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Matar al mensajero

Juan Teixeira | 27 de noviembre de 2020

iliass
Captura del vídeo que denuncia los maltratos a internos en el centro de menores Tierras de Oria de Almería.
A.G. preside una organización de defensa de menores internados. En 2015 publicó un vídeo a modo de denuncia donde se veía a un menor atado y siendo asfixiado por trabajadores del centro. No pasó nada. En 2019 otro menor murió en ese mismo centro en idénticas circunstancias que las denunciadas en el vídeo. Ninguno de los trabajadores ha sido condenado. Sin embargo A.G. deberá pasar 2 años y seis meses en prisión por publicar el vídeo de denuncia que podría haber salvado una vida de haber sido considerado como merecía. Un claro ejemplo de que la vieja táctica de matar al mensajero continúa muy presente hoy en día en nuestra sociedad. 

"El primer mensajero que dio la noticia sobre la llegada de Lúculo estuvo tan lejos de complacer a Tigranes que éste le cortó la cabeza por sus sufrimientos; y sin ningún hombre atreverse a llevar más información, y sin ninguna inteligencia del todo, Tigranes se sentó mientras la guerra crecía a su alrededor, dando oído sólo a aquellos que lo halagaran..."

Estas líneas proceden de Las Vidas paralelas de Plutarco, y son un buen ejemplo de que ya desde la antigüedad aquellos que transmiten informaciones sensibles corren un gran peligro. Casi tanto como imprescindible es esa información para quien deba conocerla. En este caso el mensajero es asesinado por la furia de un dictador loco. Desde los tiempos de Tigranes podría parecer que algo hemos evolucionado, pero sin embargo en la última década casi 1.000 periodistas han perdido la vida en el ejercicio de su trabajo. La mayoría de estos casos no han sido objeto de una investigación seria, por lo que los culpables nunca han tenido que responder de sus actos.

No obstante, la violencia directa hacia los mensajeros es cada vez menos habitual. Los métodos actuales son mucho más sutiles, pero no por ello menos efectivos en su búsqueda de silenciar las noticias indeseables. Quizá el método más utilizado en pleno siglo XXI para cortar metafóricamente la cabeza a los mensajeros incómodos sea el de apartarlos de la profesión

Como se suele decir, desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa es la voluntad del dueño de la imprenta. Y dicho dueño es el que decide quien es mensajero y quien no. Aquellos que incomodan a los dueños de las escasas grandes imprentas que existen, son simplemente marginados. Muchos obviamente deciden cambiar sus mensajes para adaptarlos a los gustos de quien paga la tan necesaria nómina a fin de mes. Otros se resignan y cambian a profesiones menos estresantes. Pero unos pocos resisten, como los habitantes de la aldea de Asterix, y buscan métodos y fórmulas para saltarse la censura del dueño de la imprenta. En ese caso, los herederos de Tigranes utilizan otras técnicas de silenciamiento más drásticas. Y la principal de ellas hoy en día es la criminalización del mensajero. 

Silencio o cárcel

El caso más paradigmático y conocido quizá sea el de Julian Assange, periodista y ciberactivista que publicó documentos del gobierno estadounidense que mostraban crímenes de guerra y violaciones flagrantes contra los derechos humanos. La respuesta de Estados Unidos fue acusarlo de 18 delitos de espionaje, por lo que Assange lleva ya 10 años de terrible calvario. 10 largos años en los que a buen seguro en algún momento pensó en que mejor hubiera sido que le cortaran la cabeza. El próximo 4 de enero supondrá un punto de inflexión en su caso: la justicia británica decidirá sobre su extradición o no a Estados Unidos. Pase lo que pase, una década detenido, escondido y acosado es un buen aviso a mensajeros: no se metan donde no les llaman. 

