Una de las pruebas presentadas por la acusación (Satyani de Inversiones) fue un informe sobre el estado ruinoso de la casa. La defensa apuntó sin embargo que el peligro de derrumbe existe según Satyani de Inversiones para el domicilio de Dolores, pero no para el bar que está alquilado en la parte baja de la edificación por la misma empresa.
El representante de la inmobiliaria expuso ante el juez que el ingreso para abonar la actualización de la renta de los cinco años anteriores se hizo fuera de plazo y la sociedad se enteró varios meses después, cuando ya estaba presentada la demanda de desahucio. ¿El motivo? Pues que la transferencia la hizo una persona a la que no identifican como su arrendataria. En realidad, la efectuó su hija, "pero no consta que ese pago lo hicieran a favor de la arrendataria". Aclaró que abonar el dinero tras la interposición de la demanda de desahucio ya invalida tal acción.
Si la sentencia es favorable a la parte acusadora, el lanzamiento de la vecina de la calle Candelaria está previsto para el próximo 17 de enero, según reconoció Javier Rivero en la entrada del Palacio de Justicia.