Ahora parece que se están dando los primeros pasos para conseguirlo. Este mes, sin ir más lejos, convergen dos iniciativas al respecto. Una verá la luz este mismo miércoles 17 de noviembre. Está previsto que la Comisión Europea presente su borrador de reglamento «sobre determinadas materias primas y productos asociados a la deforestación y la degradación de los bosques».

El otro proyecto que busca el fin de la deforestación fue el primer gran anuncio que se produjo en la recién terminada cumbre del clima (COP26). Más de 100 líderes mundiales, que representan a más del 85% de los bosques del mundo, acordaron detener y revertir la deforestación y la degradación de la tierra para 2030. Además, una docena de naciones y la propia Comisión Europea se comprometieron a destinar más de 10.000 millones de euros hasta 2025 para conservar estos ecosistemas. El problema, no obstante, es que no es un acuerdo vinculante. No se les podrá reprochar nada legalmente porque no hay nada que les obligue a cumplir.

Quedan fuera productos claves

El principal motor de la deforestación y la degradación de los bosques es la expansión de las tierras agrícolas para producir productos básicos como ganado, madera, aceite de palma, soja, cacao o café, como reconoce la propia Comisión Europea. Actualmente, la expansión de la agricultura industrial es responsable del 80% de la deforestación mundial, y la demanda de la Unión Europea (UE) representa un 16% del total. 

Las poblaciones afectadas por la deforestación, sobre todo las comunidades indígenas, llevan mucho tiempo movilizándose y exigiendo una legislación eficaz que aborde por fin la contribución de la UE a la deforestación mundial. 

En este sentido, el borrador de la CE que verá la luz este miércoles pretende “minimizar el consumo de productos procedentes de cadenas de suministro asociadas a la deforestación o la degradación forestal, y aumentar la demanda y el comercio de la UE de productos básicos y productos legales y ‘libres de deforestación’”. El cumplimiento se comprobará mediante satélites.

La iniciativa legislativa de la CE -que después tendrá que pasar por un debate con el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo- contiene elementos que avanzan en el camino correcto para lograr esa meta autoimpuesta, aunque no terminan de convencer. Por ejemplo, se propone que las empresas pongan en marcha «sistemas de diligencia debida», es decir, un mecanismo de autocontrol para vigilar, abordar y mitigar cualquier impacto negativo de sus importaciones en los bosques. Asimismo, se propone asignar una calificación de riesgo a los países productores. A pequeñas y medianas empresas se les exigirá «recopilar un registro de sus proveedores y clientes, conservar esa información durante al menos cinco años y ponerla a disposición de las autoridades competentes que la soliciten».

Sin embargo, “hay algunas limitaciones llamativas que reducirían significativamente las posibilidades de que el reglamento tenga un impacto en la lucha contra la deforestación mundial”, denuncia Isabel Fernández, miembro de Ecologistas en Acción y del proyecto Los Rostros de la Soja, una investigación que señala los excesos e impactos de este cultivo en el mundo. 

Una ausencia de elementos claves en el borrador final que achacan a «razones de intereses comerciales, económicos y también por el lobby de la industria y los países exportadores en Bruselas«. En este sentido, señalan la desaparición de elementos que estuvieron en anteriores versiones del reglamento.

Las lagunas del proyecto contra la deforestación

Uno de esos puntos claves que se han caído por el camino tiene que ver con un debilitamiento en la protección de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales. «Las consecuencias de esto son claras en Brasil, donde el gobierno de Jair Bolsonaro ha destrozado las protecciones ambientales y de derechos humanos a expensas de la Amazonia y los pueblos indígenas», señala Tom Kucharz, miembro de Los Rostros de la Soja y miembro de Ecologistas en Acción.

Una importante laguna del proyecto europeo es que los productos que se venden en la UE deben respetar, al menos, las leyes del país de origen, pero dejaría fuera las leyes internacionales sobre derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas. Por tanto, estaría en manos de cada nación la definición de lo que es «legal». 

El reglamento también propone abandonar una serie de instrumentos existentes para evitar el comercio de madera de origen ilegal, lo que podría llevar a «la supresión unilateral de los acuerdos bilaterales existentes y vinculantes, entre la UE y los principales países con grandes extensiones de bosques, para luchar contra la tala ilegal», apunta Kucharz.

