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ROY COBBY, DOCTORANDO EN HUMANIDADES DIGITALES EN EL KING’S COLLEGE LONDON

«La privatización y liberalización de mercados energéticos ha transformado monopolios públicos en oligopolios privados»

A lo largo de este mes de agosto la luz ha alcanzado siete veces su máximo histórico en España. Como medidas, para amortiguar con carácter inmediato el impacto en la factura del alza del pool, el Gobierno ha rebajado (solo para potencias contratadas hasta 10 Kw) hasta finales de año el IVA que grava el recibo eléctrico del 21 al 10 % y ha suspendido durante el tercer trimestre el impuesto a la generación eléctrica(7 %) que pagan las productoras, algo que parece no estar siendo fructífero de cara al consumidor. De este modo no ninguna otra vía que la de tratar de establecer nuevos horizontes de debate, a pesar de que el marco especulativo en el país aún se encuentre alejado de las proposiciones, propuestas y soluciones que se esbozan alrededor del mundo. Para hablar sobre esta situación en el sector energético, sobre la plausibilidad de la creación de una empresa energética pública y todo lo que acontece al respecto hemos hablado con Roy William Cobby, Doctorando en Humanidades Digitales en el King’s College London, Máster en Políticas Globales en la London School of Economics, Grado en Relaciones Internacionales en la Universidad de Bath.

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Roy William Cobby, Doctorando en Humanidades Digitales en el King’s College London, Máster en Políticas Globales en la London School of Economics, Grado en Relaciones Internacionales en la Universidad de Bath.
«La privatización y liberalización de mercados energéticos ha transformado monopolios públicos en oligopolios privados»

Por Ricard Jiménez - Contrainformacion

¿Qué refleja y qué explicaciones pueden darse a la histórica subida del precio de la luz en España?

Como han afirmado instituciones como el Banco de España y otros expertos, el encarecimiento de los precios de electricidad desde principios de este año se debe sobre todo al precio de los derechos de emisión y del gas. El Régimen de Comercio de Derechos de emisión en la Unión Europea intenta crear un mercado artificial mediante el cual las emisiones de carbono sean progresivamente más caras; el gas natural estaba en precios mínimos tras una pandemia que paralizó la economía global. La combinación de ambos factores, en conjunto con el desuso justificada del carbón como fuente de energía han encarecido el precio.

Esta explicación será satisfactoria solamente si ignoramos también al diseño del mercado. Recordemos que el sector de la energía está fuertemente regulado en todos los países del mundo y, en España, se basa en un sistema marginalista que asigna un precio y retribución única. Es el coste de generación más elevado el que marca el precio del resto.

Por eso, la mayor presencia y abaratamiento general de renovables no afecta al coste final, dado que el sistema energético en situaciones de demanda elevada necesitara recurrir a las centrales de ciclo combinado, con mayor coste marginal (mantenimiento y puesta en marcha) y de la materia prima (gas, en este caso), notándose en la factura final. De hecho, esto ha creado también unos beneficios excesivos o caídos del cielo para los grupos empresariales que gestionan energías más baratas (en su mantenimiento y en su puesta en marcha), cuya retribución era mayor al coste real de su generación y distribución. En conclusión, no olvidemos que la construcción de este particular «mercado libre» (con muchas regulaciones y multitud de participantes públicos) actualmente está generando estos desequilibrios.

¿Para revertir este mercado alcista es necesaria la creación de una empresa pública o qué otras medidas podrían tomarse?

La empresa pública tendría pocos efectos inmediatos respecto al precio; sería un proyecto al medio y largo plazo para promover la innovación, la transición energética y la inclusión social en el mercado de la energía. Para bajar el precio a nivel macro, se debe seguir empujando una reforma del mercado europeo de energía para que los precios finales reflejen el coste real de generación, y seguir promoviendo medidas de eficiencia energética que rebajen la presión en el lado de la demanda. Toda medida que se tome con respecto a aislamiento de edificios, transporte urbano, consumo en industria y agricultura… contribuirá enormemente a rebajar la demanda y, por tanto, el coste. A nivel micro, expandir las garantías para evitar la pobreza energética e ir más allá, quizá explorando los sistemas temporales de control de precios que algunos países de nuestro entorno tienen implementados desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

Por lo tanto, existe una agenda muy diversa y que debe explorarse como complemento a esta empresa pública de energía, que solo tendría efectos al medio y largo plazo.

¿Qué significaría la introducción de una empresa pública en el mercado eléctrico? ¿Es necesaria?

La necesidad está determinada por un factor fundamental: el cambio climático. La privatización y liberalización de mercados energéticos ha transformado monopolios públicos en oligopolios privados, que han prosperado más o menos en varios indicadores en la mayoría de países (reducción de costes, servicio al cliente). Lamentablemente, como recojo en mi artículo de Agenda Publica, incentivos de mercado perversos, el dominio de los accionistas y otros factores han reducido el presupuesto dirigido a innovación y desarrollo. Por no hablar de que los Estados han perdido palancas para condicionar el éxito empresarial de estos grupos al cumplimiento de objetivos como acabar con la pobreza energética o promover la transición verde en ciertos sectores.

