Según Gabriel Borràs, responsable del Área de Adaptación de la Oficina Catalana de Cambio Climático (OCCC), la crisis climática no es más que una crisis de crecimiento que sufren aquellos que están en la cola. «¿Cuánta gente muere de frío? ¿Cuánta gente muere de calor? Quien vive sola, quien tiene 80 años y no tiene forma de refrigerar la casa… ¡Esa gente!». Los desastres y los impactos asociados al cambio climático a menudo intensifican las desigualdades, vulnerabilidades, pobreza económica y relaciones desiguales de poder. En concreto, acciones de cuidados básicos para el mantenimiento de la vida como la crianza, la limpieza o la cocina siguen a día de hoy más asociadas a las mujeres. Por tanto, éstas se ven más gravemente afectadas por los cortes de suministro y el acceso insuficiente a los servicios básicos. Otro colectivo altamente afectado son las personas sin derechos de ciudadanía, puesto que muchas dependen del acceso a fuentes públicas para subsistir.

«El derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna», sentencia el artículo I.1 de la Resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y sigue, en una de sus observaciones: «Es el derecho a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico». Los Estados, pues, están obligados a garantizar recursos y tecnologías para propiciar un suministro de agua y saneamiento digno para todas las personas.

Sin embargo, este derecho hace tiempo que se encuentra bajo peligro. Los números son estremecedores: a nivel global, cerca de 2.100 millones de personas carecen de acceso a servicios de agua potable gestionados de forma segura y aproximadamente 2.300 millones de personas todavía carecen de acceso al saneamiento.

En concreto, en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), el acceso al agua no es tan evidente como podría parecer. Sólo en el período comprendido entre 2011 y 2016, el precio del suministro del agua había aumentado cerca del 40%. De hecho, en 2016, alrededor de unos 116.000 hogares (8,9% del total) se podían identificar como «hidrovulnerables» y entre 2008 y 2015 se cortó el agua a 75.000 familias. Las políticas urbanísticas y agrícolas, que se supone deben hacer frente a esta crisis, sólo incrementan su demanda. Manolo Tomàs, portavoz de la Plataforma en Defensa del Ebro, constata que políticas como el trasvase del Ebro «son nefastas, no sólo ambientalmente sino sociológicamente, puesto que crean un desequilibrio territorial muy elevado y una mercantilización del agua del río».

Por otra parte, la disposición de redes de saneamiento unitarias en el AMB, aunque más económicas, suponen que el alcantarillado mezcla el agua residual con la pluvial en el medio receptor. En caso de fuerte lluvia al mezclarse las aguas, el sistema colapsa y aumenta la presencia de residuos, especialmente en los tramos bajos del Llobregat y las aguas costeras. El consecuente deterioro de la calidad del agua de las playas ha derivado en la desaparición de especies como la posidonia, que tiene un grave efecto en los ecosistemas, y además está poniendo en riesgo la salud de los bañistas. Un dato poco conocido es que en el año 2019 las analíticas microbiológicas tomadas por la Agencia Catalana del Agua (ACA) en la Playa del Cristal (Badalona) mostraron una insuficiente calidad del agua debido a los altos niveles de bacterias fecales. Sin embargo, todas las playas de Badalona tuvieron bandera azul y la calidad del agua fue informada como «buena».

Todas estas circunstancias quedan reflejadas en el estudio La garantía del derecho humano al agua y al saneamiento ante la emergencia climática en el Área Metropolitana de Barcelona, realizado por Beatriz Felipe, Pol Mascaró e Isabel Vilaseca, miembros de Ingeniería Sin Fronteras, Ecologistas en Acción y Agua es Vida. Su estudio, presentado esta semana en la Lleialtat Santsenca, es innovador porque pone de manifiesto cómo los efectos de la crisis climática y socioambiental afectan directamente al acceso al agua en la AMB. Su mensaje: la defensa del agua debe integrarse como parte fundamental en la gestión de la crisis climática.

El Mediterráneo, una de las zonas más afectadas

A nivel global, las temperaturas medias tanto en la tierra como en el mar son 1,5 °C más elevadas que en épocas preindustriales y se prevé que aumenten entre 3,8 y 6,5 °C adicionales hasta el año 2100 en un escenario de alta concentración de gases de efecto invernadero (GEI), o entre 0,5 y 2,0 °C si se cumplen los objetivos establecidos en el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático.

En el estudio se destaca cómo la emergencia climática también se manifiesta de forma desgarradora en la AMB. Según Gabriel Borràs, los efectos más claros se verán en el aumento de las temperaturas, alteraciones en los patrones de las precipitaciones medias anuales, aumento de episodios climáticos extremos, la disminución del agua disponible, el incremento de incendios, el ascenso del nivel del mar y el aumento de las oleadas de calor. Los resultados muestran cómo estas circunstancias comportarán la reducción de los caudales de los ríos, la disminución de la calidad de los acuíferos, y afectaciones al sistema de saneamiento. Teniendo en cuenta que en la cuenca mediterránea las temperaturas están cambiando más rápidamente que en otras regiones del mundo, esta zona sufrirá graves vulneraciones en el derecho humano en el agua y el saneamiento (DHAS). Anna Pérez, ambientóloga entrevistada para el estudio, manifiesta que «lo más importante es el calor. Suben las temperaturas a nivel global pero, en el Mediterráneo, suben más. Tendremos más oleadas de calor, con impactos en la salud, en la disponibilidad de agua, etc.».

