En distintas partes del mundo, por ejemplo, en América Latina y el Caribe, defender el territorio, el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas puede ser letal. Las corporaciones que se dedican al extractivismo hacen y deshacen a su antojo, mientras que, en numerosas ocasiones, las autoridades esconden la cabeza bajo tierra. La impunidad es la norma, mientras que los cadáveres de aquellos que luchan por defender los derechos de su comunidad y proteger su tierra se agolpan. Cientos han perdido la vida.

Según la ONU, en América Latina y el Caribe, la mayoría de las agresiones contra los defensores del medio ambiente se producen en el contexto de proyectos mineros, turísticos, hidroeléctricos y agroindustriales “aprobados e implementados sin el debido respeto al derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes”.

Características del Acuerdo de Escazú

El Acuerdo de Escazú tiene como objetivo, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de la ONU, “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”.

Es el único acuerdo vinculante emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

El Acuerdo Regional está abierto a los 33 países de América Latina y el Caribe. El periodo de firma tuvo lugar entre el 27 de septiembre de 2018 y el 26 de septiembre de 2020 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Ha sido firmado por 24 países y actualmente cuenta con 12 ratificaciones (Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Uruguay). Sin embargo, Chile no la ha firmardo todavía, mientras que países como Colombia o Brasil todavía no la han ratificado.

El acuerdo corre el riesgo de convertirse en papel mojado si los 12 países que lo han ratificado no toman las medidas necesarias para su implementación. Según afirma la defensora del medio ambiente mexicana y ganadora del Premio Goldman (el Nobel del medio ambiente) Leydy Pech en El País, “hay muchos intereses en la ocupación de los territorios de los pueblos indígenas. No podemos decir: el acuerdo ya está y mi problema está solucionado”. 

Aunque el camino para su implementación será tortuoso, tanto Pech como las organizaciones de la sociedad civil que la impulsaron aplauden que se haya logrado su entrada en vigor. “Es una celebración incompleta, en construcción, pero lo importante es que sucede, porque bien hubiera podido ser que no se hubiera celebrado nada”, afirma Astrid Puentes, codirectora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) en declaraciones recogidas por El País.

Por otra parte, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL de la ONU, afirma, según recoge El País, que existe “un temor entre algunas empresas de la región” por el acuerdo. Añade que, sin embargo, “no deberían tenerlo, porque una mejor economía se construye con transparencia e información a la población”. Subraya que un proyecto “tiene mejor rendimiento” si se lleva a cabo con el acuerdo de las comunidades.

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La ONU celebra la entrada en vigor del acuerdo

La entrada en vigor ha sido celebrada como un hito por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que lo calificó de “pionero”. Mientras, el Secretario de la ONU, António Guterres, afirmó que el acuerdo “brinda esperanza e inspiración” y añadió que “es un gran paso adelante en la creación de caminos transformadores para las personas y nuestro planeta”.

Ante los daños e injusticias ambientales, instrumentos jurídicos como el Acuerdo de Escazú, son una de las herramientas más eficaces para responsabilizar a los Estados, defender los derechos y proteger la salud de las personas y del planeta. Esto es especialmente importante dado que América Latina es considerada como una de las regiones más peligrosas del mundo para quienes defienden el medio ambiente y la tierra, incluidos los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes. Los hombres y las mujeres que defienden el medio ambiente son amenazados en la región con acosos, narrativas estigmatizantes, y hasta ataques contra su vida y su integridad personal – Michelle Bachelet.

El representante de ONU Derechos Humanos en América Central, Alberto Brunori, declaró que los defensores y las defensoras de los derechos ambientales, en vez de “ser un obstáculo para el desarrollo” o “terroristas”, "juegan un rol vital en la consolidación de la democracia”. “Su labor debe protegerse y respaldarse”, subrayó.

Por otro lado, Mika Kanervavuori, representante de ONU Derechos Humanos en Guatemala explicó que “las amenazas y estigmatización hacia las personas que defienden la tierra, el territorio y los recursos naturales, además de poner en riesgo su vida, tienen un efecto amedrentador que busca desalentar la legítima defensa de los derechos humanos”. El jefe de la Misión de ONU Derechos Humanos en Bolivia, Alán García, afirmó lo siguiente: “Solidaricémonos, sumémonos y respaldemos el trabajo que desarrollan las personas que defienden los bosques, las selvas, la flora, la fauna, el agua, los ríos, los lagos, los mares y todos los recursos naturales”.

Por su parte, Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, recordó que las obligaciones en materia de derechos humanos, “no son sólo de los Estados, sino también de las empresas, cuya acción en esta materia es fundamental para alcanzar el objetivo que se plantea en el Acuerdo, que es el tener un modelo de desarrollo respetuoso con los derechos ambientales y los demás derechos humanos relacionados”.

En un comunicado conjunto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Culturales y Ambientales (REDESCA) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Latina exhortaron a los Estados a cumplir su deber de “proteger la vida y la integridad personal de quienes defienden los derechos humanos y el medio ambiente”. Además, añadieron lo siguiente:

Es crucial que se reconozca de manera pública e inequívoca la importancia de la labor de todos los defensores y defensoras del medio ambiente, fortalecer la investigación y el procesamiento de los delitos de los que son víctimas, evitar el uso indebido del derecho penal en su contra y adoptar políticas públicas e integrales de protección, incluyendo medidas específicas para proteger a las mujeres defensoras - Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Culturales y Ambientales (REDESCA) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos