Hace 40 años, el ecologismo social de Bookchin integraba en el mismo conflicto el dominio humano de la naturaleza con la explotación de clase, la dominación étnica, el control de la sociedad por el Estado y el poder colonial. La cuestión de fondo es que ese conjunto de relaciones no son una lista de problemas de origen exótico, sino dimensiones de un mismo problema que solo se puede resolver con medidas dirigidas por un enfoque estructural y un horizonte ambicioso. 

En realidad, la carta de Bookchin señalaba las carencias de unos diagnósticos que daban por buenas soluciones parciales a la crisis ecológica al considerar únicamente su dimensión medioambiental. El mensaje no es que el cambio climático sea un tema menor frente a la explotación laboral, las relaciones de propiedad o las desigualdades sociales. La verdadera conclusión es que al desgajar la dimensión medioambiental del resto, el diagnóstico acaba siendo parcial y las alternativas rozan la fantasía cuando no acaban por empeorar las cosas. El renovado movimiento ecologista que exige medidas contundentes a los gobiernos para frenar el cambio climático es una llamada a la esperanza, pero una mirada monotemática del problema puede acabar dando por buenas falsas soluciones. 

Todo resulta más evidente al revisar los llamados Green New Deal, que se presentan como programas de políticas públicas para la transición hacia una economía baja en carbono. Estas “soluciones verdes” a la crisis están ligadas a una trayectoria histórica donde las colaboraciones público-privadas han sido las protagonistas.

Las alianzas público-privadas se basan en la socialización de la inversión y el riesgo frente a la privatización de los beneficios

En la práctica, las alianzas público-privadas se han basado en la socialización de la inversión y el riesgo frente a la privatización de los beneficios. Bajo la promesa del trickle down, estas privatizaciones han producido sobrecostes, han esquilmado el medioambiente, han desplazado a poblaciones originarias de sus territorios y han ocultado el endeudamiento público. Esas tendencias no parecen estar desapareciendo con los planes verdes, más bien todo lo contrario. 

Un buen ejemplo es la contratación del gigante financiero estadounidense Blackrock por parte de la Comisión Europea. El mayor inversor del mundo en combustibles fósiles y accionista líder en activos bancarios tiene la misión de, ni más ni menos, integrar la sostenibilidad en la regulación bancaria. Al tiempo, el Ministerio para la Transición Ecológica contrata a Deloitte para la captación y ejecución de los fondos europeos. Resulta que esa misma consultora global elabora informes para facilitar que sus clientes accedan a los fondos europeos.

Pero el desparrame de lo público-privado no acaba aquí. En España, más de 100.000 millones del plan Next Generation han sido solicitados por empresas del IBEX-35. Si bien se promete que solo el 18% de los fondos serán para el sector privado, es indiferente que el resto incremente las arcas públicas si luego se contratan a los típicos mastodontes locales o transnacionales. Tampoco hay que olvidar que 360.000 millones del total de los fondos corresponden a préstamos que tendrán que devolver los Estados.

Dicho más fácil: la UE asumirá deuda encubierta que no pagarán los actores privados beneficiados, sino el total de los contribuyentes. No es una novedad. Desde que la tasa de beneficio mundial empezó a descender a finales de los sesenta, el negocio capitalista apenas ha podido funcionar más que a golpe de endeudamiento público y de reducción de salarios. 

Las formas de propiedad y dominio que han saqueado el planeta se normalizan como la mejor solución

La economista Daniela Gabor denomina «Consenso de Wall Street» al conjunto de principios sobre los que caminan las alianzas público-privadas ligadas a la transición a economías bajas en carbono. Tanto las infraestructuras como la naturaleza pasan a ser modeladas como activos financieros siguiendo los criterios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Las mismas formas de propiedad, centralización y dominio que han saqueado el planeta se normalizan como la mejor solución. El resultado es que, con toneladas de dinero público, se facilita una expansión de la acumulación por la vía verde conducida por los mismos oligopolios y relaciones de propiedad que crearon el problema. 

Estamos en un punto de inflexión histórico y definir mejor la crisis a la que nos enfrentamos no es un entretenimiento para puristas, sino el ineludible primer paso para una estrategia emancipadora. El momento actual necesita fórmulas radicalmente diferentes al business as usual y a las relaciones de propiedad existentes. También del todo alejadas de estrategias que, prometiendo reducir las emisiones en zonas del norte global, reproducen las desigualdades sociales, medioambientales y territoriales en el resto del mundo. 

Suprimir la utilización de combustible fósil exige un cambio profundo en los sistemas de propiedad. Un primer paso en esa dirección requiere una planificación pública desvinculada de los grandes actores privados y que dote de forma legal y recursos a comunidades sostenibles vinculadas al territorio. Las causas de la crisis ecológica tienen su raíz en una forma de organizar la producción, el consumo y las relaciones sociales dominada por el imperativo del beneficio y las relaciones de propiedad capitalista. Todo eso permanece intacto si nuestro objetivo último es reducir las emisiones y nuestro único horizonte es responder como sea a la urgencia del cambio climático.

[Un análisis más detallado del contenido de este artículo se puede encontrar en el informe La Solución Verde]

Artículo de:

• Rubén Martínez, investigador social y socio trabajador de La Hidra Cooperativa, empresa política especializada en economía urbana, bienes comunes y vivienda. Miembro de la red Fundación de los Comunes. Doctor en ciencias políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona.
• Isidro López, antropólogo. Participa en la red de Fundación de los Comunes. Fue investigador en el Observatorio de la Sostenibilidad en España durante más de una década. Conjuntamente con Emmanuel Rodríguez, es autor del libro Fin de ciclo: financiarización, territorio y sociedad de propietarios.