El sistema tributario español es ilegal

La Agencia Tributaria ha hecho públicos esta semana una serie de datos que confirman lo que ya sabíamos: el reparto de la carga fiscal en España es injusto, y por lo tanto ilegal. Así de primeras, esta afirmación puede parecer un poco exagerada, así que procederemos a argumentarla. Para empezar (y casi acabar porque es bastante contundente), un pequeño párrafo escrito en un libro llamado Constitución española de 1978, mas en concreto el artículo 31.1:

“Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”.

Pues bien, si tenemos en cuenta que la Constitución es la base legal del Estado español, y los datos nos demuestran que el reparto de la carga fiscal no se realiza mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad, podemos decir sin temor a equívoco que dicho reparto de la carga fiscal es ILEGAL. Vamos a aportar algunos datos que la propia Agencia Tributaria ha hecho públicos esta semana y que corroboran tan osada afirmación:

• Las grandes constructoras, con una facturación mundial de más de 1.000 millones, pagaron al fisco español el 1,16% de su beneficios en 2016.
• Los grandes grupos bancarios abonaron el 2,94% de sus ganancias globales en el mismo año.
• Las grandes empresas (los grupos consolidados) pagan de media un 5,99% sobre sus beneficios, frente a las pequeñas y medianas empresas que pagan un 16,93%
• Los grandes grupos concentran el 51% de la facturación y el 59% del beneficio, pero solo aportan el 34% de la cuota líquida.
• A cuatro de los mayores bancos les salen “a devolver” las declaraciones del impuesto de sociedades, mientras que la mayoría de asalariados trabaja entre un tercio y casi la mitad de sus horas laborables para el fisco.

Lo que de verdad pagan las empresas en España.   Podríamos seguir aportando datos que demuestren que cuanto mas grande eres, menos impuestos pagas, cuando debería ser exactamente al revés. Los defensores de este tipo de fiscalidad aseguran que hay que otorgar facilidades a las grandes empresas porque crean empleo, que las empresas internacionales ya pagan otros impuestos en el país donde desarrollan actividad, que las multinacionales se irían si las presionamos... sin embargo, estos razonamientos deberían formar parte de un debate público en el que se decida si reformamos la Constitución para otorgar facilidades al gran capital o cumplimos con lo que dice, y nunca deben ser una excusa para saltarse la ley, que es lo que sucede a día de hoy. Y no entramos ya en el tema de los autónomos, donde esta carga tributaria injusta se hace mas evidente. Un autónomo paga lo mismo de cuota mensual gane 80€ u 80.000€, lo que es evidentemente contrario al artículo 31 de la Constitución. Además, si sumamos impuestos directos e indirectos a los que hacen frente estos héroes, y comparamos con los impuestos totales que pagan las grandes corporaciones... mejor no hacerlo. Resulta evidente con asomar la cabeza a la situación de la fiscalidad en España que la mayor carga tributaria recae sobre los trabajadores, mientras que el capital (grandes empresas, banca, constructoras...) es tratado con especial ternura y flexibilidad. ¿El resultado? una sociedad con mayores desigualdades, donde las clases dominantes cada vez acumulan mayores beneficios mientras los que generan con su trabajo dichos beneficios tienen cada vez mas problemas para llegar a fin de mes. Datos: las rentas empresariales crecieron en 2017 casi el doble que las rentas del trabajo, según la propia Agencia Tributaria. Desde 2014 (desde el inicio de la "recuperación económica"), los beneficios de las empresas crecieron en España 16 veces más que los salarios. Esta situación de desigualdad supone una bomba de relojería para la democracia, puesto que es caldo de cultivo para populismos y extremismos autoritarios, como estamos viendo ya. La situación parece difícilmente reversible; sin embargo resultaría tan fácil como hacer cumplir la ley ya escrita, en este caso el artículo 31 de ese viejo libro de 1978.