Un diputado es condenado por el Tribunal Supremo, y la prensa calla

Iván Espinosa de los Monteros, diputado del Congreso por el partido de extrema derecha Vox y uno de sus principales portavoces, ha sido condenado por el Tribunal Supremo por evitar el pago de las obras de su chalet, por lo que se verá obligado a sufragar una deuda de 63 183 euros. A pesar de la gravedad del asunto, ninguna de las grandes cabeceras de la prensa ha sacado el tema en portada, al igual que las televisiones y radios, que han comentado la noticia de pasada. La enésima muestra de la parcialidad de la prensa en el Estado español, siempre sumisa a los poderosos y vacía por completo de ética y profesionalidad periodística. 
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Cabeceras de prensa del 15/12, omitiendo la información de la condena de un diputado de extrema derecha.
Un diputado es condenado por el Tribunal Supremo, y la prensa calla

Estamos tan acostumbrados a que los grandes medios de comunicación españoles manipulen la información que ya lo vemos como algo normal. Sin embargo, no lo es. Es una situación muy grave para una sociedad que se quiere considerar libre, pero que nunca conseguirá serlo sin unos medios de comunicación profesionales e independientes. 

Los ejemplos de la falta de ética y profesionalidad periodística se pueden apreciar en mayor o menor medida todos los días. Lo de ayer fue uno de los casos evidentes: un diputado es condenado en firme por el Tribunal Supremo, y ningún medio le da mayor importancia. ¿El motivo? se trata de un diputado de extrema derecha, fieles siervos del capital que también paga las nóminas de los trabajadores de los grandes medios de comunicación en el Estado español. 

Una condena que viene de lejos

En litigio que ahora termina comenzó en 2010, cuando Espinosa de los Monteros compró una lujosa vivienda por una hipoteca de 1,2 millones de euros. El dirigente de Vox contrató entonces a Pedro Heredia 6 SL, una empresa de la cual él era administrador y único accionista, para llevar a cabo una serie de obras para transformar el inmueble, con una planta baja y una altura, en uno de cuatro alturas. Además, instaló una piscina en la terraza, un ascensor, un garaje y un gimnasio. La arquitecta que fue contratada para esta reforma fue Rocío Monasterio, portavoz de Vox en Madrid y que lleva casada por Espinosa de los Monteros desde el año 2001.

Dichas obras acabaron en 2012, tras lo cual, se puso a la venta el inmueble por tres millones de euros, al tenor de lo descrito en la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid. El problema vino en noviembre de 2014 cuando la empresa fue condenada tras un largo juicio a pagar 74.108 euros (más intereses) a RUE SL, una empresa subcontratada para la construcción de la casa. Tras recurrir esa condena, en marzo de 2015 la deuda se rebajó a 57.038 euros al entender que Pedro Heredia 6 SL se había hecho cargo de parte de los gastos.

Sin embargo, de esta deuda nunca se pagó un solo euro hasta 2016, cuando se declara en concurso de acreedores, presumiblemente para evitar el pago de esa deuda. RUE SL decide entonces interponer denuncia contra Iván Espinosa de los Monteros al entender que era el principal responsable de la sociedad limitada deudora.

En esta sentencia, se entendió que el diputado de Vox había creado la empresa con el único objetivo de reformar su vivienda y así poder evitar sus posteriores obligaciones como persona física, en este caso, el pago de una deuda.

En septiembre de 2018, tras otro largo pleito, el juzgado entendió que no procedía dicho concurso de acreedores y que el socio único de Pablo Heredia 6 SL tenía que pagar dicha deuda, calificando el caso de «fraude de acreedores». Espinosa de los Monteros recurrió la sentencia y, tras perder el recurso, remitió uno nuevo ante el Tribunal Supremo, el último paso que podía dar.

Un inmueble sin licencia

Tampoco es el único pleito al que se ha enfrentado Espinosa de los Monteros por las obras de su chalet. El Ayuntamiento de Madrid ordenó el desalojo del chalet en septiembre de 2019 al considerar que el inmueble no cumplía con los permisos solicitados para la realización de las obras, ya que el proyecto presentado ante el consistorio realizado por Monasterio para la obtención de la licencia de obras no se correspondía con las obras que se ejecutaron finalmente. Esto implicaría que el matrimonio había estado viviendo en el chalet de forma ilegal durante cinco años.

Finalmente, consiguieron que el Ayuntamiento de Madrid regularizara la vivienda en marzo de 2021 tras presentar un nuevo proyecto que se ajustara a las obras realizadas, evitando que se les expulsara del inmueble.

Fuente: aldescubierto.org