Referéndum sobre la independencia

A pesar de encontrarse suspendido por el Tribunal Constitucional, el referéndum se celebró el día 1 de octubre de 2017, consiguiendo según la Generalitat de Catalunya un 90 % de votos favorables a la independencia con un 43 % de participación.​ En el referéndum, los partidos contrarios a la independencia llamaron a no participar en el mismo por considerarlo ilegal.

La validez del referéndum no ha sido reconocida ni por el Gobierno de España ni por la Unión Europea. Ningún país ha reconocido a la autollamada «república catalana».​ La misión de observadores internacionales concluyó que el referéndum no cumplió los estándares internacionales. 

Traslado de sedes sociales

Tras la celebración del referéndum del 1 de octubre y el anuncio durante los días siguientes por parte de la Generalitat de que se aplicaría el resultado y se proclamaría la independencia, los empresarios catalanes expresaron su «máxima preocupación» y alertaron sobre las graves consecuencias económicas que tendría una declaración de independencia unilateral, «que sumiría al país en una situación extraordinariamente compleja y de consecuencias desconocidas pero, en cualquier caso, muy graves».​ 

Pocos días después los principales bancos con sede en Catalunya decidieron trasladar sus sedes sociales fuera de la comunidad para evitar la fuga de depósitos debido a la inseguridad jurídica que crearía una declaración de independencia.​ Esa decisión fue seguida por numerosas empresas, que sin esperar a una declaración de independencia, decidieron trasladar sus sedes sociales fuera de la comunidad. Tras la declaración de independencia realizada por Carles Puigdemont, a pesar de carecer de efectos jurídicos, la fuga de empresas que deciden cambiar sus sede se convirtió en masiva. 

La declaración y suspensión de la independencia del 10 de octubre

El día 10 de octubre de 2017, el Presidente de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, en una intervención en el Parlamento para dar a conocer los resultados del referéndum, declaró asumir «el mandato de que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república», para acto seguido proponer que «el Parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas emprendamos el diálogo». Sólo habían pasado ocho segundos entre la proclamación y la suspensión de la independencia.​ El formato empleado para expresar el mensaje llevó a algunas iniciales confusiones sobre si efectivamente había declarado la independencia o no.

La noche anterior el expresident Artur Mas se había entrevistado con Puigdemont para pedirle que no declarara la independencia y que en su lugar convocara elecciones, una opinión que era compartida por la coordinadora del PDeCAT Marta Pascal y por el conseller, también del PDeCAT, Santi Vila, que también presionaron a Puigdemont en el mismo sentido.​ También pesaron en la decisión final de Puigdemont de declarar la independencia e inmediatamente suspenderla las advertencias de la Unión Europea y el mensaje del presidente de la Unión Donald Tusk quien le pidió que no diera ningún paso que fuera «irreversible» para el diálogo.​ Otro elemento que probablemente tuvo en cuenta Puigdemont fue la fuga de empresas de Cataluña iniciada tras el triunfo del SÍ en el referéndum.

Al parecer fue Jordi Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana, quien redactó parte del discurso y también la frase en la que se declaraba y a continuación suspendía la independencia. Por su parte Marta Rovira, secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya se mostró muy enfadada por el modo en que se había gestado la suspensión.​ Por otro lado, el líder de la CUP Quim Arrufat afirmó: «El president nos dijo que no tocaba declarar la República y que aparecieron mediadores internacionales». Sin embargo nunca hubo nada concreto según declaró un alto dirigente del PDeCAT.

Tras levantar la sesión la presidenta del Parlament Carme Forcadell, los diputados de las dos formaciones independentistas que contaban con la mayoría absoluta en la cámara, Junts pel Sí y la CUP, firmaron en una sala anexa al hemiciclo el documento que proclamaba la República Catalana como Estado independiente y pedía su reconocimiento internacional. Sin embargo, dicho documento ni se votó ni se registró en el Parlamento, por lo que carecía de validez jurídica,​ como así lo reconoció Puigdemont unos días más tarde.

Activación del artículo 155 de la Constitución española

Al día siguiente, el Gobierno de España hizo un requerimiento al presidente Puigdemont para que aclarase si efectivamente había declarado la independencia, como paso previo a la intervención estatal de la autonomía según el artículo 155 de la Constitución.​ También hizo una oferta —consensuada con el PSOE— para revaluar la situación de Cataluña en España y reformar en caso necesario la Constitución.​ El requerimiento del Gobierno constaba de dos plazos límite, uno hasta el 16 de octubre en el que debería aclarar con un simple «Sí» o «No» si había declarado él o alguna autoridad catalana la independencia de Catalunya y otro plazo de tres días más, hasta el 19 de octubre, para rectificar su actitud en caso de que no respondiese al requerimiento o la respuesta fuese afirmativa. Cumplido el primer plazo, el Presidente de la Generalitat Carles Puigdemont respondió al requerimiento de una forma ambigua, sin dejar claro si había o no declarado la independencia,​ por lo que el Gobierno activó el segundo plazo del requerimiento. En su nueva respuesta, Puigdemont avisó de que, si el Gobierno aplicase el artículo 155 de la Constitución, el Parlamento votaría la independencia.​ El Gobierno consideró que la respuesta no era la que se la había pedido y la consideró además una amenaza, por lo que anunció que continuaría con la aplicación del 155.

Declaración unilateral de independencia

En la mañana del viernes 27 de octubre el govern de la Generalitat se reunió en una sala del Parlamento de Cataluña para tratar el tema de la declaración de independencia que se iba a producir ese día y también para decidir que el consejero Josep Rull asumiera también la consejería de Empresa y Conocimiento que había dejado vacante Santi Vila al haber dimitido el día anterior en desacuerdo con la decisión del president Carles Puigdemont de seguir con el procés y no convocar elecciones.

Nada más comenzar el pleno los grupos parlamentarios de Junts pel Sí y la CUP presentaron la propuesta de resolución que incluía la declaración de independencia que los diputados independentistas habían firmado el 10 de octubre en el Auditorio del Parlamento y por tanto sin ningún valor jurídico. Antes de que se produjera la votación los diputados de Ciudadanos, Partido Popular y PSC abandonaron la cámara en señal de protesta. Aquella se celebró de forma secreta para evitar las posibles imputaciones por parte de la fiscalía.

La declaración fue aprobada por 70 votos a favor, 10 en contra y 2 votos en blanco. Los servicios jurídicos del Parlamento catalán ya habían advertido que la votación no debería tener lugar, ya que la ley en la que se basaba había sido suspendida por el Tribunal Constitucional.86​ Cabe señalar que los partidos que presentaron la declaración en el parlamento y únicos partidarios de la independencia unilateral, JxSÍ y la CUP, sumaban 72 de los 135 escaños, teniendo mayoría absoluta, pero que solo representaban al 47,80 % de los electores (reparto mayoritario de escaños debido a las división de los votos en circunscripciones electorales a la hora de asignar escaños).

Tras levantar la sesión la presidenta del Parlament, los diputados independentistas se reunieron con centenares de alcaldes que les esperaban fuera del hemiciclo. Estos los recibieron al grito de “llibertat, llibertat”, en referencia a los dos Jordis encarcelados. Ningún estado ni organismo internacional reconoció la validez de la declaración.

El 31 de octubre de 2017, el Tribunal Constitucional suspendió la declaración unilateral de independencia como consecuencia del incidente de ejecución de sentencia que presentó el Gobierno de España, estimando los incumplimientos de la nulidad de la Ley del referéndum de autodeterminación de Catalunya y la suspensión de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República Catalana.​ La anuló definitivamente el 8 de noviembre.

Fuente: wikipedia.org