Es difícil que en el estado español un caso de corrupción llame la atención o destaque por encima del resto, ya que son tantos y tan variados que estamos casi anestesiados. Pero el caso Cursach bien merece un podio entre las tramas más complejas y retorcidas: extorsión, prostitutas, policías corruptos, cocaína, políticos comprados, testigos amenazados, palizas... mientras el acusado sigue libre y el juez que instruye el caso envía a la policía a las redacciones de los medios que lo hicieron público para secuestrar sus móviles e investigar quien realizó la filtración. Una guinda que supone un gravísimo ataque contra la libertad de prensa y al artículo 20 de la Constitución, que protege el secreto profesional, y que busca amedrentar a futuros informadores.

Un resumen del caso Cursach

Bartolomé Cursach, mas conocido como Tolo, es un empresario mallorquín que comenzó su imperio recogiendo pelotas de tenis en un elitista club. Desde ese humilde comienzo, llegó con el tiempo a convertirse  en dueño y señor de la noche balear. Mas de un millón y medio de clientes pasan por sus variados locales de ocio, desde Pachá (su anterior propietario dice que vendió porque fue extorsionado) a BCM, discoteca nombrada con sus propias iniciales, que se pueden ver bañadas en pan de oro a la entrada en un ejercicio de humildad. A partir de ahí, gimnasios, hoteles y otros negocios que acabaron en un monopolio que factura millones de euros. Llegó incluso a ser máximo accionista del Mallorca. Pero ya se sabe, para amasar una fortuna hay que hacer harina con mucha gente, y parte de esa gente machacada acabó declarando ante un juez.

Tras cuatro años de instrucción, en septiembre de este año se levantó el secreto de sumario, y pudimos comprobar la magnitud del caso. Al parecer, a parte de la extorsión a potenciales competidores, Tolo estaba protegido por un entramado que incluía policías, políticos y otras personalidades con mucha influencia. Todos comprados a base de pagas extra y noches "épicas" con barra libre de drogas y prostitutas. En total, al pobre Tolo se le acusa de 16 delitos graves, entre los que se incluye cohecho, extorsión, amenazas, pertenencia a organización criminal, delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo, tráfico de influencias, homicidio, corrupción de menores o tenencia ilícita de armas. A pesar del repoker de ases delictivo, Tolo sigue en la calle, mientras que los testigos protegidos que han declarado en el caso han descrito sobornos, chantajes y palizas. Entre sus amigos, como no, muchos cargos del PP. Un ex trabajador de Cursach, según aparece en el auto, asegura que la fiesta electoral del PP tras las elecciones autonómicas fue pagada íntegramente por Tolo y celebrada en una de sus discotecas. También era íntimo amigo de Jaume Matas y Gabriel Cañellas (ex presidente balear entre 1983 y 1995).

El caso sale a la luz

Este caso se hizo público a través de una noticia publicada en julio de este año por Europa Press y Diario de Mallorca, donde se informaba de que la Policía estaba investigando un presunto fraude a Hacienda del grupo empresarial de Cursach. Debido a esta noticia, se inició un procedimiento judicial por un supuesto delito de revelación de secretos que ha provocado la visita de la policía a las redacciones en Palma de Mallorca de estos medios de comunicación. Este mismo martes, la Policía Nacional se personó en la redacción del Diario de Mallorca, reteniendo al periodista Kiko Mestre para requisarle su teléfono personal. Por la tarde acudió a la sede de Europa Press en Baleares para hacer lo mismo con otra periodista. Este caso supone un flagrante delito contra la libertad de prensa y el derecho constitucional de los periodistas a no revelar la identidad de la persona o las personas que les suministran la información. En el siguiente vídeo Kiko Maestre explica lo sucedido:

Según una exclusiva de Público, los registros a periodistas en Palma buscan destruir al fiscal que investiga el caso. Según esta exclusiva, "se ha pactado en los despachos" que no se va a perseguir al magnate de la noche mallorquina por el presunto delito fiscal contenido en el informe policial filtrado, y que se quiere hacer responsable al fiscal Subirán de revelación de secretos para "hacer zozobrar toda la causa" sobre la mafia policial y del PP. Si se consigue demostrar, estamos ante un caso de enormes dimensiones con muchas repercusiones.

Volviendo al tema del secuestro de móviles de periodistas, puede que no parezca excesivamente grave comparado con los delitos anteriores que se investigan en el caso, pero si lo analizamos con perspectiva, para la sociedad el perjuicio es MUCHO mayor. Y lo es porque supone un peligrosísimo antecedente que busca intimidar a las fuentes de información de los periodistas. Si lo piensas, la mayor parte de los escándalos que han salido a la luz ha sido siempre gracias a una fuente de información, que es protegida por la Constitución y el derecho al secreto profesional. Si se socaba este derecho, las fuentes de información estarán desprotegidas y dejarán de cumplir su misión de destapar este tipo de delitos y escándalos que salpican a las élites. Con la policía, el poder político y parte del judicial comprados, Cursach vivía tranquilo. Hasta que se destapó el escándalo gracias a estas fuentes que ahora se persiguen en un claro intento de amedrentar a futuros informadores. Por esta razón, el secuestro del teléfono móvil de un periodista no es algo secundario, es un gravísimo caso de ataque a la libertad de prensa que no debería ser tolerado en un estado moderno. El periodismo español dista mucho de ser ejemplar a día de hoy, y este tipo de actuaciones buscan darle la puntilla. En un momento en el que la libre información se convierte en uno de los campos de lucha por una sociedad mas justa, lo último que necesitamos es a la policía en las redacciones, algo a lo que nos estamos acostumbrando peligrosamente.