Este lunes, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de la escalada del recibo de la luz ha dejado claro que no intervendrá los precios finales que paga el consumidor, no impondrá precios máximos ni mínimos, no modificará el sistema de subastas para fijar el precio mayorista ni su mecanismo de precios marginales y no discriminará regulatoriamente ningún tipo de energía porque eso supondría vulnerar las normas europeas, algo que ha propiciado un ha propiciado un nuevo choque entre el PSOE y sus socios de Unidas Podemos.

“Este Gobierno jamás va a impulsar la adopción de medidas que sepamos de antemano que son frontalmente contrarias al derecho comunitario. Es lo peor que se puede hacer. No hay nada más perjudicial para los ciudadanos y el tejido productivo de un país que adoptar medidas frontalmente contrarias al marco comunitario; eso acaba convirtiéndose en pérdida de confianza en el país y en multas y sanciones más intereses, a veces en ámbito comunitario, o como recientemente ha ocurrido con el canon hidráulico (modificado en la etapa de gobierno del PP por el ministro José Manuel Soria en 2012), con sentencias que nos obligan a devolver 1.400 millones a las hidroeléctricas”, ha advertido la vicepresidenta en alusión a la petición de Unidas Podemos de que se fijen precios máximos.

La vicepresidenta Teresa Ribera pide "empatía" a las eléctricas. Como vicepresidenta reparte los fondos europeos y ha privatizado su gestión. Está implicada en el 'caso Isofotón' como puerta giratoria y autorizó el impacto mediambiental de la estafa del Castor de Florentino Pérez pic.twitter.com/GIAR658GqE

— Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) August 31, 2021

La cifra de 1.400 millones, que prácticamente triplica las previsiones iniciales, es una estimación provisional, según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, y tiene su origen en una sentencia del pasado 15 de abril, cuando la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Supremo estimó en parte el recurso presentado por la patronal de la industria eléctrica Unesa contra el Real Decreto 198/2015, de 23 de marzo, por el que se desarrolla el artículo 112 bis del texto refundido de la Ley de Aguas y se reguló el «canon hidráulico» que el Ejecutivo de Mariano Rajoy, con José Manuel Soria como ministro de Industria, implantó para gravar el uso de aguas para la producción de energía eléctrica y atajar el llamado déficit de tarifa, la diferencia entre los ingresos y los costes regulados del sistema eléctrico.

Cuando trascendió la resolución de la sentencia se pensó que la devolución se limitaría a los pagos de los ejercicios 2013 y 2014 ejercicios, lo que supondría reintegrar a las eléctricas unos 500 millones de euros, sin embargo, la cifra a devolver es mucho más elevada y las empresas van a recuperar todo lo recaudado hasta ahora fundamentalmente a Iberdrola, Endesa, Naturgy y Acciona. A esos 1.400 millones, correspondientes al periodo 2013-2020, hay que sumar los correspondientes intereses generados en este período de tiempo y lo cobrado este 2021. Esos fondos no van a parar al sistema eléctrico, sino al Tesoro Público, que ahora deberá articular la correspondiente partida presupuestaria para devolvérselo a las empresas, explican fuentes del Ministerio.

Por otra parte, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica ha acusado a las empresas eléctricas que gestionan centrales hidroeléctricas de no mostrar «ninguna empatía social» y del desembalse masivo de los pantanos buscando precios mayores de la electricidad. Por ello, anunció una reforma legal para regular el desembalse de estas infraestructuras y ha puesto sobre la mesa que una empresa pública gestione las concesiones hidroeléctricas que caduquen.

Ribera ha señalado que la energía hidroeléctrica, pese a ser una de las más baratas, ha fijado el precio de la luz en el 65% de las horas junio, el 64% de las de julio y el 59% de las de agosto.

Según las propias confederaciones, la del Duero, en sus últimas cuentas señala que «presumiblemente se ha de devolver el importe de lo ingresado» en el periodo 2013-2020, que cifra en más de 485 millones. Por otra parte, la del Miño-Sil (CHMS) indica que podría llegar acordarse la devolución de los ingresos percibidos entre los años 2015 y 2020 en concepto de canon por la utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica. Por ello, nos encontramos ante un pasivo contingente equivalente a la cantidad ingresada en el Tesoro (362.069.793,05 €), y un activo contingente por idéntico importe», añade la entidad, que indica que «en el ejercicio 2021 los ingresos por este canon ascienden a 47.399.925,59 euros».

El pasado mes de mayo, algunas eléctricas ya han reclamado que se les devuelva parte del dinero. Endesa «ha solicitado la devolución las liquidaciones de los ejercicios 2013 y 2014, correspondientes al canon por la utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica, ascendiendo su importe a 3.355.839,79€», explica la Confederación del Guadiana en sus cuentas de 2020.

La ministra ha abogado por la creación de una comisión en el Congreso de los Diputados para estudiar las causas de las constantes subidas del precio de la luz, una propuesta que plantearon Más País-Equo, Compromís y Nueva Canarias con anterioridad.

Reacciones de IU y PP

Tal y como informa El País, Unidas Podemos lleva clamando semanas por la adopción de medidas más duras como la creación de una compañía eléctrica pública, la fijación de precios máximos o la imposición de un régimen distinto para las energías nuclear e hidroeléctrica. Su representante, el diputado Txema Guijarro, recordó a la ministra que el marco regulatorio europeo sí permite limitar el precio de la energía nuclear o crear una empresa pública de energía, pero aclaró que su formación no quiere “piratear” el sistema europeo “sino transformarlo”, y usar la legislación comunitaria para adoptar iniciativas que frenen el alza de la tarifa eléctrica.

Pablo Echenique ha sido más crítico y ha dicho que “lo que propone la vicepresidenta es lo mismo que hace unos días proponía el oligopolio eléctrico por lo que es difícil de creer que pueda servir para bajar la factura”. ”Nunca dicen bajar, dicen estabilizar. Por supuesto, se puede estabilizar en precios altos”, ha añadido.

Por su parte, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, aseguró que la culpa de la subida de la luz “no la tienen ni el PP, ni Putin, ni los embalses”, porque “la única responsable” es la ministra de Transición Ecológica, a la que acusó de aceptar crear una comisión en el Congreso de los Diputados sobre este problema “porque no sabe qué hacer o porque no quiere hacer nada”.

Según Egea, el problema de la luz es que las soluciones del Gobierno hasta ahora son “que planchemos a las dos de la madrugada, un estatuto del consumidor electrointensivo que llega con retraso de dos años, la minirrebaja del IVA o una subasta de renovables que ha tardado tres años en llegar”.