En el texto preliminar también aparece una lista de materias primas que la Comisión Europea propone regular: la carne de vacuno, el aceite de palma, la soja, la madera, el cacao, el café y -tras una última revisión que se hizo hace unos días- productos derivados del cuero y de la torta de soja y aceite. Por tanto, quedan fuera de la futura legislación otros productos que también causan deforestación y pérdida de biodiversidad como la carne procesada, la carne de cerdo y de aves de corral, y el maíz. Tampoco se incluye un elemento clave para la industria automovilística como es el caucho —cuyo 70% de la producción global se destina a la producción de neumáticos—, a pesar de las presiones de los ecologistas.

Y no acaban aquí los claroscuros del borrador. Dos puntos a priori positivos -como que haya control sobre los productos y que exista una clasificación de riesgos- pueden acabar lastrando cualquier avance. Y es que la propuesta propone eximir a las empresas de la necesidad de aplicar el sistema de autocontrol a las mercancías procedentes de países que están siendo clasificados como «verdes«. Un sistema de control, además, que pone el foco en la voluntariedad y la autorregulación empresarial.

De ser así, si un país es clasificado como «verde», podrían comercializarse en la UE bienes producidos en tierras deforestadas ilegalmente o que son el resultado de violaciones de los derechos humanos. Por lo tanto, “no deberían concederse exenciones para los bienes asociados a la deforestación”, piden Kucharz y Fernández.

En la propuesta de la CE no entra en escena el sector financiero, lo que dejaría fuera de la aplicación del reglamento a un actor fundamental en la deforestación. Banco Santander, por ejemplo, está fuertemente vinculada con la deforestación de la Amazonia tras financiar con millones de dólares a empresas cárnicas brasileñas. 

En 2020, la Amazonia perdió cerca de 2,3 millones de hectáreas de bosque primario. La deforestación creció un 17% respecto a 2019, el tercer peor registro de los últimos 20 años.

Por último, el ámbito de los ecosistemas que el proyecto legislativo pretende proteger se limita a los bosques. Se quedan fuera, por tanto, los pastizales, los humedales y las turberas, gravemente afectados también por los monocultivos. En el propio borrador, no obstante, se incluye una cláusula de revisión para incluir otros ecosistemas, eso sí, en una etapa posterior. El documento también señala que el alcance del reglamento debe evaluarse dos años después de su entrada en vigor.

El papel de España

Este proyecto europeo tiene para España cierta relevancia al ser el tercer país de la UE que más deforestación tropical ha generado a través del comercio internacional, fundamentalmente en Indonesia y Brasil, según un informe de la ONG WWF. 

Desde un punto de vista geográfico, España es estratégica para empresas que importan soja desde el continente sudamericano para luego comercializar los subproductos (torta de soja y aceite) en el resto de Europa. Así, a partir de la soja importada se producen grandes cantidades de piensos, de las cuales el 98% se destina a la producción ganadera industrial ubicada en el territorio español.

Tanto en España como Italia y Portugal apenas hay demanda de soja con cero deforestación. En 2019, se importaron a España 2,4 millones de toneladas de soja brasileña, acorde a un informe de la IUCN y The Sustainable Trade Initiative. En estas zonas se concentró alrededor del 70% de la destrucción de bosques asociada al consumo de soja en la UE. Además, suponen puntos calientes de biodiversidad devastados por la deforestación de la cadena de suministros de la soja. Muchas poblaciones campesinas e indígenas han sido desplazadas forzosamente de su territorio y obligadas a buscar otras tierras para sobrevivir.

En un reciente reportaje en colaboración con Carro de Combate y Amigos de la Tierra publicado en Climática se denunciaba que miles de toneladas de vacuno relacionadas con la deforestación de la Amazonia se pierden en el mercado español por falta de transparencia.

“Se está exportando gran parte de la producción ganadera industrial, respondiendo únicamente a las demandas del mercado y con un extraordinario coste energético, climático y social, además de gravísimos daños para la biodiversidad tanto en los lugares de cultivo de la soja como en los territorios rurales que concentran las granjas industriales”, remarcan los dos activistas.

Artículo de Eduardo Robaina - climatica.lamarea.com