Ya os lo contamos en varias ocasiones, pero nunca está de más repetirlo: el negocio de las residencias de ancianos privadas es inmoral, injusto para nuestros mayores y, si la Justicia hace justicia a su nombre, probablemente ilegal, debido a las graves deficiencias que han salido a la luz tras la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. 

Otro ejemplo evidente de la gravedad de los hechos que supone comerciar con la vida de nuestros mayores lo ha sacado a la luz InfoLibre en una investigación propia que pone de manifiesto la usura que guía a estas organizaciones. La conclusión que ofrecen los datos es clara: parte del dinero que DomusVi gana en España termina en Jersey, un territorio fiscalmente opaco y donde la tasa del impuesto de sociedades es del 0%, según los datos de la OCDE. Un hecho especialmente grave si tenemos en cuenta que el principal cliente de DomusVi en España es la Administración pública. 

El modus operandi de este tipo de compañías es tan claro como indignante: primero se consigue un jugoso contrato con las administraciones públicas, gracias al amiguismo con el político de turno (que probablemente se llevará una parte jugosa del pastel, aunque eso será difícil de demostrar). Un ejemplo claro lo tenemos con el Presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y la máxima responsable de DomusVi, Josefina Fernández:

Una vez conseguido el contrato público, se procede a reducir al máximo el personal y los servicios, para reducir los gastos y así aumentar beneficios. La plusvalía que se obtiene genera por un lado una pésima atención a nuestros mayores, y por otro lado, un beneficio económico para la empresa que se mueve de forma opaca a paraísos fiscales. 

Fuente: InfoLIbre.es