La mafia de la electricidad: del Gobierno a las eléctricas

A día de hoy, los precios de la electricidad en el Estado español son uno de los más elevados de la UE. Por otro lado, la propiedad pública apenas genera un 5% de la energía eléctrica producida en el Estado. En un país donde manda un oligopolio que tiene la sartén por el mango, son muchos los cargos públicos que se benefician de una estructura mezquina que golpea sistemáticamente a la población. Las denominadas puertas giratorias de la política española generan una enorme riqueza en las empresas y políticos que legislan en su favor, y pobreza y sufrimiento en el resto de la ciudadanía. Todas las personas que aparecen en nuestra infografía de hoy realizaron un trato de favor a las empresas de las que ahora cobran nóminas estratosféricas. Una auténtica mafia operando dentro de la ley y a plena luz del día. 
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La mafia de la electricidad: del Gobierno a las eléctricas

EL PROCESO DE LIBERALIZACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO ESPAÑOL

En 1986 se produjo uno de los primeros cambios cuando el Gobierno de Felipe González introdujo el IVA, que desde entonces carga la factura eléctrica. Durante los diez años siguientes, el precio se fijaba anualmente en el Boletín Oficial del Estado. El Gobierno pagaba a las empresas privadas por la producción, transporte y distribución, con la excepción de la empresa pública Endesa.

El proceso de liberalización del mercado eléctrico español comenzó en 1997 con la promulgación de la Ley del Sector Eléctrico 54/1997, reformulada por la Ley 24/2013. Bruselas exigía introducir competencia en una actividad económica estratégica que hasta entonces había permanecido fuertemente intervenida por el Estado. De este modo se seguía la tendencia intelectual, entonces vigente a escala mundial, de liberalizar los más posible el sector eléctrico y aumentar su "eficiencia" pasando al sector privado su toma de decisiones y asunción de riesgos.  

En teoría, el objetivo de la liberación del mercado eléctrico era "minimizar el coste la energía eléctrica para todo tipo de usuarios, asegurar el suministro y mejorar el aire que respiramos". Las máximas de los mercados competitivos sin apenas intervención del Estado, salvo mínima regulación, se disponían para mejorar las prestaciones de un sector hasta entonces monolítico y centralizado.

La liberalización establecía entre otras cosas, un mercado de compra y venta gestionado por el OMEL (Operador del Mercado de la Electricidad), la operadora española en el mercado común eléctrico de la península ibérica MIBEL (Mercado Ibérico de la Electricidad).

Los ocho años siguientes el precio comenzó a bajar, hasta quedarse en un 11% menos en 2004. Parte se debió al proceso de liberación, parte a varios trucos aplicados. El primero fue el llamado Coste de Transición a la Competencia, una subvención estatal de hasta 12.000 millones de euros. Luego, desde el año 2000, se implantó el "déficit de tarifa": la diferencia entre los ingresos por precio que reciben la empresas eléctricas y lo que (presuntamente) se gastan en generar la electricidad.  

Desde entonces, los precios para los consumidores se multiplicaron por dos, un 100%. Según Eurostat, en los 10 años transcurridos entre 2005 y 2015 los precios de la electricidad crecieron a una media anual acumulativa del 7,2%. Con el nuevo modelo, se apartó al Estado en la regulación del precio del kWh y se dejó que lo establecieran los agentes del sector eléctrico en el mercado mayorista.

El gran problema es que se liberalizó el sector mal, de tal forma que las eléctricas se forraron, primero con el Gobierno de Aznar y luego con Zapatero. Nos han estafado y la solución es intervenir el sector y que sea el Gobierno el que regule el 100% de la tarifa - Rubén Sánchez, portavoz de la asociación de consumidores FACUA

Durante los dos Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero el precio de la luz se disparó hasta casi un 80% en parte por el déficit de tarifa heredado. Otro de los grandes cambios llegó con el Gobierno de Mariano Rajoy. En 2013 se sacó adelante una gran reforma del mercado eléctrico. El objetivo era tapar un agujero que crecía a un ritmo de 4.500 millones anuales. Incluyó subidas, el fin de las primas a las renovables y un cambio en el modo de calcular la tarifa.

Todas estas reformas que beneficiaron a empresas privadas fueron realizadas por políticos que terminaron de u modo u otro cobrando de esas mismas empresas: