El ejército colombiano asesinó a miles de civiles para justificar la ayuda de EE.UU

Entre 2002 y 2010 el ejército colombiano asesinó en torno a 10.000 civiles, provenientes de los estratos populares en su mayoría, para manipular las estadísticas y justificar la ayuda militar estadounidense en la guerra del Gobierno contra los grupos rebeldes. Las víctimas eran atraídas con promesas de empleo y eran llevados a zonas de conflicto donde efectivos militares se encargaban de asesinarlos para reportarlos luego como guerrilleros muertos en combate. Se trata de un capitulo oscuro y terrible en la historia de Colombia, el caso de los "falsos positivos"

El ejército colombiano asesinó a miles de civiles para justificar la ayuda de EE.UU

Los “falsos positivos”

El caso de 19 jóvenes civiles de las localidades colombianas de Soacha y Bogotá que fueron asesinados en 2008 y fueron exhibidos como “bajas en combate” por las Fuerzas Armadas de Colombia abrieron el debate social sobre esta brutal práctica que se registra en Colombia desde los años 80. Decenas de militares fueron destituidos y otros muchos de menor rango fueron enviados a prisión.  Tal y como lo relata la investigación Ejecuciones extrajudiciales en Colombia, 2002-2010, entidades tanto privadas como de víctimas han recogido pruebas sobre el asesinato de 10.000 jóvenes bajo esta modalidad, duplicando así la cifra proporcionada por la Fiscalía General de la Nación.

Según afirma el investigador argentino Gómez Cárdenas, «se denomina falsos positivos (ejecuciones extrajudiciales) a las operaciones militares que entregan como resultado bajas de supuestos guerrilleros o paramilitares muertos en combate. Falsos en la medida en que las bajas no son personas que forman parte de algún grupo al margen de la ley sino campesinos, habitantes de la calle, trabajadores informales, entre otros. Y positivos ya que ésta es la terminología que utiliza las Fuerzas Armadas de Colombia para referirse a un éxito operacional». No obstante, para el relator especial de la ONU Philip Alston, el termino falso positivo es un eufemismo técnico para describir un asesinato premeditado y a sangre fría de civiles inocentes.

Los integrantes de las Fuerzas Armadas, antes, durante y después de los eventos, contaron y cuentan «con el apoyo de altos mandos militares y servidores públicos como ex magistrados, jueces, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, funcionarios de Medicina Legal, ex paramilitares y líderes políticos, entre otros» afirman el ex coronel de la policía nacional colombiana Omar Rojas y el académico Fabián Benavides en el estudio anteriormente citado. Aseguran también que se trababa de un entramado ampliamente organizado y afirman que existía una coordinación entre las fuerzas militares y las unidades policiales. «Los falsos positivos obedecen a una estrategia estatal», denuncian

La generalización y sistematización de las ejecuciones extrajudiciales de no combatientes durante los últimos ocho años de la década del dos mil, evidencian un engranaje delictivo creado no solamente con la intención de incrementar los resultados operacionales en las Fuerzas Armadas, sino en la de posicionar en el colectivo social los resultados de la política de seguridad democrática, engranaje que se activaba desde antes de que se cometieran los homicidios. Engranaje validado por los promotores de la política de seguridad democrática al momento de afirmar que las denuncias por ejecuciones extrajudiciales respondían a la estrategia de las víctimas enemigas de los lineamientos políticos del gobierno del periodo 2002-2010 - Omar Rojas y el académico Fabián Benavide.

Aunque las primeras denuncias se remontan a la década de los 80, se registró un aumento considerable de crímenes de este tipo en la etapa de la aplicación de la “política de seguridad democrática” entre el 2002 y el 2010, bajo la presidencia de Álvaro Uribe. En 2002, por ejemplo, el Coronel Mejía, protegido por Uribe, asesino a 14 jóvenes (4 eran miembros del ELN y los restantes civiles). Acto seguido, Mejía reconoció que respondía a órdenes emitidas por Uribe. Las fuerzas armadas, según Rojas y Benavides, recurrieron «a todo un conjunto de estrategias no convencionales como señalamientos a personas no combatientes, montajes, asesinatos de niños, jóvenes y adultos, e inflaron las bajas causadas al enemigo cuando las circunstancias lo ameritaban, reflejando resultados contundentes en la lucha contra la insurgencia».

Debido la presión ejercida por los militares y la policía en el contexto de la aplicación de la “política de seguridad democrática”, se disminuyó la capacidad ofensiva de las guerrillas, obligándolas a desplazarse a zonas rurales estratégicas.

Como la seguridad en Colombia comenzó a mejorarse desde 2002 y las guerrillas se retiraron de las zonas pobladas, algunas unidades militares vieron que era más difícil combatirlas. En tales áreas, algunas unidades fueron motivadas para falsificar muertes en combate. En otras áreas las guerrillas fueron percibidas por los soldados como especialmente peligrosas y los soldados fueron reacios a enfrentarlas. Era más fácil matar civiles. E incluso en otras áreas donde hay vínculos estrechos entre militares, narcotraficantes y otros grupos criminales organizados, las unidades militares locales no quieren combatir a los grupos ilegales que cooperan con ellos, sino que matan civiles presentándolos falsamente como miembros de esos grupos, procurando así que las unidades militares aparezcan como activas. Dentro de este marco cultural le ha sido muy difícil a los soldados oponerse a esos abusos. Algunos que se han pronunciado se han visto forzados a pedir traslado por su propia seguridad – Philip Alston, miembro de la CINEP.

