13 estudiantes se enfrentan a 111 años de cárcel por protestar contra la subida de tasas universitarias

La Fiscalía acusa a 13 estudiantes de delitos de desórdenes públicos y daños por las protestas de marzo de 2017 en el centro de Barcelona para reclamar la bajada del 30% de las tasas universitarias y en defensa de la universidad pública. El escrito de acusación denuncia a los jóvenes por  "actuar todos de común acuerdo" y "con evidente intención" de "causar daños" en el mobiliario público y urbano, y "poner en riesgo el desarrollo cotidiano de la vida ciudadana". SEPC y Alerta Solidaria alertan de que se trata de un caso de persecución política y rastreo de la actividad militante de los jóvenes.

Cabecera de la manifestación estudiantil. Foto: ILP Universidades
Cabecera de la manifestación estudiantil. Foto: ILP Universidades
13 estudiantes se enfrentan a 111 años de cárcel por protestar contra la subida de tasas universitarias

La Fiscal María Pilar López Fondón pide 111 años de cárcel y 130.000 euros de multa para 13 estudiantes universitarios por participar en la huelga estudiantil del 2 de marzo de 2017 en el centro de Barcelona. Dicha manifestación fue convocada para pedir la rebaja del 30% de las tasas universitarias y la equiparación de precios de máster y grado, así como defender la universidad pública en su conjunto. Se les imputan los delitos de desórdenes públicos y daños incluyendo todos los cargos "dentro de un mismo grupo que supuestamente cometió los actos de los que se les acusa", según reza un comunicado de la organización antirrepresiva Alerta Solidaria.

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Según estas organizaciones, se trata de unas penas "totalmente desproporcionadas" y que hay una voluntad de "rastrear la actividad militante de las acusadas", todos ellos parte del Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes (SEPC). En el comunicado, afirman que el informe policial y la instrucción evidencian "la existencia de seguimientos previos" y que se trata de una nueva expresión del "contexto de persecución política e ideológica".

En declaraciones a NacióDigital, Eduardo Cáliz, abogado de los estudiantes y miembro del colectivo Alerta Solidaria, sostiene que el caso se fundamenta sobre unos atestados de los Mossos "con un fuerte componente político" y basados ​​en seguimientos a miembros del movimiento estudiantil y "elucubraciones sin lugar rigor". Destaca que el escrito de la Fiscalía es "absolutamente desproporcionado". "No tiene ningún sentido pedir penas de más de ocho años de cárcel por unas manifestaciones que se desarrollaron con normalidad más allá de algún incidente puntual", afirma. A su juicio, el objetivo del ministerio público es "atemorizar a la población" a la hora de ejercer sus derechos de reunión y manifestación.

El SEPC y Alerta Solidaria piden la absolución de los acusados, ya que consideran que no hay "pruebas concluyentes" para verificar que fueran autores de los delitos de los que se les acusa: "Es evidente que, dando un vistazo a la penosa instrucción, se trata de un caso de persecución la actividad militante, con la única voluntad de desmovilizar, pidiendo unas penas totalmente desorbitadas ".

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Fuentes: Alerta Solidaria/SEPC - NacióDigital - Público

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