Desde la crisis del 2008, muchos gobiernos se dedicaron a recortar servicios básicos como sanidad o educación para cuadrar sus cuentas. Sin embargo, nada se ha hecho para evitar el fraude fiscal de las grandes fortunas y empresas, que suponen el 70% del montante final, que en el caso de España se calcula en torno a 90.000 millones de euros. Una cifra estratosférica que sin duda serviría para financiar un estado de bienestar de lujo. 

El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha denunciado que en el estado español se defrauda el equivalente al 20% de su Producto Interior Bruto (PIB), una cifra vergonzosa que revela cómo la corrupción y la evasión de capitales al extranjero son el verdadero virus que está matando nuestra sociedad.