PARTE I: POBREZA

La otras pandemias que asolan el Estado español

Mientras que la pandemia generada por la covid-19 sigue asolando el Estado español causando muertes y llenando titulares, hay otra pandemia que, al parecer, no causa tanta preocupación publica pero que es devastadora: la pobreza estructural. Según el informe anual de desigualdad de Oxfam, cerca de 800.000 personas habrían caído en la pobreza severa en el Estado debido a la crisis provocada por la actual pandemia. En total hay ya más de 5 millones de ciudadanos en estas condiciones en el país. En cuanto a los que se encuentra en situación de pobreza, la cifra se elevó en un millón durante el año pasado, hasta sumar casi 11 millones de personas en España. Sin embargo, la realidad muestra que la pobreza tenía el terreno abonado antes de que estallara el virus.

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Mapa con la tasa de pobreza o exclusión social por provincias ( "El estado de la pobreza" - EAPN-ES, 2019) superpuesto con una imagen de una persona pidiendo en la calle.
La otras pandemias que asolan el Estado español

Como bien sabe el lector, a día de hoy el Estado español está sufriendo una crisis sanitaria sin precedentes provocada por la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2 que se ha extendiendo a lo largo y ancho del planeta dejando tras de sí una estela de sufrimiento y miseria.

El 2020 fue el año más mortal de la historia democrática del Estado español tanto en números absolutos como ajustando por población, según cálculos realizados por elDiario.es. En la última semana del pasado año se contabilizaron 499.764 muertes, un 20.4% más que en el año anterior.  

La covid-19 ha sido una de las principales causas de este ascenso en los fallecimientos. Según el Sistema de Monitorización de la Mortalidad (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III, se han registrado dos periodos destacables de exceso de mortalidad durante este año. Ambos coinciden con la primera y segunda ola de la pandemia de la covid-19.

El primer pico se sitúa entre los meses de marzo y mayo. En esta etapa hubo un 66,9% más de muertes de lo estimado. El informe indica que se registró un total de 111.253 fallecidos cuando la estimación en ese periodo era de 66.654 muertes. Por lo tanto, entre estos meses han muerto más de 44.500 personas de lo previsto. El segundo periodo comprende entre los meses de julio y diciembre de 2020. En este caso ha muerto un 16,6% más de personas respecto a su estimación. El número de fallecidos se ha situado en 183.760 mientras que se esperaba una cifra de alrededor de 157.000 personas. La diferencia entre ambas cifras es superior a 26.000 personasPublico

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Estimación del número de defunciones semanales. Fuente: INE

 

Los datos no mienten y la realidad es cada vez más evidente: la pandemia generada por el SARS-CoV-2 está produciendo una catástrofe humana en el Estado mientras la élite política esconde la cabeza debajo del suelo. Es un hecho.

Sin embargo, si nos paramos a pensar un poco, nos daremos cuenta de que el Estado sufre otra “pandemia” devastadora que genera muerte, sufrimiento y miseria pero que no llena los titulares: la pobreza.

La pandemia genera más desigualdad

Según el informe anual de desigualdad que publica la ONG Oxfam Intermón, cerca de 800.000 personas habrían caído en la "pobreza severa" en España debido a la crisis sanitaria provocada por la covid-19.

El total de personas en esta situación, que son las que viven con menos del equivalente a 16 euros al día, podría alcanzar la cifra de 5.1 millones de personas, lo que supone un aumento desde el 9.2% registrado antes de la pandemia hasta el 10.86%.

Según el informe, la tasa de "pobreza relativa" en España pasó del 20.7% hasta el 22.9%, lo que supone un millón de personas más por debajo de la línea de pobreza, estimada en 24 euros al día, hasta alcanzar los 10.9 millones de personas durante el 2020.

Los datos demuestran cómo la pandemia se ha cebado con las personas más vulnerables. Sin una respuesta adecuada, hay un grave riesgo de que la salida de la crisis profundice y eternice las desigualdades en España, empobreciendo a las personas más pobres mientras las más ricas se recuperan a paso firme. El mensaje más importante en este sentido es que las políticas públicas pueden servir para cambiar esta situación, como lo demuestran los ERTE y otras medidas como el Ingreso Mínimo Vital, aunque éste necesita mejoras urgentes en su puesta en práctica - Franc Cortada, director de Oxfam Intermón.

Los colectivos más afectados por la desigualdad que ha provocado la pandemia, según el citado informe, son las personas migrantes, los jóvenes y las mujeres.

El índice de pobreza entre la población migrante alcanzaría el 57%, frente al 22,9% de media del total de la población. Al respecto, son especialmente vulnerables las 300.000 personas trabajadoras que se encuentran en situación administrativa irregular.

Entre las personas jóvenes, esta desigualdad en los ingresos salariales aumentó 1.6 veces por encima del promedio, mientras que la tasa de desempleo llega al 55% entre las personas menores de 20 años. Las mujeres, por su parte, constituyen el 57% de todas las personas subempleadas y el 73% de las que trabajan a tiempo parcial.

El factor trabajo ha sido determinante en el aumento de la pobreza. En 2020 se perdieron 360.000 empleos en el país, además de las 780.000 personas que en diciembre permanecían en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Según la ONG, los ERTE han evitado que unas 710.000 personas hayan caído en la pobreza.

También destaca el papel del ingreso mínimo vital (IMV), pero subraya que solo ha llegado, según datos del Gobierno, a 160.000 de los 850.000 hogares previstos. Al respecto, Oxfam calcula que si el IMV hubiese actuado sobre el número de familias esperadas habría salvado de la pobreza a 277.000 personas y reducido la pobreza severa en 230.000 personas.

