De vaciar pantanos a chantajear al Estado: las eléctricas contra todos

La mafia organizada en torno al sector eléctrico español va con todo. Tras décadas de favores y regalos por parte del Estado han logrado una posición de poder que les permite desde vaciar embalses a su antojo para obtener mayores beneficios a amenazar con cerrar las centrales nucleares. Este último intento de chantaje se produce tras el anuncio del Gobierno de aprobar un Real Decreto Ley para rebajar el precio de la luz hasta un 22% hasta fin de año, obligando a las compañías eléctricas a devolver parte de los beneficios extraordinarios que obtienen. De momento, hoy mismo el precio de la electricidad vuelve a batir récord tras subir 20 euros de golpe, llegando a los 172,78 €/MWh de media. Quizás aquellos que dirigen estas empresas eléctricas no tienen muy en cuenta el artículo 128 de la Constitución española: "Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica".

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El señor Burns de Los Simpson tapó el sol de Springfield para vender más energía de su central. Las eléctricas españolas vacían embalses y chantajean al Gobierno con cerrar las nucleares para mantener sus beneficios.
De vaciar pantanos a chantajear al Estado: las eléctricas contra todos

Las empresas eléctricas han retado al Estado español ante el anuncio del Gobierno para abaratar la factura de la luz. El Foro Nuclear (patronal que aglutina Naturgy, EDP, Endesa e Iberdrola) ha amenazado con cerrar las centrales nucleares de las que son propietarias asegurando que el plan presentado tras el Consejo de Ministros las hace "inviables". En un comunicado aseguran que "el Real Decreto-ley aprobado en el Consejo de Ministros de hoy, aun siendo de aplicación temporal, ahonda aún más en la penalización a la generación eléctrica de origen nuclear". 

De este modo el oligopolio eléctrico amenaza al Gobierno con el "cierre desordenado" de las plantas nucleares, asegurando que "conducirían a su inviabilidad económico-financiera y le abocarían al cese anticipado de la actividad". Según ellos, este nuevo proyecto de Ley junto a la "excesiva presión fiscal actual" llevaría al "cese de la actividad de todo el parque nuclear". A su juicio, “las medidas dirigidas a intervenir los mercados van en contra de su eficiencia, la ortodoxia europea y crea un clima de inseguridad jurídica”.

Según Ignacio Araluce, presidente del Foro Nuclear, "desde hace unos años acabamos siempre en pérdidas. La tramitación de la ley de minoración del CO2 sería la puntilla".  La realidad:

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La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) también ha emitido un comunicado en el que manifiesta un “contundente rechazo a las medidas anunciadas en el Consejo de Ministros dirigidas contra las compañías eléctricas”. 

La caverna mediática ha salido rápidamente a defender los intereses de las eléctricas ante esta reducción por decreto de sus beneficios, asegurando que "Las eléctricas en España ganan muy poco":

De momento, hoy mismo el precio de la electricidad volverá a alcanzar su valor más alto jamás registrado tras subir 20 €, llegando a los 172,78 €/MWh de media.

Embalses vacíos para generar beneficios

Este verano hemos asistido a otra situación realmente increíble: el vaciado de embalses por parte de las empresas eléctricas para obtener mayores beneficios, a costa de un gravísimo riesgo para la ciudadanía. 

En Galicia por ejemplo, Iberdrola y Naturgy vaciaron cuatro embalses para generar electricidad barata y venderla al mismo precio que la más cara. La indignación social provocada por el vaciado de los embalses de Belesar, Salas, As Portas y Cenza fue considerable. Incluso el Presidente de la Xunta, Alberto Núñez-Feijóo, aparentó firmeza ante las eléctricas en un primer momento, asegurando que recibirían "las sanciones máximas" por esa negligente acción, afirmando incluso que "por mucho ruido que se haga no retiraremos el expediente".

Lo que no dijo es que unos meses antes había modificado la legislación en la materia para reducir en más de un 90% la cuantía de estas sanciones: de los 300.000 € que contemplaba la normativa anterior a los 25.000 que estipula la nueva ley impulsada por su Gobierno y que entró en vigor este mismo año. Así, las eléctricas no pagarán más de 50.000 € de multa por vaciar los embalses. Un claro ejemplo de cómo el poder político está al servicio del poder económico. 

Al pueblo lo que es del pueblo

Ante esta sangrante situación, son cada vez más las voces que abogan por que sea el propio Estado el que opere directamente las instalaciones de generación eléctrica.

El Boletín Oficial del Estado ( núm. 310 de 27 de diciembre de 2013) ya acoge una ley que tiene por objeto establecer la regulación del sector eléctrico para garantizar el suministro de energía eléctrica y adecuarlo a las necesidades de los consumidores en términos de seguridad, calidad, eficiencia, objetividad, transparencia y al mínimo coste. De este modo, la ley detalla claramente que es competencia de la Administración General del Estado establecer la regulación básica de las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica y determinar, en el ámbito de su competencia, las medidas necesarias para garantizar el suministro de energía eléctrica.

El Gobierno tiene poder para otorgar y revocar el régimen retributivo a las instalaciones y a los sujetos a los que les sea aplicable y regular la organización y funcionamiento del mercado de producción de energía eléctrica.

Según la ley, todos los consumidores tendrán derecho al acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica en el territorio nacional. El Gobierno podrá adoptar, para un plazo determinado, las medidas necesarias para garantizar el suministro de energía eléctrica, entre otras, riesgo cierto para la prestación del suministro de energía eléctrica, situaciones en las que se produzcan reducciones sustanciales de la disponibilidad de las instalaciones de producción, transporte o distribución o de los índices de calidad del suministro imputables a cualquiera de ellas.

Debido a esto, el Gobierno podrá tomar la operación directa de las instalaciones de generación, transporte y distribución; y la limitación, modificación temporal o suspensión de los derechos que se establecen en el artículo 26 para los productores de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable, cogeneración y residuos.

Fuente: nuevarevolucion.es // cadenaser.com // publico.es