El papel de Agbar

Sin embargo, hay que tener presente que las vulneraciones en el derecho al agua en la AMB no son un contexto nuevo. La emergencia climática es tan sólo un acelerador de viejos problemas ligados al modelo de crecimiento y mercantilización del agua. Según el estudio, «actualmente en 23 de los 36 municipios del AMB, el suministro de agua en los hogares es gestionado por Aigües de Barcelona (Agbar), empresa mixta participada en un 15% por capital público y en un 85% por capital privado». Varios estudios de movimientos y entidades en defensa de la gestión pública del agua han demostrado que los operadores privados no garantizan mejor eficiencia y calidad en la prestación del servicio, ni en el mantenimiento de las infraestructuras, ni en la reducción de fugas. De hecho, «se constata que el coste del servicio de los municipios que han optado por la gestión indirecta es en general superior al de los municipios que han optado por la gestión directa». Una muestra evidente es que el 44% de la tarifa del agua en el AMB representa los costes asociados estrictamente a la gestión del servicio, mientras que el 56% restante incluye una serie de costes que podrían ahorrarse si la gestión fuera pública, tales como el beneficio empresarial, la publicidad o los costes de acceder al conocimiento de Agbar.

Así pues, las autoras plantean que para hacer frente a este modelo es necesario recuperar el control y la toma de decisiones estratégicas del agua, es decir, avanzar hacia un modelo público-comunitario del agua. Dentro del contexto catalán, en el que buena parte de la gestión del agua reside en manos de la multinacional Agbar, la reapropiación ciudadana de la gestión de los bienes hídricos se plantea como una revolución a gran escala que pone en cuestión un modelo de privatización que afecta gravemente al bienestar de las personas.

¿Agua para qué y para quién?

Tal y como se reclama en el estudio, el cambio de modelo no puede basarse en un sistema de seguridad hídrica que repita estructuras que busquen cubrir la demanda en base al beneficio económico. Pero el enfoque institucional actual, alineado con el paradigma del desarrollo sostenible, se centra en promover soluciones tecnológicas y cambios conductuales en los patrones de consumo de las personas, y utiliza la escasez para justificar políticas urbanísticas y de desarrollo expansivas que, a su vez, han implicado un aumento de la demanda. En esta línea, Míriam Planas y Dante Maschio, miembros de Agua es Vida e Ingeniería sin Fronteras, denuncian que «es un contrasentido querer afrontar los retos de la emergencia climática desde el sector privado y la lógica del mercado». Según las activistas, «el sector privado nunca pondrá en el centro de sus actuaciones el sostenimiento de la vida, sino que su objetivo será la optimización de los beneficios, por lo que no se adoptarán soluciones radicales frente a la emergencia climática, sino aquellas que resulten rentables».

Por el contrario, el estudio apunta hacia una lucha sustentada en un cambio de modelo valiente, que tienda hacia la soberanía hídrica, que entienda el agua como un bien común adaptado al ecosistema y priorice sus usos para la vida. Destacan que es importante no desviar el foco de atención poniendo como excusa una falsa escasez de fuentes de agua o los impactos del cambio climático, que sólo potencian el destrozo. Hay que señalar al modelo depredador de crecimiento que privatiza los recursos del territorio, también en la AMB, y los distribuye inequitativamente. Así, un mínimo vital que garantice el acceso al agua parece una utopía imposible de hacer real, pero las autoras reivindican su factibilidad.

La buena noticia es que existe una sólida conciencia ciudadana sobre la importancia de la gestión pública del agua, con más de un 80% de la población abogando por este modelo. Además, ya se están aplicando algunas herramientas innovadoras que representan un paso importante en esta línea como son los observatorios ciudadanos del agua, entre los que destaca el Observatorio del Agua de Terrassa (OAT). También es de especial relevancia que procesos de remunicipalización del agua se hayan instaurado en grandes capitales mundiales, entre ellas París y Berlín. Aquí tenemos ejemplos cercanos, como es el caso de Terrassa o Les Fonts, entre los 22 municipios catalanes que han triunfado en esta lucha.

Desde Aigua es Vida, Ecologistas en Acción y ISF defienden sistemas no sólo públicos, sino también comunitarios, que permitan la gestión a nivel de barrios o comunidades. «Ante una situación de emergencia climática en la que el agua será fundamental, que la ciudadanía no pueda tener un control sobre este bien natural esencial para vivir, es peligroso. (…) Las comunidades son esenciales en la gestión de un bien tan esencial para la vida», declara Quim Pérez, de Ecologistas en Acción y Agua es Vida.

Una perspectiva de justicia global

El estudio no pierde su interseccionalidad al concluir con una reflexión en la que la crisis climática y la privatización del agua tienen consecuencias más allá del AMB. Agbar y sus filiales tienen el monopolio del agua en países como Chile, Colombia o México y, en este sentido, el estudio recuerda cómo la lucha contra el cambio climático es, sobre todo, una cuestión de justicia global. La reapropiación de la gestión del agua a nivel comunitario debe ser una lucha con efectos a nivel mundial. El informe concluye que «hay que fortalecer las capacidades de los pueblos y sociedades más vulnerabilizadas y con menos recursos a través de los esfuerzos que debemos hacer las sociedades occidentales, que somos las que más hemos contribuido históricamente a la crisis climática».

Artículo de Martina Madaula Munt (técnica de Justicia Climática en Enginyeria sense Fronteres) - climatica.lamarea.com