La crisis global del COVID-19 ha disparado el gasto público para apoyar la respuesta sanitaria, proteger el empleo y acompañar a las familias de menos ingresos. Pero la carga económica no debe recaer desproporcionadamente sobre quienes menos tienen. Rebajar los tipos nominales del impuesto de sociedades “para estimular la inversión en la reconstrucción” no será una opción económicamente efectiva ni socialmente adecuada. Por el contrario, la recaudación sobre los beneficios empresariales debe reforzarse en base a un modelo que intensifique la cooperación internacional y que ponga coto a la erosión de la base y tipos mínimos. Hay alternativas a los recortes en políticas públicas y pasan por convertir el impuesto de sociedades en una tributación más progresiva para proteger a las pequeñas y medianas empresas, así como en una imposición más efectiva de la riqueza, especialmente de la riqueza offshore.

Un gobierno comprometido con una salida responsable ante esta crisis debería:

1. Introducir impuestos sobre los servicios digitales, diseñados con carácter progresivo y que se apliquen sobre las rentas económicas generadas por las empresas multinacionales de este sector. 
2. Aplicar un tipo impositivo más elevado sobre los beneficios extraordinarios sobre las grandes empresas en los sectores oligopolizados.
3. Aplicar un 25% como tipo mínimo efectivo del impuesto sobre sociedades en cada país para detener la erosión de las bases imponibles y el desplazamiento de beneficios.
4. Exigir que para todas las empresas que reciban apoyo Estatal tengan que publicar su reporte país por país (con los principales datos financieros y tributarios en cada territorio en el que operan).
5. Publicar datos sobre la riqueza offshore para que cada jurisdicción pueda gravar de forma efectiva y progresiva el patrimonio neto de sus residentes, con un mayor control de los tipos reales que paguen las grandes fortunas y los contribuyentes de altas rentas.  progresivos para sus residentes.

El mundo sigue luchando por contener la primera etapa de la crisis sanitaria del COVID-19. Pero mientras no contemos con una vacuna disponible en cada país, nuevas oleadas de la pandemia amenazan con golpearnos de nuevo, dificultando que pueda restablecerse algún tipo de “nueva normalidad”.

El PIB mundial y los flujos comerciales ya han experimentado graves contracciones y la recuperación será lenta y desequilibrada. La incertidumbre sobre la velocidad y la profundidad de las etapas de la pandemia es generalizada, por lo que la aversión al riesgo es alta y generan una contracción en el consumo y la inversión privada. Como efecto agregado, las cadenas de suministro y la producción se han visto drásticamente interrumpidas.

Es probable por tanto que aún tardemos en poder volver a la “normalidad” durante algún tiempo. No obstante, es importante recordar que la capacidad productiva -tanto en capital como en términos humanos- no ha sido destruida ni desviada a otros usos, como ocurriría en tiempos de guerra. No obstante, si la recesión económica se prolonga y se acompaña de un gran número de quiebras empresariales, se producirá entonces una destrucción del capital organizativo y el aumento normal del capital humano y físico que es habitual después de una crisis será entonces mucho más frágil o puede incluso no producirse.

Lo que ha ocurrido es una desarticulación acelerada y radical de la economía mundial, cuyas consecuencias son desproporcionadamente duras para quienes tienen un menor ahorro o menos capacidad para contar con apoyo fiscal.

El confinamiento ha tenido un mayor efecto sobre sectores de servicios como el turismo, los servicios de entretenimiento y el transporte aéreo de pasajeros. Los controles de movilidad y la casi paralización de la actividad económica dentro de los países también han generado disminuciones de la producción, un aumento del desempleo y graves pérdidas de ingresos para los trabajadores informales.

Las medidas de bloqueo en los países desarrollados parecen estar siendo relativamente eficaces en lo que respecta a la salud y el bienestar públicos, a pesar de la desarticulación de la economía. Sin embargo, el incremento en gasto del Estado para ampliar la capacidad de la sanidad pública, la cobertura social y los rescates de empresas, se ha sumado al desplome en los ingresos fiscales. Y de manera generalizada, en este mismo año 2020 la relación entre la deuda y el PIB se ha disparado creciendo en 20 puntos porcentuales e incluso más en varias economías avanzadas .

En los países en desarrollo, la debilidad de los sistemas de salud pública combinada con las medidas de confinamiento para frenar el contagio ya ha tenido efectos devastadores en los medios de subsistencia y acceso a alimentos para una gran proporción de la población.

Las repercusiones económicas de la pandemia en los distintos países se ven magnificadas por la caída de flujos de exportaciones, la ruptura de las cadenas de suministro, el colapso del turismo extranjero y el desplome de los precios de las materias primas. La súbita disminución de las remesas de los trabajadores en el extranjero también ha exacerbado la contracción en los ingresos disponibles. En los países en desarrollo, los coeficientes de deuda con respecto al PIB también aumentarán considerablemente, pero su capacidad para aplicar políticas fiscales expansionistas se verá limitada por el efecto de la fuga de capitales al exterior.

En un mundo ideal, la recuperación económica y el rápido crecimiento, una vez contenida la pandemia, irán reduciendo de manera continua tanto el déficit fiscal como el coeficiente de endeudamiento y elevarían así el indicador de sostenibilidad fiscal.

Las guerras pueden estimular la solidaridad social, hacer que los países tomen conciencia de las debilidades preexistentes y aumentar la determinación política de abordarlas. Pero en la práctica el incumplimiento de la deuda no es infrecuente en las situaciones de posguerra. Los perdedores inmediatos son entonces los tenedores de bonos y, por lo tanto, esta opción opera en cierta medida como si fuera un impuesto de única aplicación (one-off) sobre dichos activos. Sin embargo, el efecto indirecto es una posible pérdida de acceso a los mercados de deuda nacionales e internacionales que puede generar un efecto inverso sobre la inversión y retrasar la recuperación económica. Si la monetización de la deuda en poder del banco central eleva las tasas de inflación bajo el efecto de las restricciones de la oferta, también reducirá el coeficiente de deuda nominal. Una vez más, los tenedores de bonos ven reducida el valor real de sus activos, pero la inflación aumentará los tipos de interés y reducirá los salarios reales.

Aunque es probable que estas alternativas de gestión de la deuda tengan efectos débiles en el contexto actual, cabe celebrar la renuencia de las instituciones financieras internacionales en esta crisis a recurrir a medidas de austeridad para generar superávits fiscales y pagar la deuda, habida cuenta tanto de la evidente ineficiencia de esas medidas en las crisis anteriores como de sus repercusiones en los sectores más vulnerables de la población.

Habida cuenta de la necesidad urgente de recursos públicos, mantener las estructuras tributarias actuales no será una vía de salida suficiente. El desplome de los beneficios empresariales (salvo tal vez en el caso de las grandes multinacionales del comercio electrónico y los proveedores de servicios médicos) desencadenará también una caída drástica en la recaudación del impuesto de sociedades, sobre las rentas empresariales. La contracción del consumo afecta a los niveles recaudatorios por impuestos generales sobre ventas o el IVA – impuesto sobre el valor agregado reducen la capacidad al igual que las tasas de empleo afectan al impuesto sobre la renta de las personas físicas. Por lo tanto, los ingresos fiscales mundiales probablemente caerán de manera aún mucho más acusada comparada con la crisis financiera entre 2007 y 2009, en la que recogió una caída mundial del 11,5%2 .

Las grandes empresas ya están presionando para obtener concesiones fiscales y rescates con el argumento de tener que “estimular la inversión de cara a la reconstrucción”. Reducir aún más los tipos nominales en el impuesto de sociedades exacerbaría aún más la “carrera hacia el fondo” internacional en la tributación empresarial con el fin de atraer la inversión extranjera.

Los rescates en sí mismos representan ya una gran amenaza para el ya frágil régimen comercial mundial basado en reglas y consensos, que proscribe las ayudas públicas. Estas ayudas de Estado no sólo destruyen el principio de igualdad de condiciones a la hora de operar en el mercado, sino que tiene un efecto particularmente adverso para los países en desarrollo, que carecen de recursos para prestar un apoyo similar en escala al que prestan los países desarrollados.

No hay evidencias que respalden que la tendencia de estos últimos años a rebajar los tipos nominales del impuesto de sociedades haya generado un efecto de estímulo sobre la inversión productiva y el crecimiento. Durante la actual pandemia, es evidente que la mayoría de las grandes empresas sufrirán por un exceso de capacidad y se enfrentarán a problemas de liquidez que pueden resolverse con líneas de crédito . Además, el impuesto de sociedades es efectivamente un impuesto sobre los beneficios puros, que se situarán en niveles bajos o incluso negativos mientras dure la pandemia, por lo que la reducción de la tasa no les ayudará. A medida que la economía mundial empiece lentamente la senda de la recuperación, los recortes en tipos impositivos no contribuirán a estimular la inversión empresarial porque ya hay un exceso de capacidad y los planes de expansión se verán limitados por los altos niveles de incertidumbre. En la práctica, el impuesto de sociedades opera como una retención sobre los dividendos y, por lo tanto, un impuesto sobre la renta de los más ricos, porque la riqueza financiera a través de la tenencia de acciones (directa o indirectamente a través de, por ejemplo, los fondos de pensiones) se distribuyen de manera aún más desigual que las rentas del trabajo.

La pandemia ha reforzado la necesidad de una mayor cooperación internacional en sectores como la salud, el transporte y las finanzas en particular. Lo mismo ocurre con la fiscalidad.

No es el momento de reducir los tipos impositivos ni de detener los esfuerzos de coordinación fiscal. En un mundo globalizado, esto sólo puede lograrse mediante la cooperación internacional para evitar la evasión y elusión de impuestos por parte de las grandes empresas. Las iniciativas presentadas por el G-245 para la atribución de los beneficios globales por aplicación de fórmulas predeterminadas. El funcionamiento del sistema fiscal internacional debería además reforzarse por la adopción de tipo impositivo mínimo efectivo sobre los beneficios globales de las empresas multinacionales de al menos el 25%.

