En muchos países de la Unión Europea, el acceso a la vivienda se está convirtiendo en un gran problema, que en algunas regiones ha llegado a alcanzar incluso el nivel de crisis. Según un informe sobre la exclusión de viviendas en Europa elaborado por la Federación Europea de Organizaciones Nacionales que trabajan con Personas sin Hogar (FEANTSA), en el continente europeo hay una "evidencia alarmante de la creciente falta de vivienda". Ciudades como Londres, París, Bruselas, Dublín, Viena, Atenas, Varsovia y Barcelona tienen un sistema de viviendas que está particularmente bajo presión y en la mayoría de los países la escasez de hogares está aumentando de manera generalizada excepto en el caso de Finlandia.

• El caso de Finlandia

Desde el año 2008 Finlandia empezó a desarrollar una estrategia para intentar reducir el número de personas sin hogar, basándose en el modelo de “Housing First” (Vivienda Primero). La idea nació en Nueva York, de la mano del psicólogo Sam Tsemberis y se basa en el principio de que las personas no tienen que ganarse su derecho a la vivienda antes de poder adquirir una, sino que primero se les proporciona un hogar estable y después se les ofrece un apoyo individualizado para que puedan mantenerlo. Este proyecto es el resultado de la colaboración entre el estado, los municipios y las ONG, que han decidido realizar inversiones para proporcionar hogares asequibles a todo el mundo. Con las dotaciones económicas que se guardaron para el proyecto se pudieron eliminar los refugios nocturnos y los hostales de corto plazo, que según sus propulsores “no ayudaban a que la gente saliera de su situación de calle”. Como en otros países, Finlandia había abordado anteriormente el problema con un modelo de escalera: las personas pasaban de unos centros a otros de mayor nivel dependiendo de su situación y el acceso a una vivienda propia era lo último que conseguían. Pero el resultado no había sido nada exitoso.

El nuevo modelo de “Housing First” ha hecho que los organismos implicados hayan construido o comprado viviendas que después se les ofrecen a las personas sin techo. Estos pasan a ser inquilinos como tal y a pagar una renta que dependerá de sus ingresos. Aquellos que no disponen de dinero pueden solicitar una ayuda o contribuir al costo de los servicios realizando algún trabajo de mantenimiento. Del resto de los gastos se ocupan los municipios y las asociaciones. Estas también tienen un papel muy importante a la hora de proporcionarles una vida estable y ayudarles a solucionar los problemas que tengan.

Por el momento el caso de Finlandia es único en Europa, ya que es el primer país que ha adoptado un modelo de alojamiento con estas características y ha obtenido unos resultados bastante buenos. Según un informe elaborado por su comité local de personas sin hogar, el modelo de “Vivienda Primero” está dando buenos resultados. Desde 2008 hasta 2014 la cantidad de personas sin hogar a largo plazo disminuyó notablemente y también continúa disminuyendo la falta de viviendas.

• Situación en otros países

En otros países la situación es bastante diferente, sobre todo porque no se dan las mismas condiciones de oferta y demanda que hay en Finlandia. Según el informe de FEANTSA, en Gran Bretaña, por ejemplo, se necesitan muchas más viviendas de las que se ofrecen y la falta de hogares para los jóvenes en Copenhague ha aumentado un 75% desde 2009. En Varsovia se ha experimentado un incremento del 37% en el número de personas que duermen en la calle o en refugios y en Atenas se calcula que una de cada 70 personas no tiene hogar. Los lugares en los que se está viendo que la situación de la vivienda ha empeorado mucho en los últimos años son Reino Unido, que cuenta con "un mercado de viviendas fracturado fuera del alcance de las personas pobres y de clase media" y los Países Bajos. En Alemania, por ejemplo, el 16% de las personas gastan más de un 40% de sus ingresos en la vivienda, algo que se conoce como sobrecarga de costos de la vivienda y que en el resto de Europa esa media ronda el 48%. En España el 70% de los jóvenes que quiere comprar una casa necesita pedir ayuda económica para hacer frente al pago de la entrada del piso y solo el 36% tiene una casa en alquiler. Aunque en el Estado español también hay una especie de modelo como el “Housing First”, lo cierto es que no está tan extendido y por supuesto no está dando tan buenos resultado como en Finlandia.

