El escándalo provocado por la investigación de Associated Press debería ser colosal. Sin embargo, no está causando demasiado revuelo, a pesar de que los hechos son gravísimos. Según la agencia de noticias, la UE habría enviado enormes sumas de dinero público que terminarían en manos de milicias, organizaciones criminales y traficantes de personas en Libia. Y todo ello, con pleno conocimiento por parte de la UE. 

La idea original de la UE era frenar la marea de migrantes que se dirigían a territorio europeo a través del Mediterráneo. Uno de los puertos de salida más habituales es Libia, un país sumido en el caos, sin gobierno en funcionamiento y en manos de todo tipo de organizaciones criminales y milicias. El dinero inyectado por la UE tendría la finalidad de mejorar los centros de detención, donde los abusos y crímenes contra los derechos humanos fundamentales de las personas migrantes eran (y son) bien conocidos. Sin embargo, el dinero nunca llegó a esos centros, y serviría únicamente para financiar una próspera y lucrativa red de negocios ilegal. 

Los números

La UE habría enviado más de 327,9 millones de euros a Libia, y 41 millones adicionales aprobados este mismo diciembre pasado, en gran parte canalizados a través de agencias de la ONU. Según una serie de correos electrónicos internos filtrados, los funcionarios de la ONU tendrían pleno conocimiento de que estos fondos terminaban en manos de milicias y traficantes. 

Los receptores de los fondos y encargados de su distribución son las agencias de las Naciones Unidas: la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR), dos organizaciones que deberían garantizar el respeto de los derechos humanos en toda operación en la que se vean involucrados, pero cuya realidad es bien distinta debido entre otros muchos factores a las condiciones ambientales en las que desarrollan sus actividades. En los últimos años han sido varios los casos en los que estas agencias han sido acusadas de falta de transparencia, acusaciones de mala gestión y/o corrupción y negligencias en la asistencia humanitaria. 

Nadie es capaz de proporcionar un refugio seguro para los migrantes en Libia - Vincent Cochetel, enviado de ACNUR para el Mediterráneo Central

Según ACNUR, en Libia hay al menos seis grandes campos de detención, donde se encierra a las personas que han sido interceptadas en el mar dentro de las aguas territoriales libias. Sin embargo, otros informes hablan de entre 17 y 35 campos, algunos de los cuales se sospecha que son administrados directamente por milicias irregulares. Se calcula que mas de 5.000 personas están detenidas y alrededor de 3.700 de ellas se encuentran en «áreas de conflicto».

Migrantes en Libia

La investigación expuesta por AP muestra cómo las milicias torturan, extorsionan y abusan de los migrantes para obtener rescates en centros de detención bajo el paraguas de la ONU, a menudo en complejos que reciben millones en dinero europeo. Muchos migrantes simplemente desaparecen de los centros de detención, vendidos a traficantes u otros centros.

Las mismas milicias conspiran con algunos miembros de las unidades de la guardia costera libia, que recibe capacitación y equipo de Europa para mantener a los migrantes alejados de sus costas. Pero los miembros de la guardia costera devuelven a algunos inmigrantes a los centros de detención en virtud de acuerdos con las milicias, y reciben sobornos para permitir que otros pasen a Europa.

Las milicias involucradas en el abuso y el tráfico también roban fondos europeos otorgados a través de la ONU para alimentar y ayudar a los migrantes que pasan hambre. Por ejemplo, millones de euros en contratos de alimentos de las Naciones Unidas se negociaron con una empresa controlada por un líder de la milicia, incluso cuando otros equipos de las Naciones Unidas alertaron sobre el hambre en su centro de detención, según correos electrónicos obtenidos por AP y entrevistas con al menos media docena de funcionarios libios.

Respuesta de la UE

Los campos de detención de inmigrantes son la forma que se está utilizando para controlar el flujo migratorio. Sin embargo, las agencias de la ONU que trabajan sobre el terreno reconocen que el Gobierno de Libia no ha logrado mejorar la situación en los campamentos ni resolver las frecuentes denuncias de desapariciones. 

A pesar de ello, ni la UE ni la ONU han mostrado interés en que se cierren estos centros. En declaraciones a la agencia AP, la UE ha llegado a decir que según el derecho internacional, no es responsable de lo que sucede dentro de los centros, a pesar de que los financia indirectamente. Documentos de la UE muestran que es consciente de los peligros de externalizar la gestión del flujo migratorio en Libia. Los presupuestos de 2017, en los que se pedía un desembolso de 90 millones de euros, ya advertían de un riesgo «medio alto» de que ese apoyo de Europa conduciría sobre el terreno a más violaciones de los derechos humanos contra los emigrantes y que el Gobierno libio les negaría el acceso a los centros de detención.