Imprimir

Victoria popular en Ecuador (parte II)

Eulixe | 07 de noviembre de 2019

Ecuador ha entrado en ebullición este octubre. Una movilización popular sin precedentes acontecida durante los primeros días del mes ha puesto en jaque al Gobierno de Lenín Moreno. Las protestas, duramente reprimidas por parte del ejecutivo (11 muertos y más de 1000 heridos), han conseguido detener en parte las aspiraciones de Moreno de implementar un programa de reestructuración financiera de carácter neoliberal diseñado por el FMI. Os explicamos cómo se han desarrollado las protestas y la situación actual. 

El desarrollo y balance de las protestas

La dureza de las imágenes y de las crónicas sobre la represión llevada a cabo por el ejecutivo de Lenín Moreno han recorrido el mundo. En palabras de Aram Aharonian, Eloy Osvaldo Proaño, Edgar Isch, Juan Guahán y Álvaro Verzi Rangel del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico [CLAE de aquí en adelante]: 

El 3 de octubre Moreno decretó el Estado de Excepción. Decidió cambiar la sede gubernamental de Quito a la portuaria Guayaquil. Los indígenas se sumaron a la protesta y marcharon sobre Quito. El miércoles 9 de octubre se inició un Paro Nacional por tiempo indeterminado. Ese día, las protestas fueron masivas. Los sectores urbanos, encabezados por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), tuvieron fuertes choques. Los indígenas, no obstante, practicando su “movilización pacífica activa” quisieron –sin lograr su objetivo- ocupar la Casa de Gobierno, pero sí llegaron a controlar el Palacio Legislativo. Apawki Castro, una de las máximas figuras de la CONAIE [Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador], hizo saber que “se habían declarado en resistencia” y que seguirían luchando contra el ajuste, las mafias y el extractivismo. La derecha también intentó hacer lo suyo apoyando las medidas impuestas por el FMI, que se expresó en Guayaquil y con debilidad en Quito y Cuenca. 

Haciendo referencia a la dura respuesta por parte del Gobierno, los miembros del CLAE anteriormente citados afirman lo siguiente:

El gobierno y sus socios del Partido Social Cristiano subestimaron el poder organizativo y el nivel de conciencia de los pueblos indígenas al tratar de profundizar el plan neoliberal, respondiendo con un nivel represivo brutal. Estado de excepción, toque de queda, ciudadanos apaleados, gaseados, heridos y muertos, orden de prisión a opositores y censura de prensa fueron algunas de las armas usadas para procurar “estabilizar” al país. Tras más de diez días de estallido social, quedó el saldo de varios muertos, medio millar de heridos, un centenar de desaparecidos, centenares de ciudadanos detenidos, seis decenas de periodistas agredidos por la policía, trece de ellos encarcelados, nueve medios de comunicación intervenidos, una treintena de políticos apresados, y la detención de 14 migrantes venezolanos que no participaban en las marchas. El gobierno ha ocultado las numerosas violaciones de derechos humanos, los muertos y heridos producto de la represión, así como actitudes de policías y militares que procuran no reprimir e incluso llegaron a acuerdos con grupos de manifestantes en una posible desobediencia a sus jefes.

Ecuador vive una profunda conmoción. De un lado el sistema de poder, del otro el pueblo, con dos manifestaciones diferenciadas: una corriente identificada con el progresismo e izquierda, la otra con el poderosos movimiento indígena. Los sucesos muestran una profunda inestabilidad y crisis de gobernabilidad que va mucho más allá de la coyuntura y que afecta a toda la región. La protesta ecuatoriana no es sólo una reacción contra el aumento en los precios de los combustibles, sino al mal gobierno de Moreno, acusado de estar incurso en actos de corrupción, quien se recostó en los grandes grupos empresariales, financieros y mediáticos, el poder fáctico del país. Un elemento se destacó en el estallido social ecuatoriano: el protagonismo de los movimientos sociales y ciudadanos - Aram Aharonian, Eloy Osvaldo Proaño, Edgar Isch, Juan Guahán y Álvaro Verzi Rangel (CLAE)

