La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, retiró el pasado viernes su condición de diputado a Alberto Rodríguez tras recibir un oficio del Tribunal Supremo en el que su presidente, Manuel Marchena, advertía de que la inhabilitación era "obligada". El terremoto político y social desencadenado en ese momento es de al menos una magnitud 8 en la escala Marca España. Y no es para menos. La sucia guerra judicial del stablishment español contra Alberto Rodríguez ha supuesto un grave ataque a la democracia y una prueba más de que la cacareada normalidad democrática está muy lejos de ser real en el Estado español.
El miembro de Jueces y Juezas para la Democracia, Joaquim Bosch, explicó en un hilo de Twitter "las implicaciones jurídicas de un caso que presenta cierta complejidad":
1.- La retirada de su escaño al diputado Alberto Rodríguez ha generado una enorme controversia. Más allá de las pasiones políticas, voy a intentar explicar las implicaciones jurídicas de un caso que presenta cierta complejidad (hilo).
— Joaquim Bosch (@JoaquimBoschGra) October 23, 2021
Según la periodista Ana Pardo de Vera, "lo que ha ocurrido con Alberto Rodríguez abre una crisis institucional en toda regla, donde la derechización del poder judicial ha vuelto a ganar por incomparecencia, sobre todo, del PSOE". Incluso el diario El País, abiertamente hostil a Podemos y defensor habitual del régimen, reconoce en un valiente editorial titulado "Alberto Rodríguez: castigo político" las barbaridades que representa esta condena.