Las estadísticas de 2017 mostraron que cada minuto una media de 24 personas en algún lugar del mundo se vieron obligadas a huir de sus casas y buscar protección en otro lugar. Una cifra abrumadora que no ha dejado de crecer: así, España en 2018 vio un récord en el número de solicitantes de asilo, que había crecido más de tres veces, de 15.755 a 54.065 en los últimos dos años. Nadie cuestiona que el desplazamiento internacional forzoso no es un fenómeno positivo, ya que las razones que obligan a millones de personas de un abanico de países muy ancho huir de sus casas nunca lo son. Conflictos interminables como el de Siria, Afganistán, Irak, Yemen, Ucrania, Somalia, Eritrea, Congo, Nigeria, Sudán del Sur, República Centroafricana o Colombia. Limpiezas étnicas sin precedentes desde la guerra Ruanda, como la que sufren hoy día los rohinyás en Myanmar, que ha provocado la huida de cerca de un millón de personas en los últimos meses a Bangladés. Personas obligadas a huir por pensar diferente de Honduras, Turquía, Venezuela o China, entre otros países. Persecuciones por orientación sexual e identidad de género, o por el mero hecho de ser mujer. Y un número desconocido de personas que huyen de grupos criminales como maras, narcotraficantes, o redes de trata sexual y laboral, entre otras, dibujan un mapa desolador de más de 65,3 millones de personas desplazadas forzosas de sus hogares. Lamentablemente, no hay vías seguras para que las personas obligadas a huir de sus hogares puedan hacerlo legalmente, sin tener que arriesgar sus vidas en el intento y cruzar fronteras de forma irregular. Esto se podría solucionar si hubiera voluntad política de los países occidentales, a través de visados humanitarios, acceso a solicitar asilo en embajadas y consulados o programas permanentes de reasentamiento. Este plan está cada vez más lejos de la realización. Amnistía Internacional estima que antes de la crisis, entre 2007-2013, la Unión Europea gastó casi 2.000 millones de euros en vallas, sistemas de vigilancia y patrullas terrestres o marítimas y también firmó tratados con países vecinos para que sean estos los que controlen las olas migratorias. Dentro de la UE, el Reglamento de Dublín obliga a los solicitantes de asilo a cursar la solicitud en el primer país de llegada. Un campamento de refugiados en Idomeni, Grecia, 2016. Foto: Juan Teixeira Las medidas más recientes muestran un esfuerzo aún mayor de la protección de las fronteras. Desde el 1 de febrero de 2019, España requiere el visado de tránsito a las personas palestinas, un requisito que les impide desde entonces llegar a las fronteras españolas y solicitar ahí el asilo. Una exigencia que también se extendió desde el pasado año a las personas de Gambia y Camerún.

“En un momento en que las muertes de personas que quieren llegar a nuestro país se cuentan por centenares, España no solo no habilita vías legales, sino que reduce las posibilidades de que las personas puedan buscar refugio en nuestro país sin tener que jugarse la vida y ponerse en manos de traficantes”,

sostiene Estrella Galán, directora de la Comisión española de ayuda al refugiado (CEAR). Aparte de las peripecias por las que tiene que pasar una persona en búsqueda de un puerto seguro, en el lugar de acogida, cuando uno piensa que las inclemencias se han quedado atrás, muchas veces surgen complicaciones, algunas de las cuales afectan su vida y la seguridad a corto plazo y otras amargan la existencia durante años. Una oleada tan fuerte de los fugitivos ha colapsado el sistema de primera acogida en muchas comunidades autónomas de España. Las ONGs, tales como CEAR y la Cruz Roja, lamentan la falta de plazas en centros residenciales. Familias con menores y ancianos, así como minusválidos (lo que constituye una  vulnerabilidad social alta y recibe prioridad a la hora de proporcionar alojamiento) muchas veces se ven obligadas a esperar largos meses antes de poder entrar en una vivienda provisional. Tales recursos como centros religiosos y casas de voluntarios tampoco dan abasto. Otro de los problemas es que las solicitudes de protección internacional esperan un largo período de tiempo, a veces años, antes de ver la resolución debido al enorme incremento de los expedientes, que alcanzaron la cifra de 78.710 en 2018.

“Desde CEAR reclamamos medidas para solventar este atasco en el sistema de asilo que se lleva acumulando en los últimos años. Esta situación pone en evidencia la necesidad de mayores medios materiales y humanos para garantizar tanto el acceso al procedimiento como su resolución”. Estrella Galán, directora de CEAR