En Varsovia se ha es experimentado un incremento del 37% en el número de personas que duermen en la calle (JOSÉ MANUEL DE LAÁ)

Del informe también se extrae que las personas que viven por debajo del umbral de la pobreza están "cada vez más marginadas por un mercado de alquiler privado que por una falta sistémica de viviendas asequibles". Y es que en la mayoría de los países el problema viene marcado por un sector privado que intenta lucrarse sin tener en cuenta las consecuencias. No solo las personas con pocos recursos tienen dificultades a la hora de encontrar un hogar en el que vivir, sino que aquellas que tienen unos ingresos regulares encuentran muchas complicaciones para poder tener una casa, ya bien sea en propiedad o alquilada. La crisis que dejamos atrás hace algunos años sirvió, entre otras cosas, para que la burbuja inmobiliaria explotara y aunque muchas de las consecuencias que trajo no fueron buenas debido a la cantidad de puestos de trabajo que se perdieron en el sector inmobiliario, lo cierto es que sirvió para que el mercado de la vivienda se regulara un poco y los precios fueran más asequibles para todo el mundo. Aún así, la tendencia en los últimos meses está volviendo a indicar que nos estamos metiendo de nuevo en el pozo inmobiliario. En el primer trimestre del año los precios de la vivienda subieron en España. El de la nueva lo hizo un 10,4% y el de la antigua un 6,4%, lo que supone el primer paso para que se vuelva a producir una nueva burbuja inmobiliaria. Primero suben los precios, luego no se puede comprar, los promotores no consiguen vender, los créditos se pagan con dificultad o quedan sin pagar y aparece toda la problemática derivada, como familias que se arruinan o despidos masivos dentro del sector.

• En busca de soluciones

Es cierto que la mayoría de las medidas a adoptar para evitar que la burbuja inmobiliaria estalle de nuevo de manera incontrolada son complicadas y costosas. El Consejo General de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria ha elaborado una serie de propuestas para intentar evitar otra situación de riesgo en el sector de la vivienda, entre las que destacan ofrecer mayor información a los consumidores y mayor transparencia financiera. Que las tasaciones hipotecarias se hagan por parte de una empresa independiente que nada tenga que ver con los bancos y que se creen procedimientos de regulación de todos los operadores implicados en el sector (constructores, mediadores, entidades financieras, administradores...). Pero sobre todo se destaca la importancia que tienen que dar desde las administraciones a la función social de la vivienda, es decir, que cada partido político debería definir su implicación en el sector y sobre todo apoyar las políticas de alquiler o vivienda pública. Uno de los mayores inconvenientes que plantean los gobiernos de los países a la hora de buscar soluciones, es la escasez de fondos. Pero lo cierto es que invertir para acabar con la falta de viviendas sí que es algo rentable y ético y para llevar a cabo políticas de vivienda exitosas hace falta más voluntad política que económica. En Finlandia se ha demostrado que invertir en estas políticas de prevención y acogimiento es algo muy costoso, pero que a la larga permite un ahorro mayor. Juice Kaakinen, el director de Y-Foundation, (una de las empresas que proporciona viviendas a “Housing First”), asegura que gastar dinero en este modelo es una buena inversión.

“El ahorro en términos de los servicios que necesita una persona puede ser de hasta 9.600 euros al año en comparación con los costos que resultaría de esa persona sin hogar”, Juice Kaakinen, director de Y-Foundation.

Además, las cifras hablan por si solas. El programa supuso un gasto inicial de unos 250 millones de euros, pero según un estudio reciente se han reducido los gastos en emergencias médicas, servicios sociales y del sistema judicial, lo que ha supuesto un ahorro de 15.000 euros anuales por cada persona que ha entrado a formar parte del plan de vivienda.

Desde FEANTSA aseguran también que en los países europeos hay herramientas necesarias para enfrentarse a la problemática de la falta de hogares. Así existen la Agenda Urbana para la UE o el pilar europeo de los "derechos sociales" que actúan para proteger el derecho a la vivienda, aunque parece que no son suficientes. Un caso claro es el de España, donde según datos del Ministerio de Fomento, en 2018 se entregaron 5.167 Viviendas de Protección Oficial (VPO) y de ellas solo 615 fueron impulsadas por las administraciones públicas, el resto pertenecían a entidades privadas. El presupuesto del año pasado para vivienda pública fue de 360 millones de euros y en su gran mayoría fue destinado a la captación de viviendas vacías del mercado privado y no a la construcción de viviendas nuevas. Esa cantidad de dinero es muy elevada si la comparamos con los 250 millones que costó poner en marcha el programa de “Housing First” en Finlandia. Por lo que tal vez, en el Estado español habría que enfocar más el presupuesto hacia modelos alternativos que facilitaran, por ejemplo, el acceso a la vivienda a los jóvenes y no tanto el gastar un pastizal en comprar las casas que los bancos han embargado para luego venderlas como modelos de VPO.