Después de casi 12 días de manifestaciones continuadas de carácter transversal, ya que participaron tanto organizaciones indígenas como organizaciones sociales, estudiantiles y sindicales, el Gobierno decidió derogar el decreto 883 del Fondo Monetario Internacional y se acordó que se redactaría otro documento con el objetivo de sustituirlo. Según la Defensoría del Pueblo, hasta la medianoche del 12 de octubre se había producido la detención de 1.152 ciudadanos. El 97% eran hombres y el 3% mujeres. %36 de los apresados tenían edades comprendidas entre los 15 y 19 años, el 26% entre 20 y 24 años y 5% eran menores de 15 años. De entre los detenidos, 274 fueron procesados, 878 liberados sin acusación fiscal ni penal. Oficialmente se registraron 7 muertes [11 según otras fuentes] y 1.340 heridos. 400 heridos fueron atendidos en centros asistenciales.

Situación actual

La derogación del Decreto 883 supone una victoria, pero en palabras del investigador Renato Villavicencio, «el decreto 883 solo era la punta del iceberg del total del paquetazo neoliberal presentado por el presidente Lenín Moreno el pasado 2 de octubre. El gobierno nacional ya anunció que seguirá adelante con la presentación de dichas reformas restantes a la Asamblea Nacional para que las tramite». 

El decreto era el núcleo duro del paquetazo. Todavía persisten propuestas adicionales tales como la eliminación del impuesto a la renta, y la reforma laboral que el gobierno está intentando enviar al Congreso. Se trata de una reforma sumamente regresiva en términos de derechos laborales, que disminuye el salario, reduce las vacaciones, habilita el despido de empleados públicos y permite privatizar la seguridad social. Es decir que el resto de las demandas quedan subsumidas a la derogación de ese decreto, con lo cual todavía queda mucho camino por recorrer - Soledad Stoessel (profesora de sociología y politóloga en la Universidad Nacional de La Plata y en FLACSO-Ecuador) en una entrevista concedida al diario Página 12 el 16 de octubre.

El 31 de octubre la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) entregó a la secretaría de la Presidencia de la República, a la Organización de las Naciones Unidas de Ecuador y a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana la propuesta alternativa al modelo económico y social elaborada por el Parlamento de los Pueblos, Organizaciones y Colectivos Sociales. El documento es el fruto del análisis, debate y demandas consensuadas por más de 180 organizaciones sociales de Ecuador, que trabajaron en cuatro mesas técnicas. Entre los puntos importantes de la propuesta, CONAIE considera los siguientes en el boletín de prensa publicado el 31 de octubre:

 

Hoy por hoy, el dialogo entre las partes se encuentra paralizado. Según RT, La CONAIE ha denunciado “persecución” contra sus dirigentes. Tal como afirman varios medios de comunicación, la Fiscalía General del Estado dictamino este martes prisión preventiva contra el exparlamentario y dirigente de “Revolución Ciudadana” Virgilio Hernandez, por cometer el supuesto delito de rebelión en el marco de las multitudinarias manifestaciones que sacudieron Ecuador a principios del mes de octubre. Telesur detalla que «desde que agentes policiales allanaron su domicilio el pasado 14 de octubre, Hernández ha denunciado una persecución sistemática por parte del Ejecutivo, el cual utiliza el poder judicial para silencias las voces divergentes. El juez Julio Arrieta acogió el planteamiento de la Fiscalía y otorgo dicha medida, la cual podría darle a Hernández entre cinco a siete años de prisión».  
Tal y como asegura este medio, «tras la instauración de la Mesa de Diálogo entre el Ejecutivo presidido por Lenín Moreno y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), diversas organizaciones han denunciado presuntas persecuciones a líderes opositores, quienes son investigados por el delito de rebelión. Los casos más sonados son la detención del dirigente Christian González, la prisión preventiva contra la prefecta de Pichincha, Paola Pabón y el asilo que México otorgó a la asambleísta Gabriela Rivadeneira, todos militantes del partido del expresidente Rafael Correa, Revolución Ciudadana». Por otro lado, según afirma RT, La Fiscalía del Estado ha admitido cinco denuncias contra Jaime Vargas, presidente de CONAIE. Las acusaciones son por los supuestos delitos de terrorismo, odio, promoción de grupos subversivos, secuestro e instigación a sabotaje. 

 

Puede ver este artículo en la siguitente dirección /articulo/actualidad/victoria-popular-ecuador-parte-ii/20191106123846017330.html


© 2019 Eulixe

@Eulixe.com