Tras pasar por el limbo de alojamientos provisionales, la escasez económica, la integración cultural y profesional y, en muchos casos, el aprendizaje intensivo del nuevo idioma, la inmensa mayoría de los solicitantes de protección internacional se enfrentan al siguiente problema: la denegación del asilo. El año pasado el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social dio una respuesta favorable  solo al 24% de las solicitudes, un 11% menos que en 2017. De este modo, España reconoció la protección internacional a 2.895 personas, de las cuales solo 575 obtuvieron el estatuto de refugiado, menos del 5% de peticiones resueltas. CEAR informa que la tasa de admisión en España está muy por debajo de los principales países europeos de acogida; por ejemplo, en Alemania la probabilidad de una respuesta favorable llega al 50% y en Bélgica, al 65%. Los desplazados cuyas historias personales no correspondieron a los criterios que tienen los instructores especializados en cada país de procedencia para emitir una resolución favorable disponen de 15 días para abandonar España legalmente; en el caso contrario, pasan a la categoría de inmigrantes ilegales. Si abandonan el país, no pueden solicitar el asilo en otro estado miembro de la Unión Europea, con lo cual muchos fugitivos se ven obligados a tomar decisiones drásticas: irse a otro país que no entre en el Reglamento de Dublín, presentar recursos ante la justicia española o quedarse como inmigrantes irregulares. Desde el momento que los refugiados pisan el territorio del país de acogida, dependen mucho no solo de la infraestructura de acogida que les pueda ofrecer el país receptor, sino también de su imagen que se vaya creando en la sociedad. Es la gente común que les puede hacer sentirse arropados o, al revés, rechazados y sin la menor posibilidad de integrarse. En la formación de la opinión pública los jugadores clave son las autoridades del país, la oposición política, los medios de información y, en menor medida, las ONGs y los grupos de defensa. Si un gobierno se muestra poco receptivo y simpatizante con las olas de migración, es muy probable que la legislación no ofrezca a los desplazados un sistema de acogida considerable. Si las autoridades no tienen una postura radical, entran en el escenario los otros jugadores, entre los cuales los medios juegan un papel ambiguo. Por un lado, se publica mucha información que ayuda a concienciar a la población y desmentir nociones erróneas. Por otro lado, a pesar de que muchas de las noticias se hacen con buena fe, la misma cobertura mediática del asunto puede llegar a saturar a la población: saltando del punto álgido de una crisis a otro puede pasar por alto las causas subyacentes del problema, como por ejemplo el complejo sistema fronterizo de Europa. Asimismo, los intentos bienintencionados de mostrar estadísticas y testimonios dramáticos pueden causar pánico. La idea de una "crisis global de refugiados" puede despertar la empatía de algunos, mientras que para otros puede aumentar la sensación de que estamos, en palabras de la campaña del Ukip a favor del Brexit, en un "punto de ruptura". Una niña en el campo de refugiados de Idomeni. Grecia, 2016. Foto: Juan Teixeira Cuando la actitud de los medios es menos benevolente, surgen casos de desinformación y bulos que vilipendian a los refugiados y les convierten en chivos expiatorios de muchos males sociales. El famoso caso de las violaciones en Colonia en Nochevieja de 2016, cuando solo tres de los 58 sospechosos tenían el perfil de refugiado,  o “los africanos desgradecidos” del Aquarius que supuestamente rechazaron un contenedor de ropa proporcionada por ONGs, cuando se trataba de un procedimiento sanitario previo al uso que había impuesto la Cruz Roja. Además, tras cada atentado terrorista en suelo europeo, los decibelios de las mentiras alcanzan cotas altísimas para desgracia de las personas refugiadas, que se convierten inmediatamente en sospechosas por su origen y su religión. Eso a pesar de que en los principales atentados de los últimos años (París, Londres, Niza, Berlín, Bruselas o Barcelona) la mayoría de sospechosos no eran solicitantes de asilo e incluso muchos habían nacido en el país donde perpetraron el ataque. Según el alcalde de Londres, Sadiq Khan, las agresiones islamófobas se quintuplicaron después del atentado de junio de 2017 en la ciudad y los incidentes racistas aumentaron un 40%. Cuando estallan conflictos locales que involucran a refugiados recién llegados a Europa, muchos analistas extrapolan sin ningún problema incidentes que necesitan una respuesta específica para llegar a declaraciones de amenazas existenciales en Europa por la minoría musulmana. Llevado a su extremo, es el mismo tipo de lógica genocida que Europa ha conocido en el pasado, comenta Rebelión. Las informaciones falsas relativas a personas migrantes más compartidas son aquellas que los relacionan con actos criminales (30%), beneficios sociales (20%) y la sensación de invasión (19%), según un estudio de ‘France 24 Observers’. Aunque en la mayoría de los casos la información se verifica y los bulos se desmienten, una investigación de Twitter detectó que las noticias falsas viajan por Internet un 70% más rápido que las verdaderas, ya que una de cada cinco personas comparte noticias sin haber leído más que el título. El daño siempre está hecho y puede cambiar la opinión social de forma considerable creando discursos racistas y xenófobos, una herramienta fomentada y usada frecuentemente por las fuerzas políticas de la derecha, como en el caso de VOX en España. Aparte de los bulos, es común oír ideas que pertenecen a los mitos urbanos: que si los desplazados vienen porque quieren, que si son en su mayoría migrantes económicos, que si los países europeos son los que más carga han asumido en la comunidad mundial, que si los refugiados se aprovechan de los recursos económicos, servicios sociales y el fondo de viviendas que pagamos entre todos los tributantes. Ninguna de estas ideas es verdad, y las cifras lo muestran claramente. A pesar de un mito común de que los que más refugiados acogen son los países europeos y de Norteamérica, las estadísticas muestran lo contrario. Solo un país europeo, Alemania, entra en la lista de los diez países con mayor número de refugiados Desde luego, los datos recogidos por las ONGs españolas muestran que la crisis de refugiados está a años luz de concluirse y que las medidas administrativas y burocráticas que han funcionado hasta ahora  fracasan ante las fuerzas de índole social. Queda patente la urgente necesidad de cambios, y es algo que, guste o no a cada uno de los miembros de nuestra sociedad, tenemos que emprender entre todos. Un deber comunitario y humanitario que podría llevar un mensaje de mucha paz y solidaridad si recordamos la palabras de la escritora somalí Warsan Shire:

“Nadie pone a su hijo en un barco a menos que el agua sea más segura que la tierra”.

  Fotos: Juan Teixeira