En este sentido, la eléctrica pública haría una aportación al mercado, diversificando sus actores y apoyando aquellas iniciativas en las que, por su elevada incertidumbre, es complicado encontrar a la iniciativa privada. Si se concibe como una pieza más dentro de las herramientas para contribuir a la transición energética, entonces esta propuesta es absolutamente necesaria.

Pero ¿realmente es posible que una empresa pública en el sector de la energía compita con las grandes eléctricas?

Seguramente, el contexto ideal seria contar con una empresa pública con presencia consolidada en el mercado que pudiera centrarse en los objetivos descritos, y con independencia del gobierno de turno pero con capacidad suficiente para influir en el mercado. Lamentablemente, el inicio de este proyecto seria tomando las concesiones hidroeléctricas caducadas, que representan un pequeño porcentaje del mercado de generación eléctrica. En nuestro contexto, por tanto, hay que ver esta propuesta como una forma de pluralizar el sector y dirigir esfuerzos para coordinar inversiones siguiendo misiones a largo plazo, al estilo que Mazzucato y otros han sugerido como papel primordial para las agencias públicas. Así, no tenemos que ver la propuesta como antagonista al sector privado, sino como un complemento a lo existente que permita atajar fallos de mercado y externalidades que están frenando el cambio de modelo energético.

Sin embargo, en Barcelona se creó en 2018 una comercializadora – Barcelona Energía-, pero no está teniendo tan buenos resultados como se esperaba, ¿por qué?

No soy un experto en este ejemplo concreto, por lo que no puedo darte una respuesta detallada. Creo que el proyecto en todo caso debería ser a nivel nacional, no limitado a niveles locales o autonómicos. Aun así, sería importante que cualquier proyecto nuevo se fijase en los logros y los obstáculos legales, institucionales, económicos, etc. que este proyecto ha enfrentado para desarrollar uno a nivel nacional.

La empresa pública que bosqueja, entiendo, debería controlar toda la cadena de valor del sistema eléctrico, de lo contrario, sería una simple comercializadora que debería de comprar la electricidad en el mercado mayorista, que es donde están los altos precios, por lo tanto, estaríamos hablando de una gran inversión, ¿sería asumible por parte del Estado?

La inversión es totalmente asumible si tenemos en cuenta los bajos tipos de interés actuales. La mejor manera de que España devuelva su deuda es invertir para crecer más y más rápido y hay pocos sectores con mayor futuro que la energía. Pero es que, si consideramos que endeudarse más chocaría con las normas europeas, hay que tener en cuenta que en los próximos años el país recibirá inversiones a fondo perdido y también créditos que le permitirán invertir en proyectos de transición ecológica. Se deberían encajar los fondos europeos con proyectos de esta naturaleza, con un elevado retorno medioambiental, pero también empresarial, dado que la nueva agencia pública trataría de aportar al sistema de innovación energético para desarrollar nuevos servicios y productos que, con el tiempo, recuperen la inversión inicial.

¿Por qué en España el papel del Estado en la posible gestión de una empresa pública está tan denostado, ya que en otros países ya se lleva por estos cauces?

Es muy difícil de entenderlo, dado que hemos atravesado ya dos crisis donde el Estado ha rescatado, por ejemplo, el sector bancario; y, más recientemente, pagó la nómina de millones de trabajadores. La Seguridad Social y otros servicios gozan de gran popularidad, pero parece que existe aversión a considerar otro papel para el Estado: el de emprendedor o inversor en nuevas tecnologías y sectores productivos. Hay propuestas desde los años 80 que hablan de equiparar nuestros sistemas de innovación públicos a de Alemania o Corea, pero cuando se aplican carecen del apoyo institucional o económico necesario. Creo que, más allá de las ideologías, existe una ignorancia generalizada del conocimiento económico más reciente e incluso de otras experiencias ya antiguas, como el gran boom de los paises de Asia Oriental a finales del siglo pasado. Lamentablemente son los economistas que ignoran estas realidades los que más presencia tienen en nuestros medios de comunicación.

Los resultados de una empresa pública, ha escrito, no deben verse desde un prisma cortoplacista, ¿qué repercusión y relevancia podría tener una empresa pública de cara al futuro donde el cambio de modelo es una necesidad imperiosa?

Como en cualquier caso exitoso de política industrial, lo peor que podría hacerse es dictar los resultados esperados como si se tratase de la IPO de un Uber o un Deliveroo. Al contrario, fijando objetivos lo bastante abiertos (promover eficiencia energética, garantizar un servicio universal, etc.) se debería permitir a la empresa medios flexibles para alcanzarlos de manera rentable. Como en los fondos de inversión públicos de Singapur o Noruega, los gestores de la agencia pública deberían gozar de independencia y poder tomar decisiones sobre proyectos y personal. Al mismo tiempo, el Estado deberá tener mecanismos de supervisión que además permitan la participación ciudadana. Así, en lugar de contar con una bestia corporativa burocratizada, esta nueva energética podría responder de manera inteligente a las necesidades del sector. Como he dicho, no debería ser un antagonista sino un ente que busque dinamizar aquellas actividades donde las privadas no puedan llegar.

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