Terreno abonado antes de la pandemia

"La Gran Recesión" que comenzó en 2008, ha destruido la vida de cientos de miles de personas en el Estado. La precarización galopante de las condiciones laborales ha condenado a la pobreza o la inseguridad laboral a una parte muy importante de la población.

Mientras, la oligarquía ha cuadriplicado su riqueza tras la crisis económica, aumentado así la brecha existente entre los más privilegiados y castigados por el sistema.

El estado español, «estado social y democrático» según la constitución, no es nada más y nada menos que una "plutocracia", es decir, que el poder está en manos de los más ricos o muy influenciado por ellos. Poco importan estos hechos en un Estado que alardea de su gran y eficiente sistema de “protección social”.

Los más dramático es que tuvo que ser un relator especial de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos el que sacudiera el avispero hace un año para que la simple y llana realidad, bien conocida por el mundo entero, copara los titulares y se convirtiera en noticia.

«España le está fallando por completo a buena parte de su sociedad, aquella que vive en la pobreza, cuya situación ahora se encuentra entre las peores de la Unión Europea». Estas palabras, especialmente duras, fueron las utilizadas por Philip Alston, el relator especial de la ONU, para describir la precaria situación que tienen que soportar las personas más vulnerables del Estado. «Los grandes beneficiados son los ricos y las empresas que, pese a los beneficios, pagan menos impuestos que antes de la recesión», continuó.

Muchos perdieron sus ahorros durante la crisis y otros se encuentran ahora en una situación en la que tienen que elegir entre poner comida en la mesa y calentar una casa. Demasiados están mirando la posibilidad de que sufran un desalojo, incapaces de encontrar viviendas asequibles - Philip Alston, relator especial de la ONU de pobreza extrema y derechos humanos.

Hablando en cifras: En 2018, el 26,1% de la población en España, y el 29,5% de los niños, se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social. Más del 55% de la población experimentó algún grado de dificultad para llegar a fin de mes y el 5,4% sufrió privación material severa.

El relator subrayó el hecho de que muchas personas tienen que trabajar en empleos que son mal pagados, con contratos a tiempo parcial o temporales, ganado salarios «lamentablemente inadecuados para cubrir las necesidades básicas».

Los niveles de pobreza en España reflejan una decisión política. Esa decisión política ha sido hecha durante la última década. Quiero resaltar el hecho de que entre 2007 y 2017, los ingresos del 1% más rico crecieron un 24% mientras que para el 90% restante subieron menos de un 2%. El Estado español optó por recaudar un 5% menos de impuestos que cualquier otro Gobierno europeo y eso, claro, significa que tiene menos dinero para gastar en protección social - Philip Alston, relator especial de la ONU de pobreza extrema y derechos humanos.

Tal y como lo mencionaba Alston, la desigualdad es «sorprendentemente alta», con indicadores «muy por encima del promedio de la UE». Según Eurostat, en 2018 el coeficiente GINI (coeficiente que mide la desigualdad de ingresos donde 0 sería la perfecta igualdad y el 1 la perfecta desigualdad), perteneciente al Estado español era de 0,332, uno de los más altos de la Unión Europea. La media europea se colocaría en el 0,304.

El Estado español es uno de esos países donde las ciudades se convierten en el vivo reflejo de la desigualdad. No hay más que transitar por Barcelona, Madrid o Bilbao, por ejemplo, para percatarse de este hecho. Las grandes avenidas, bien cuidadas, repletas de comercios "high class" y custodiadas por los agentes de la ley y los barrios acomodados chocan frontalmente con los barrios más desfavorecidos, donde la pobreza es visible y hasta los servicios más básicos escasean.

Según el relator, en la provincia de Huelva, por ejemplo, ciertas barriadas que dan cobijo a los trabajadores temporales de la fresa presentan condiciones más deplorables que las de un campamento de refugiados. «Las condiciones que observé son simplemente inhumanas», afirmó al respecto el relator.

Tanto en las ciudades como en las urbes con menor densidad poblacional, el acceso a la vivienda presenta un gran desafío. La vivienda, que es una necesidad fundamental, se ha convertido en un bien de lujo en muchas partes de la geografía española.

El aumento del coste de la vivienda ha estado acompañado de «tasas sorprendentes» de desalojos, afirmó el relator en su informe, proporcionando los siguientes datos: «el número anual de desalojos aumentó de 16.097 en 2006 a 59.671 en 2018, con 712.723 desalojos totales entre 2006 y el tercer trimestre de 2019».  

Esta, no obstante, es una imagen incompleta que no tiene en cuenta los desalojos de ocupantes ilegales o el número total de personas afectadas. Miles de personas han sido despojadas de sus hogares. Mientras, las viviendas de alquiler de bajo costo son casi inexistentes y hay más de 3,8 millones de viviendas vacantes, muchas de ellas por puros intereses especulativos.

Por último, hay que subrayar que las áreas rurales tampoco se libran. Según el informe del relator, el ingreso promedio real per cápita cayó 13.5 % entre 2009 y 2018. La España rural se está vaciando y la población está envejeciendo. Catorce provincias están muy afectadas por el “declive demográfico”, con más del 25% de su población superando los 65 años o más. Las personas que viven en situación de pobreza en el mundo rural enfrentan «desafíos únicos» y un riesgo muy alto de pobreza o exclusión social, según el relator.