La idea de aplicar un nuevo impuesto a grandes empresas que cuenten con resultados extraordinarios como resultado de sus condiciones específicas durante pandemia está siendo ya objeto de un amplio debate. Se inspira en precedentes similares de impuestos aplicados durante la segunda guerra mundial a los proveedores de material militar o en casos más recientes sobre ganancias inesperadas de determinados contratos petroleros, y que hoy afectaría muy probablemente a muchas de las empresas de ecommerce en la actualidad o del sector farmacéutico en un futuro próximo. Sin duda alguna, los ingresos generados por este tipo de impuestos podrían destinarse específicamente a cubrir los costes de inversión (públicos y privados) de la pandemia. También en este caso, para generar una recaudación efectiva en cada uno de los países en los que operan dichas empresas se requiere un enfoque global7 . Las corrientes de apoyo en la actualidad a las medidas de este tipo también sugieren que los gobiernos deberían considerar la posibilidad de incorporar mayor progresividad en la tributación sobre los beneficios empresariales, con tipos más altos para las empresas más grandes (especialmente los monopolios/oligopolios) y tipos más bajos para las empresas más pequeñas en los sectores altamente competitivos. Esto debería incluir impuestos progresivos sobre los servicios digitales, que apuntan a la renta económica de los negocios digitales, de modo que la tasa impositiva aumente a medida que las ventas se incrementen.

Además, la pandemia ha puesto de relieve la naturaleza especial del contrato que vincula a las empresas con el Estado. El contexto legal confiere una serie de privilegios, como la responsabilidad limitada y el apoyo del gobierno en las crisis nacionales, pero también impone obligaciones, en particular impuestos para financiar el “contrato social”.

Cuando las grandes empresas abusan de los paraísos fiscales para reducir al mínimo su contribución fiscal, también renuncian lógicamente a su pretensión de contar con apoyo de los gobiernos en los que se desarrolla la mayor parte de su actividad.

Esta contradicción se ilustra vívidamente consideramos las reclamaciones de las líneas de cruceros que operan bajo banderas de conveniencia pero que reclaman sin embargo el apoyo público de los Estados Unidos. Parece por tanto lógico prohibir el apoyo con fondos públicos a las empresas que tienen su sede o sus filiales en paraísos fiscales, como ya han propuesto algunos gobiernos . Además, la ayuda pública a grandes empresas debería estar condicionada a la publicación de los datos financieros de los reportes país por país.

Si los más ricos no acaban soportando una parte proporcional de la carga económica de la pandemia, ni la recaudación nacional sobre impuestos como el impuesto sobre la renta ni incluso la coordinación internacional sobre la tributación empresarial serán suficientes. Por eso, es necesario lograr una tributación efectiva de la riqueza, y en particular sobre los activos en el extranjero (riqueza offshore). En tiempos de crisis globales, se suele producir un efecto de impulso natural que lleva a las grandes fortunas a retirar sus activos del capital de las grandes empresas sustituyéndolo por deuda contando preferentemente con el respaldo del gobierno mientras transfieran los activos al extranjero para mantenerlos “a salvo”, es decir, a salvo de las autoridades tributarias. Así ocurrió de hecho con la reforma del impuesto de sociedades de los Estados Unidos en 2017, El uso de estructuras offshore permite no sólo que la propiedad real de esta riqueza permanezca oculta, sino también su ubicación y tal vez su misma existencia. Esta misma opacidad también crea un terreno fértil para el fraude fiscal y para los delitos financieros.

La creación de registros de activos permitiría además identificar, medir y comprender mejor la concentración de riqueza, facilitaría un debate público y normativo bien informado sobre el grado de desigualdad deseado y sería una palanca de cambio hacia un diseño tributario que contribuya a la reducción de la desigualdad. Como medida inmediata para que cada Estado pueda poner en marcha una imposición efectiva sobre el patrimonio real de sus residentes (tanto en el país como en el extranjero) la OCDE debería velar por que sus acuerdos de intercambio de información, incluida el Common Reporting Standard – CRS (estándar común de reporte sobre el intercambio automático de información financiera entre países con finalidad tributaria) se abran plenamente a todos los países, incluidos los países en desarrollo no pertenecientes a la OCDE que hasta la fecha han quedado excluidos. Por último, pero no por ello menos importante, la OCDE debería publicar datos sobre el conjunto de la riqueza privada offshore desagregados por país de origen y de destino. Los contribuyentes tienen que poder exigir a sus gobiernos que rindan cuentas por no gravar los activos offshore no declarados, ejercer una vigilancia sobre los tipos efectivos de las rentas más altas y contribuir a que se puedan avanzar en reformas para impulsar impuestos sobre el patrimonio efectivos y progresivos para sus residentes.