13 estudiantes se enfrentan a más de 110 años de prisión por protestar contras las tasas
La Fiscalía pide 8 años y medio de cárcel y 5.400€ de multa para cada uno de los 13 estudiantes miembros del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans por "deteriorar mobiliario urbano" en una manifestación en contra de la subida de las tasas. La pena total a la que se enfrentan los estudiantes es de 110 años y medio, en lo que parece a todas luces un intento de criminalizar la protesta estudiantil.
Los hechos que se juzgan ahora sucedieron el 2 de marzo de 2017, cuando el SEPC convocó por redes sociales una manifestación en la plaza de Universitat de Barcelona en contra de la subida de las tasas universitarias y para reclamar una rebaja del 30%. La principal acusación de la Fiscalía es "alterar de forma grave la paz y tranquilidad ciudadana", asegurando además que los acusados llevaban material pirotécnico, a pesar de que los Mossos aseguran haber encontrado un carro de supermercado abandonado con extintores, martillos y una bolsa de petardos dentro, pero sin que se sepa a quién pertenecía.
🔴 DEMÀ ÉS EL JUDICI 🔴
— LaPúblicaAJudici (@PublicaJudici) June 2, 2021
Després de més de 4 anys de les detencions i citacions a 13 estudiants per defensar la rebaixa de les taxes universitàries, ha arribat el dia‼
Fiscalia demana 111 anys de presó i més de 140.000€ de multa, no ho permetrem: aquest #3i4junyABSOLUCIÓ ✊🏼 pic.twitter.com/IDCBGKp8Dd
Según la Fiscalía la protesta fue secundada por unos 1.500 estudiantes, de los cuales unos 125 protagonizó actos para "alterar de forma grave la paz y tranquilidad ciudadana". Los imputados fueron localizados a través de las redes sociales e imágenes de protestas anteriores: ninguno de los procesados fue identificado en el lugar. Los propios Mossos han asegurado con total naturalidad que disponen de un archivo de protestas de estudiantes que sirve para cotejar a eventuales implicados en desórdenes.
Según la portavoz del SEPC, Anna Clua, se trata de un "juicio político" que busca "desarticular la organización", ya que, ha asegurado, antes de la manifestación, "se empezaron a hacer seguimientos a los acusados por el hecho de ser miembros" del sindicato.