Con el propósito de consolidar la “política de seguridad democrática” y su aceptación por parte de la población civil, desde la Presidencia y el Ministerio de Defensa se les exigían resultados concretos a las Fuerzas Armadas del país. Esta presión generó una fuerte obsesión entre las unidades tanto militares como policiales, aún más sabiendo que tendrían beneficios económicos y otros incentivos. Frente a la exigencia de resultados, el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) concretó lo siguiente:

Con la obsesión de mostrar resultados militares contra la insurgencia, se generaron prácticas masivas y sistemáticas de violaciones a los derechos humanos, asociadas a la prioridad gubernamental de llevar a cabo un proyecto contrainsurgente y de solución al largo conflicto armado exclusivamente por la vía militar y apelando a una militarización intensa de la sociedad y del Estado y al desarrollo de políticas autoritarias de seguridad que generaron violaciones masivas a los derechos a la vida, la libertad y la seguridad individual de millones de colombianos, incluyendo más de 2,4 millones de personas que fueron desplazadas violentamente de sus lugares de vivienda o trabajo.

El conflicto armado: guerra de baja intensidad, guerra mortal

Colombia se ha caracterizado históricamente por disponer de una brecha social entre una élite política con una fuerte presencia política, latifundista y monopolizadora y, por otro lado, grupos minoritarios como los indígenas, afrodescendientes y campesinos que han sido marginados por la estructura social dominante.  El proceso de liberalización de la economía que se llevó a cabo en los 70, deterioró aún más a las clases populares en favor de la clase empresarial. Esta exclusión socioeconómica y la falta de oportunidades para la participación política, provocaron el nacimiento de grupos guerrilleros, que veían en la lucha armada un método para corregir la balanza de poder.

Son muchos los actores que han participado en este macabro escenario armado. Por un lado, las guerrillas de marcado carácter izquierdista han llevado hasta el día de hoy una sangrienta campaña militar contra el Estado y diferentes sectores que, según defienden, «legitiman el orden establecido». Por otro lado, el Estado colombiano, lejos de garantizar los derechos fundamentales, pretende ganar la guerra a toda costa, recurriendo para ello a estrategias no convencionales. Los escuadrones de la muerte (organizaciones paramilitares de extrema derecha), algunos ya desmovilizados, han sembrado el terror durante décadas siendo los responsables directos del 80% de los asesinatos. Los narcotraficantes y las bandas criminales, por su parte, han jugado sus cartas y se han involucrado en distintas luchar por el poder, dejando un reguero de sangre como resultado.

Entre las guerrillas más importantes se encuentran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejercito del Pueblo (FARC-EP), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Movimiento Diecinueve de Abril (M-19). Cada movimiento ha respondido a una concepción tanto política, ideológica y militar como histórica y regional, que reflejaba las divisiones presentes en la izquierda política colombiana. Tanto el EPL (en su mayoría) como el M-19 se desmovilizaron en la década de los 90. Las FARC, calificadas como una de las organizaciones con mayor relevancia en el conflicto armado, por su parte, abandonaron la lucha armada el 24 de noviembre de 2016. El 27 de junio de 2017, la ONU, certificó la entrega total de armas por parte de esta organización. El 31 de agosto de ese mismo año, la organización presentó su partido político adoptando el nombre de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. No obstante, este mismo año, ciertos combatientes de la guerrilla anunciaron su retorno a las armas, afirmando que el estado ha traicionado los acuerdos de paz. 

Los grupos de extrema derecha, que se multiplicaron en la década de los 80, tienen su origen en la promulgación de la Ley 48 de 1968 a través de la cual, el Estado permitió la «privatización de la lucha armada», y autorizó que los civiles que respondían a los intereses de las élites regionales tomaran parte en el conflicto. En la década de los 80, el fortalecimiento de los narcotraficantes complicó aún más el conflicto. Muchos de ellos empezaron a invertir enormes sumas de dinero en propiedades rurales y se convirtieron en blancos de extorsión. Como respuesta, los terratenientes e industriales apoyaron a los grupos paramilitares, aumentando su poder y extensión. El secuestro de Martha Nieves Ochoa, familiar de miembros del cártel de Medellín, por parte del M-19 marcó de forma decisiva la conformación del paramilitarismo en esa década.

En la década de los 90, se creó el grupo Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que aglutinaba a diversos grupos paramilitares. La AUC es el responsable directo de 94.754 muertes, casi el doble de los asesinatos que se le atribuyen a las guerrillas colombianas. La organización se disolvió entre 2003 y 2006. No obstante, algunas fracciones que no se adscribieron al proceso de desmovilización formaron organizaciones criminales que siguen activos hoy en día.

Más de 250.000 muertes y 7 millones de desplazados. Este es el balance del conflicto armado interno que ha asoldado Colombia en los últimos 60 años y que se extiende hasta la actualidad. Colombia, país que ha sufrido en sus venas el horror de la guerra, la impunidad y la pobreza generalizada ha servido de ariete de diferentes potencias en su lucha por la hegemonía global. Hoy en día, Estados Unidos sigue manteniendo su poder político sobre la clase dirigente del país, que lejos de aprovechar las oportunidades que se crearon con los acuerdos de paz que desmovilizaron a las FARC, sigue reprimiendo y criminalizando a ciertos sectores que considera, aún hoy en día, “subversivos”. La pobreza sigue inundando las calles, y la estructura social que privilegia a ciertos sectores de la sociedad sigue sin alterarse. Las reformas sociales, por su parte, brillan por su ausencia. 

 

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