la justicia donde Bukele termina de atornillar su deriva con el nombramiento de jueces afines y la persecución de los díscolos. El mayor ejemplo de esta praxis fue la destitución de los anteriores titulares del Constitucional y el nombramiento de nuevos vinculados al oficialismo. La reforma de la Ley de Carrera Judicial, este mismo septiembre, «jubiló» automáticamente a un tercio de los 690 jueces del país y a decenas de fiscales bajo el argumento: «no más jueces corruptos y justicia a la medida de grupos de poder». La ley echó de un plumazo a todos los profesionales que llevasen más de 30 años de ejercicio o tuviesen más de 60 años.

Primeras fisuras

Enfrente se encuentra una heterogénea y disgregada oposición que va desde los partidos tradicionales históricamente enfrentamos -FMLN y ARENA-, estudiantes, sindicatos, asociaciones profesionales e incluso algunos sectores de la burguesía salvadoreña enfrentada al nuevo modelo económico.

La introducción del bitcoin como moneda en curso en el país agravó las discrepancias, pues la falta de seguridad jurídica y la incertidumbre que generaba la medida alentó a importantes sectores sociales, hasta ahora desmovilizados, a tomar las calles.

La hasta ahora marginal respuesta social ha ido ganando tamaño en las últimas semanas hasta convocar las mayores marchas de los últimos años. Bajo el lema «No a la dictadura» las principales avenidas de San Salvador evidenciaron que el idilio de Bukele con la ciudadanía parece llegar a su final; pues pese a contar con una base de apoyo movilizada el movimiento «anti-autoritario» gana peso.

El reto, sin duda titánico, será dar forma a una amalgama social con distintos intereses políticos y económicos que solo han podido coincidir bajo el rechazo a Bukele.