El domingo 10 de noviembre de 2019, la Organización de Estados Americanos (OEA), controlada por Estados Unidos, llamaba a la repetición electoral en Bolivia tras recibir los resultados preliminares de la auditoría de los comicios del pasado 20 de octubre, asegurando que la primera ronda de las elecciones bolivianas tenía que ser "anulada". 

En ese momento, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia y el comandante de la Policía Boliviana "sugieren la renuncia" de Evo Morales, que se ve obligado a escapar del país. El golpe de Estado es aplicado al "estilo Blitzkrieg" y con nuevas técnicas de blanqueamiento internacional, logrando destituir a Morales en tiempo récord. No obstante, sus seguidores y sobre todo las comunidades indígenas empezaron a manifestarse para mostrar su repulsa. No solo ante el golpe, sino ante la instauración mediante golpe de fusil de un modelo social impulsado por una élite social que margina y discrimina sistemáticamente a los indígenas. Fueron reprimidos sin contemplaciones. El Ejército respondió con las masacres del 14 de noviembre en Sacaba (Cochabamba), donde murieron nueve campesinos en enfrentamientos con la policía y los militares, y hubo 120 heridos; y la masacre del 19 de noviembre en Senkata (La Paz), donde hubo 11 civiles muertos y numerosos heridos, entre otras actuaciones por el resto del país. 

De este modo, Jeanine Áñez se convirtió en la segunda mujer presidenta de Bolivia, biblia en mano. Una auténtica desconocida en la política boliviana y que tan solo fue votada por el 4% del electorado se hacía con el poder en el país. Aunque en realidad el poder ya lo tenía de antemano, puesto que tenía el apoyo de las élites económicas del país, el ejército y diversas organizaciones internacionales apoyadas por EE.UU. Solo había que esperar el momento adecuado. Y ese momento lo otorgó la OEA al acusar falsamente de fraude electoral al partido de Evo Morales.