La ocupación de viviendas abandonadas ha existido siempre, España conoció un gran auge durante las décadas de los 60 y 70, dando salida a la gran demanda generada por las migraciones del campo a las ciudades. El movimiento okupa surge ya en los 80 a imagen y semejanza de los squatters ingleses.

Una larga historia que para el PP de Casado empezó mucho más tarde, desde la llegada de los llamados alcaldes del cambio como Manuela Carmena o Ada Colau que según él "están permitiendo la ocupación con la misma impunidad con la que permiten el comercio ilegal de manteros, las agresiones ciudadanas o la quema de vehículos, con las mismas indicaciones irresponsables a la policía local de no actuar ante el delito".

El PP ha registrado este jueves en el Congreso una proposición de ley para endurecer el Código Penal para acelerar la expulsión de los okupas de las viviendas en las que hayan entrado. 

Entre las medidas, se "pretende que las penas por usurpación de un bien y la ocupación de una bienvenida sean considerados delito con penas de 1 a 3 años" o que "los inmuebles ocupados no tengan condición de domicilio para que los okupas no se puedan empadronar en esas viviendas".

Otras de las iniciativas contenidas en el texto del PP contemplan que las personas jurídicas también tengan derecho a expulsar a los okupas de sus viviendas o que "las comunidades de propietarios se puedan personar" ante la justicia e incluso "puedan tapiar las viviendas ocupadas.  Además, según esta propuesta, la autoridad pública o sus agentes (Policía) podrán desalojar las viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo de entre 12 y 24 horas, sin necesidad de esperar meses.

Alquileres desorbitados

Para Casado, con esta medida se podrá garantizar la propiedad privada, la seguridad y tranquilidad del vecindario y recuperar el mercado del alquiler, obviando que quizás uno de los responsables de la alta okupación sea los desorbitados precios del los alquileres (subida del 40% en 3 años) a los que los inquilinos no pueden hacer frente. España es el país de la OCDE que más porcentaje del salario destina al pago de vivienda.

Anticonstitucionalidad

Esta situación contradice el artículo 47 de la Constitución Española, esa que el PP tanto defiende cuando les interesa. "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación."

Solución de ley de vivienda de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que el PP vetó