Pero además del de Assange, existen miles de casos alrededor de todo el mundo en los que los mensajeros son criminalizados y perseguidos. Aquí les dejo con tres casos sucedidos en los últimos meses en España:

Mireia Comas

Fue detenida el 13 de octubre cuando hacía su trabajo como fotoperiodista cubriendo un desahucio en Terrassa, y será juzgada el próximo 2 de diciembre. La Fiscalía le pide un año de prisión y una multa de 170 euros. Comas asegura que recibió el aviso de la llegada de cuatro Mossos a la vivienda que iba a ser desahuciada, y se desplazó al lugar debidamente acreditada. Una vez allí los Mossos, "visiblemente nerviosos y exaltados" la amenazaron y le prohibieron sacar fotos. Ante este bloqueo, decidió salir a la calle, donde una agente la detuvo tras pedir que "la dejaran tranquila". La juzgan por "atentado contra la autoridad". 

Al llegar al inmueble, cuatro agentes me rodearon diciéndome que me quitarían la cámara si hacía fotos y yo me identifiqué como prensa; en todo momento me quedé en el rellano. Me empezaron a amenazar, me sentí intimidada, y uno ordenó que me retuvieran en el piso de arriba ... una agente me inmovilizó contra la pared, puso su codo en mi cuello y me estuve una hora esposada allí - Mireia Comas

La fotoperiodista impulsó una recogida de firmas y un manifiesto para pedir su absolución, el cual podéis firmar si así lo consideráis. 

Diego Catriel 

Este activista de la PAH se enfrenta a más de cuatro años de prisión por publicar fotos en la cuenta de Twitter de la PAH de la comisión judicial que efectuó un desahucio en Guadalajara. Ese día, la policía estaba desahuciando a un matrimonio muy joven (19 y 17 años) con un bebé de unos cinco meses. Diego subió a su perfil de Twitter una foto con los rostros de las dos mujeres y el hombre que formaban parte de la comisión judicial de aquél desahucio, razón por la cual la Fiscalía le pide las siguientes condenas: injurias con publicidad, con una pena económica de 10 euros diarios durante un año, lo que se podría convertir en 6 meses de prisión si se niega a abonarla; delito contra la intimidad, por el que le piden 3 años de prisión; y otro de desobediencia grave, por el que el Ministerio Fiscal pide una condena de un año de cárcel.

La acusación es completamente delirante porque no hay ninguna injuria en los contenidos que subimos, sin perjuicio de que a la comisión les pudiera molestar el tuit que pusimos. Tampoco hay delito de desobediencia porque sí cumplimos la medida cautelar del borrado del post. Ninguna de las acusaciones está bien sostenida y es precisamente eso lo que más me preocupa porque así es mucho más difícil defenderse - Diego Catriel

 A.G. - presidente de centrosdemenores.es

Este quizá sea el caso más cínico e inhumano de los expuestos, y el mejor ejemplo de que muchos prefieren "matar al mensajero" antes que enfrentarse a la realidad. El acusado publicó en el año 2015 un vídeo en YouTube a modo de denuncia que mostraba imágenes de dos menores atados boca abajo a una cama, gritando de dolor y pidiendo "por favor" que se les retiraran las sujeciones mecánicas. Los hechos sucedieron en el centro público de reforma juvenil Tierras de Oria, el mismo donde posteriormente a estos vídeos, ya en el verano de 2019, murió el joven de 18 años Iliass Thairi tras ser inmovilizado de la misma manera y sin presencia médica. Este mismo mes, el autor del vídeo ha sido declarado por el juez "criminalmente responsable de un delito de revelación de secretos", y condenado a dos años y seis meses de prisión

Hace 5 años, la Fiscalía de Menores de Almería, a pesar de reconocer la veracidad de las imágenes, archivó el caso al no apreciar infracción por parte del centro ni de ningún trabajador en la aplicación de las medidas de contención y de sujeción mecánica sobre los menores. Posteriormente murió Iliass en idénticas circunstancias a las que denunciaba el vídeo. Sin embargo, ninguno de los trabajadores implicados en la muerte de Iliass o en las torturas expuestas en el vídeo han sido condenados. El mensajero pasará dos años y seis meses en la cárcel. 

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