La dureza de la represión vivida en Catalunya en el marco de las protestas por la sentencia del Procés ha tenido un impacto en la opinión pública estatal. Aunque son muchos los sectores que defendieron la actuación de la policía, muchas veces desproporcionada, otros no dudaron en salir a la calle en diferentes puntos del Estado para mostrar su disconformidad ante el atropello democrático que se estaba registrando. Fueron cientos los jóvenes que aquel 16 de octubre se concentraron ante la Puerta del Sol de Madrid para mostrar su rechazo hacia las políticas llevadas a cabo por el Gobierno central en Catalunya.

Pocas horas después del acto, cuatro personas fueron detenidas, incluyendo un menor de edad. Tres de los cuatro detenidos fueron puestos en libertas después de pasar a disposición judicial y haber sufrido, según relata el Movimiento Antirrepresivo de Madrid, «humillaciones por parte de la policía, burlas, comentarios y amenazas veladas». También se denunció que al menos dos de los detenidos «fueron golpeados en el suelo», después de haber sido inmovilizados para su posterior detención.

Hoy hace 8 meses que Daniel Gallardo, un gaditano residente en Getafe de 22 años, fue detenido y enviado a prisión tras la concentración en la Puerta del Sol de Madrid contra la sentencia del “procés”. 244 días encarcelado por solidarizarse con el pueblo catalán.#DaniLibertad✊🏻 pic.twitter.com/kahFPQRM5Z

— SWR Fernando (@SWRFernando) June 16, 2020

El cuarto detenido fue Daniel Gallardo. La policía lo acusa de desórdenes públicos, atentado o resistencia a la autoridad y lesiones. Se trataría del «pack habitual», según Mario Lopez, su abogado. El atestado policial narra que, después de que se terminara la concentración en las cercanías de la Puerta del Sol, varias personas empezaron a correr, y a la altura de la Plaza de la Villa, se dispersaron por varias calles «causando estragos y desordenes públicos». La policía, por su parte, empezó a perseguir a varios jóvenes. Entre ellos se encontraban Daniel y una amiga suya, Elsa. Uno de los agentes alcanzó a Elsa, y comenzó a golpearla repetidamente con la porra de servicio. Daniel, al ver los hechos, decidió socorrerla. «Tú no oíste cómo chillaba Elsa», llegaría a afirmar Daniel en una visita que le hizo Sara en la prisión de Alcalá Meco.

Dani estaba en el momento y lugar equivocado. Salió a defenderla, como habríamos hecho todos si vemos que están dando una paliza a una amiga nuestra. Luchar contra las injusticias no es un delito, es un derecho y un deber - Sara, una amiga de Dani, en declaraciones recogidas por El Salto.

Daniel, Elsa y el policía fueron atendidos en el lugar por el Samur, que elaboró las partes médicas de las lesiones sufridas por las tres personas. En el caso de Elsa, se muestran «múltiples hematomas» producidos por los golpes de la porra. No obstante, el parte médico presentado por el agente en el atestado está fechado dos horas antes de que ocurrieran los hechos, e indica otro lugar como el sitio en el que recibió la atención del Samur. «Si el policía hubiera estado tan mal, le habrían hospitalizado y luego habrían dado el parte hospitalario», afirma el abogado. Se pueden observar irregularidades también en las supuestas pruebas fotográficas presentadas en el atestado:

Muy bien organizadamente, la policía aportó en los atestados unas fotos en las que se veía unos palos grandes y difíciles de agarrar con los que supuestamente agredió a la policía, pero él no tenía ninguno tipo de los rasguños que debería haber tenido si hubiera agarrado un palo de palé - Declaraciones de Mario Lopez, abogado de Daniel, recogidas por El Salto.

Fotografía que se hizo la propia Elsa Vilki de la contusión que presentaba en el muslo derecho, tal como recoge su informe médico

Daniel y Elsa fueron detenidos junto a dos personas más. Fueron trasladados a la Brigada provincial de Información de Moratalaz que se encuentra en el sureste de la ciudad. Allí se encontraron con varios funcionarios policiales que estaban encapuchados. Pasaron la noche en el calabozo, donde según algunas fuentes, fueron víctimas de «insultos y vejaciones». Al día siguiente, el juzgado de instrucción número 22 se hizo cargo del caso. Elsa y los restantes detenidos fueron puestos en libertad con cargos de resistencia y desórdenes. En el caso de Daniel, comenzó la pesadilla.

La juez, como medida cautelar, declaró la prisión preventiva contra Daniel, a pesar de que llevará varios años viviendo en Getafe, donde disponía de un contrato de alquiler y un contrato de trabajo a media jornada. «El juzgado, con una rapidez bastante misteriosa, igual debido a que estaban a punto de terminar la guardia, decretó prisión provisional y lo mandó a Alcalá Meco», añade el abogado.

Hay muchos indicios de que Dani no ha cometido desórdenes públicos, atentado o resistencia a la autoridad o lesiones, es una persona sin antecedentes penales ni policiales, nunca había estado en prisión, no tiene riesgo de fuga porque vivía en alquiler en Getafe con sus trabajos precarios, con perfil de persona trabajadora y estudiante que había dejado los estudios porque es muy complicado trabajar y estudiar estando tan precarizado - Declaraciones de Mario Lopez, abogado de Daniel, recogidas por El Salto.

6 años de cárcel

El pasado 24 de mayo la fiscalía ha hecho pública la petición de 6 años de prisión y que indemnice al agente denunciante con 3000 euros. Una petición totalmente fuera de lugar por asistir a una manifestación e intervenir en socorro durante un caso de brutalidad policial. 

El ministro Marlaska afirmó durante los días de movilizaciones en Cataluña que los detenidos por las manifestaciones en contra de la sentencia del procés iban a permanecer en prisión preventiva hasta que acabaran las protestas. Un claro ejemplo de cómo el aparato judicial busca acallar todas aquellas protestas en contra de Régimen del 78. En este caso, la intención parece clara: frenar la actividad política de la clase obrera a través del miedo. 

Conoce más sobre el caso de Daniel Gallardo, en prisión provisional desde el pasado 16 de octubre de 2019, víctima de un montaje policial del Estado español por su solidaridad con Catalunya.

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