«Hay algo aquí que va mal» cantaba el grupo vasco Kortatu en 1986, en un contexto donde la crisis económica y la reconversión industrial golpeaban implacablemente al Estado. El afianzamiento de movimientos anti-sistema o contraculturales, por un lado, y la articulación del movimiento obrero y su praxis combativo por el otro, marcaron una década donde la pobreza y la desigualdad era la norma.

Ha llovido mucho desde entonces. Treinta y cuatro años después, España es miembro de la Unión Europea y según algunos "expertos" economistas «todo va bien», en el país del sol. La crisis que comenzó en 2008, aparentemente, ha terminado por la gracia de dios y las oportunidades han vuelto, según defienden algunos.

La realidad es bien distinta, no obstante. "La Gran Recesión" que comenzó en 2008, ha destruido la vida de cientos de miles de personas en el Estado. La precarización galopante de las condiciones laborales ha condenado a la pobreza o la inseguridad laboral a una parte muy importante de la población. La oligarquía ha cuadriplicado su riqueza tras la crisis económica, aumentado así la brecha existente entre los más privilegiados y castigados por el sistema. El estado español, «estado social y democrático» según la constitución, no es nada más y nada menos que una "plutocracia".

El famoso colapso bancario, anunciado a bombo y platillo tal y como se tratara del apocalipsis, propició uno de los mayores saqueos efectuados por la banca al ciudadano común. El Banco de España ha elevado a 65.725 millones de euros el coste de las ayudas al sector financiero durante la crisis, lo que supone un incremento de 1.376 millones frente a la estimación de hace un año. Asegura también que el 78% (50.940 millones) no se recuperará jamás, lo que implica que cada ciudadano del estado pagará 1085€ de su bolsillo.

Poco importan estos datos en un Estado que alardea de su gran y eficiente sistema de protección social. Esta vez, ha tenido que ser un relator especial de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos el que ha tenido que sacudir el avispero para que la simple y llana realidad, bien conocida por el mundo entero, cope los titulares y se convierta en noticia.

El informe del relator especial de la ONU

«España le está fallando por completo a buena parte de su sociedad, aquella que vive en la pobreza, cuya situación ahora se encuentra entre las peores de la Unión Europea». Estas palabras, especialmente duras, han sido las utilizadas por Philip Alston, el relator especial de la ONU, una persona que no destaca principalmente por ser un "rojo", para describir la precaria situación que tienen que soportar las personas más vulnerables del Estado. «Los grandes beneficiados son los ricos y las empresas que, pese a los beneficios, pagan menos impuestos que antes de la recesión», continua.

Following my visit investigating poverty in #Spain, I found that it is utterly failing people in poverty, whose situation now ranks among the worst in the EU. The preliminary findings from my visit are now available here: https://t.co/kotJRJonGZ #España pic.twitter.com/DkES30ySju

— Philip Alston (@Alston_UNSR) February 7, 2020

Muchos perdieron sus ahorros durante la crisis y otros se encuentran ahora en una situación en la que tienen que elegir entre poner comida en la mesa y calentar una casa. Demasiados están mirando la posibilidad de que sufran un desalojo, incapaces de encontrar viviendas asequibles. - Philip Alston, relator especial de la ONU de pobreza extrema y derechos humanos.

Hablando en cifras: En 2018, el 26,1% de la población en España, y el 29,5% de los niños, se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social. Más del 55% de la población experimentó algún grado de dificultad para llegar a fin de mes y el 5,4% sufrió privación material severa. El relator subraya el hecho de que muchas personas tienen que trabajar en empleos que son mal pagados, con contratos a tiempo parcial o temporales, ganado salarios «lamentablemente inadecuados para cubrir las necesidades básicas».

Los niveles de pobreza en España reflejan una decisión política. Esa decisión política ha sido hecha durante la última década. Quiero resaltar el hecho de que entre 2007 y 2017, los ingresos del 1% más rico crecieron un 24% mientras que para el 90% restante subieron menos de un 2%. El Estado español optó por recaudar un 5% menos de impuestos que cualquier otro Gobierno europeo y eso, claro, significa que tiene menos dinero para gastar en protección social - Philip Alston, relator especial de la ONU de pobreza extrema y derechos humanos.

Tal y como menciona Alston, la desigualdad es «sorprendentemente alta», con indicadores «muy por encima del promedio de la UE». Según Eurostat, en 2018 el coeficiente GINI (coeficiente que mide la desigualdad de ingresos donde 0 seria la perfecta igualdad y el 1 la perfecta desigualdad), perteneciente al Estado español era de 0,332, uno de los más altos de la Unión Europea. La media europea se colocaría en el 0,304.

Las ciudades son el vivo reflejo de la desigualdad. No hay más que transitar por Barcelona, Madrid o Bilbao, por ejemplo, para percatarse de este hecho. Las grandes avenidas, bien cuidadas, repletas de comercios "high class" y custodiadas por los agentes de la ley y los barrios acomodados chocan frontalmente con los barrios más desfavorecidos, donde la pobreza es visible y hasta los servicios más básicos escasean. Según el relator, en la provincia de Huelva, por ejemplo, ciertas barriadas que dan cobijo a los trabajadores temporales de la fresa presentan condiciones más deplorables que las de un campamento de refugiados. «Las condiciones que observé son simplemente inhumanas», afirma el relator.

Tanto en las ciudades como en las urbes con menor densidad poblacional, el acceso a la vivienda presenta un gran desafío. La vivienda, que es una necesidad fundamental, se ha convertido en un bien de lujo en muchas partes de la geografía española. Según el Artículo 47 de la Constitución Española «todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada». «Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación», continúa el articulo. Nada más lejos de la realidad.

El aumento del coste de la vivienda ha estado acompañado de «tasas sorprendentes» de desalojos, afirma el relator en su informe, proporcionando los siguientes datos: «el número anual de desalojos aumentó de 16.097 en 2006 a 59.671 en 2018, con 712.723 desalojos totales entre 2006 y el tercer trimestre de 2019».  Esta, no obstante, es una imagen incompleta que no tiene en cuenta los desalojos de ocupantes ilegales o el número total de personas afectadas. Miles de personas han sido despojadas de sus hogares, mientras las viviendas de alquiler de bajo costo son casi inexistentes y hay más de 3,8 millones de viviendas vacantes, muchas de ellas por puros intereses especulativos.

Las áreas rurales tampoco se libran. Según el informe del relator, el ingreso promedio real per cápita cayó 13.5 % entre 2009 y 2018. La España rural se está vaciando y la población está envejeciendo. Catorce provincias están muy afectadas por el “declive demográfico”, con más del 25% de su población superando los 65 años o más. Las personas que viven en situación de pobreza en el mundo rural enfrentan «desafíos únicos» y un riesgo muy alto de pobreza o exclusión social, según el relator.