España, ante el tribunal de la Haya por responsabilidades en la guerra de Yemen

“La peor crisis humanitaria de nuestro tiempo”, en palabras de la propia ONU, puede derivar en responsabilidades penales y criminales para España y otros países implicados. Esto es gracias a la demanda interpuesta en el Tribunal Penal Internacional de La Haya por seis organizaciones de derechos humanos contra los gobiernos y empresas que han vendido o autorizado transferencias de armamento a Arabia Saudí a sabiendas que iba a ser utilizado para la guerra en Yemen. 

España, ante el tribunal de la Haya por responsabilidades en la guerra de Yemen

Desde 2015 Yemen vive una pesadilla, debido a una mezcla de guerra civil y una invasión saudí junto a otros países árabes. Según datos de la ONU, son unas 8.000 víctimas las que ha dejado el conflicto y cerca de 20.000 heridos, pero otras fuentes hablan de hasta 60.000 muertos. Unas cifras atroces que convierten la guerra en Yemen en la peor crisis humanitaria de nuestro tiempo. Y hay muchos implicados en que así sea. Entre ellos España, que ha exportado más de 1.000 millones de euros en armamento, entre aviones de guerra, explosivos, munición, bombas y artillería a Arabia Saudí desde que empezó el conflicto.

Si me piden dónde tengo que estar hoy y aquí es en la defensa de los intereses de España y el trabajo de sectores estratégicos - Pedro Sánchez al respecto de la venta de armas a Arabia Saudí

Ahora, diversas organizaciones a favor de los derechos humanos han interpuesto ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya una demanda de más de 800 páginas contra las empresas, los funcionarios y los cargos públicos europeos que autorizaron la venta de armamento o de material utilizado por Arabia Saudí en la guerra en Yemen, mostrando con sumo detalle qué armas, aviones o material militar se utilizó para bombardear posiciones civiles como colegios, hospitales y edificios con valor histórico. Entre las empresas citadas se encuentra la española Airbus Defensa y Espacio del Airbus Goup.

Los responsables de esta demanda son el Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR), Mwatana for Human Rights, el Centro Delàs de Estudios por la Paz, Amnistía Internacional, la Campaña en contra del Comercio de Armas y Rete Disarmo han pedido a la Oficina del Fiscal de la CPI que investigue la responsabilidad legal de actores empresariales y políticos de Alemania, Francia, Italia, España y el Reino Unido. 

Tal y como explica Jordi Calvo (Centre Delàs d’Estudis Per la Pau) en declaraciones a El Salto, tanto los cazas Eurofighters (fabricados en parte en la fábrica de Airbus en Illescas, Toledo) como los aviones cisterna A-330, utilizados para el reabastecimiento en vuelo (fabricados en Getafe) han sido utilizados por Arabia Saudí en la guerra de Yemen. Según documenta la demanda presentada y confirma Calvo, los aviones A-330 han recibido mantenimiento en Barajas, así como repuestos por parte de Iberia Mantenimiento en todos estos años de conflicto y denuncias de violaciones de los derechos humanos. La demanda interpuesta es tan concreta que precisa por ejemplo que la empresa española ITP Aero (presidida por el exministro Josep Piqué) produce buena parte de los motores EJ200 de los Eurofighter utilizados. 

Para Jordi Calvo, la responsabilidad de las empresas y el Gobierno español es clara, al haber permitido que estos aviones fueran transferidos a partir de 2015, “cuando todo el mundo estaba al corriente de las violaciones de derechos humanos” en el contexto del conflicto armado en la península arábiga.

Una nueva vía

Es la primera vez que que se presenta ante la CPI una demanda en la que se acusa tanto a los gobiernos como a las empresas implicadas, lo que supone según los impulsores una "nueva vía" para lograr que se tomen medidas ante los crímenes de guerra

Para Jordi Calvo, la importancia de esta demanda es que pueda servir de “precedente” para que las nuevas ventas o transferencias de operaciones acordadas en años anteriores “sean miradas con mucha más atención por la posibilidad que se derive de esto una responsabilidad criminal”.

Es hora de que la posible responsabilidad penal de los directivos de las empresas armamentísticas que contribuyen a la comisión de crímenes de guerra se investigue  - Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos

Fuentes: El Salto // Público// Diario.es

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