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Colombia supera el millar de líderes sociales asesinados desde el Acuerdo de Paz

Carlos Magariño | 29 de diciembre de 2020

FARC
Imagen difundida por la cuenta del partido Farc de Rosa Mendoza, fundadora de la Asociación de Vivienda Agraria y Ambiental del Sur de Bolívar (Asovisbol), asesinada junto a su hija bebé, y de Manuel Alonso, dedicado a la formación en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en Miranda, asesinado el día después.

Una nueva masacre perpetrada en Quebrada Honda, Colombia, el día después de Navidad dejaba el sangriento resultado de cinco personas asesinadas pertenecientes a una misma familia, la de la joven Rosa Amalia Mendoza, de 25 años, fundadora de la asociación de vivienda agraria local ASOVISBOL y excombatiente de las FARC en proceso de reincorporación a la vida civil. Junto a ella fue asesinada su hija, que contaba pocos meses meses de vida.Horas más tarde era encontrado el cadáver de Manuel Alfonso Villegas en el municipio de Miranda, también excombatiente y dedicado desde el abandono de las armas al apoyo de las comunidades campesinas. Con ellos asciende a 249 la cifra de firmantes del Acuerdo de Paz, excombatientes de las Farc en proceso de reincorporación, que han sido asesinados en el país desde el desarme de la guerrilla en 2016. Según los datos que maneja el Indepaz (Instituto para la paz en Colombia) son un total de 1.091 personas las que fueron asesinadas en Colombia por haber realizado labores de defensa de los derechos humanos y desarrollar acciones por el bien común en su territorio desde finales de 2016.

Artículo original de El Común

Se trata por tanto de un verdadero genocidio silenciado, tal como denunciaba ayer en este mismo medio nuestro compañero Jaime Cedano Roldán, militante del PCE y superviviente del genocidio de la Unión Patriótica en los años ochenta y noventa, un genocidio consistente en el exterminio sistemático de líderes sociales ignorado y negado por los sucesivos gobiernos de Santos y Duque.

Dirigentes del partido Farc interpelaron ayer en redes sociales al presidente Duque dado el ofensivo silencio que los mandatarios ostentan ante estas masacres, como el caso de Rodrigo Londoño, Timochenko, último comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas y firmante del Acuerdo de Paz junto al propio Duque, en lo que consideran un «intento de asfixiar el proceso de paz» y ante el que aseguran «no nos rendiremos por dura que pueda ser esta batalla».

Para conocer mejor el alcance de estas masacres es interesante leer el informe sobre agresiones a líderes sociales y defensores de los acuerdos de paz, desarrollado por el instituto Indepaz y que puede verse en este enlace.

Según este exhaustivo estudio que lleva a cabo el instituto Indepaz desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 y cuya metodología recoge los datos aportados por entidades oficiales como la Defensoría del Pueblo y la Policía y Ejército Nacional, fueron asesinados desde el 24 de noviembre de 2016 -fecha de la firma definitiva del acuerdo- hasta el pasado 15 de diciembre un total de 1.091 líderes sociales, entendiendo por ello toda persona que defiende los derechos de la colectividad y desarrolla una acción por el bien común reconocida en su comunidad, organización o territorio, y en favor de los derechos humanos. Aproximadamente una media de 270 homicidios por año, 292 en este 2020.

Los sectores sociales a los que pertenecían las víctimas incluyen mayoritariamente orígenes indígenas, campesinos, afrodescendientes, mineros y asociaciones de participación ciudadana o comunales. Por tanto puede deducirse que la causa de la mayor parte de homicidios tienen una motivación en los conflictos por la tierra, intereses agrícolas o de recursos naturales. No se sostiene, por tanto, la teoría que el Gobierno colombiano esgrime para justificar las matanzas y que se excusa en supuestas riñas de narcotráfico o ajustes de cuentas entre presuntos disidentes de las Farc. Este tipo de sucesos no ocurre en todos los departamentos cocaleros, como se esperaría en todas las regiones de alta producción de coca de ser cierta esa teoría. De hecho, en el 63% de 179 municipios con áreas de coca no se registraron homicidios de desmovilizados.

Sin embargo, las zonas más críticas (Cauca, Antioquía, Nariño) son territorios donde sigue la disputa por el control de la minería de oro, tráfico de madera, apropiación de tierras y control político de los intereses suscitados por las grandes obras de infraestructura. Las organizaciones que promueven esa violencia son redes de criminalidad a gran escala que se mueven en negocios que oscilan entre la legalidad y la ilegalidad mediante el apoyo de empresas que blanquean el enriquecimiento ilícito con la ayuda de socios en instituciones estatales. El brazo armado son agrupaciones paramilitares y sicarios sin identificar al servicio de las mafias locales.

Puede afirmarse en definitiva que las masacres se convirtieron en Colombia en «parte de un sistema de control de poblaciones, territorios, riqueza y poder mediante el terror criminal», concluye este informe. Es decir, la acumulación de capital por parte de intereses empresariales mediante el terrorismo vía ejecuciones a manos de sicarios de las personas que eran molestas o incomodaban el acopio de los recursos que generaban ese capital.

De todos estos datos se deduce que en Colombia el Acuerdo de Paz ha iniciado una nueva fase tras décadas de conflicto armado hacia una nueva era sin armas, supuestamente, y de convivencia que no conviene a ciertos intereses económicos que aprovechan la tesitura para ejercer otro tipo de conflicto, este de carácter mafioso, afanado en la estigmatización de las personas reincorporadas a la vida civil. Estos intereses tienen su objetivo en el control de los recursos mineros, agrícolas o de infraestructuras. Frente a ellos son crecientes los movimientos por la vida, la democracia, los derechos territoriales y la paz, como las marchas del paro nacional o la Minga indígena, y un creciente movimiento de conciencia e indignación ante los asesinatos, pese a que, como vemos, ejercer el activismo social en Colombia supone un riesgo mortal y pese a que los medios informativos de países como el nuestro, España, eluden estos flagrantes crímenes mientas que aumentan, con la lupa de la vileza mercenaria, hasta el menor suceso que tenga lugar en la vecina Venezuela.

elComun

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