La “Operación Cóndor 2.0” y el caso boliviano

La “Operación Cóndor 2.0” es un proceso que se está desarrollando de manera oculta, y que se basa en la ingeniería política y social, donde las nuevas técnicas de propaganda (vía redes sociales) adquieren una dimensión colosal. Si lo comparamos con la Operación Cóndor original que desangró América del Sur en la década de los 70 y 80, se podría afirmar que es más sutil, ya que busca desestabilizar desde dentro los Estados objetivo. Sin lugar a dudas, Bolivia ha sido una de las víctimas más recientes de esta operación que tiene el sello de Estados Unidos. 

La “Operación Cóndor 2.0” y el caso boliviano

La victoria del MAS: un respiro para los soberanistas de América del Sur

Hace un año, un golpe de Estado orquestado por los sectores oligárquicos del país logró desplazar del poder al presidente legítimo Evo Morales en Bolivia. Este hecho se materializó en un contexto en el cual los gobiernos soberanistas están en minoría en América del Sur. En 2019, antes de que se materializara el golpe contra Morales, Venezuela y Bolivia eran los únicos Estados que seguían defendiendo una agenda soberanista, izquierdista (con sus éxitos y fracasos) y de integración.

El triunfo de Hugo Chávez (1999) y su discurso revolucionario de justicia abrieron una nueva etapa de cambios, acompañados por el fortalecimiento de los procesos de integración que se han vivido en toda la región. Este hecho enfureció de manera notoria a EE.UU. y a los sectores derechistas y oligárquicos de América del Sur, ya que tenían mucho que perder con el nuevo orden que comenzó a emerger. 

Desde que se creó la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) en 2008, la movilización de las oligarquías nacionales, sectores derechistas y la injerencia de países como Estados Unidos (junto a los errores que se han registrado) han logrado debilitar o desplazar del poder a ciertos líderes políticos soberanistas.  

Sin embargo, un año después de que Morales fuera destituido de manera ilegal, el MAS ha arrasado en las elecciones. Los sondeos a pie de urna no dejan lugar a muchas dudas ni artimañas: Luis Arce, candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), lograría el 52,4% de los votos frente al 31,5% de su rival más directo, Carlos Mesa. El candidato de ultra derecha Luis Fernando Camacho consiguió tan solo el 14%. La jornada electoral estuvo marcada por la paz y la impresionante afluencia a las urnas: casi el 85% del padrón electoral ejerció su derecho a voto. 

Este hecho, o mejor dicho la nula reacción de la derecha golpista (hasta ahora por lo menos) ante los resultados, genera numerosas preguntas en estos instantes. Mientras que algunos defienden que se está diseñando un plan para desplazar al MAS del poder, otros afirman que la histórica derrota ha dejado bloqueada a una derecha y extrema derecha que estaban muy airadas. Otros afirman que el pescado ya se ha vendido (en referencia al litio). Lo que está claro es que, a día de hoy, nada está claro en lo referente al futuro del país andino.

La “Operación Cóndor 2.0": el ejemplo de Bolivia  

En la Cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur) celebrada el 17 de julio de 2015 en Brasilia, la entonces presidenta argentina, Cristina Fernández, encendió las alarmas de los pueblos de la región cuando afirmó que se estaba gestando una nueva "Operación Cóndor" en contra de los gobiernos populares y las democracias en la región. “Tal vez ahora se esté pergeñando en algún lugar un nuevo plan, que va ser útil y sofisticado”, afirmó.

La Operación Cóndor 2.0, sin embargo, resulta en una acción más sutil que la brutalidad de los tanques y metralletas que ya usaron ciertos sectores en la década de los 70 y 80. Se trata de un proceso que se desarrolla de manera oculta, y que basa en la ingeniería política y social, donde las nuevas técnicas de propaganda (vía redes sociales) adquieren una dimensión colosal.

Uno de los actores clave, que sirven como proxi de potencias como EE.UU., son las élites que se han visto desplazadas de las estructuras de poder en los últimos años. Estas élites, ávidas de venganza, quieren recuperar los privilegios que les han sido arrebatados en beneficio de una mayoría social mermada por la estructura.  

Hay numerosos ejemplos que muestran la tendencia vigente:

  • El 10 de diciembre 2015, después de desplazar del poder al centro izquierdista Cristina Fernández de Kirchner, el derechista Mauricio Macri obtuvo las llaves del poder en Argentina y orientó al país hacia Washington, priorizando el mercado norteamericano. Fue presidente hasta el 10 de diciembre de 2019.
  • En 2016, después de utilizar todos los medios disponibles para apartar del poder al Partido de los Trabajadores (partido de Lula da Silva y Dilma Rousseff) el derechista Michel Temer abrazó la presidencia de Brasil. Tres años después, el 1 de enero de 2019, el nacionalista y conservador Jair Bolsonaro, firme defensor de la dictadura militar, accedió al poder mediante un discurso incendiario de extrema derecha.
  • En 2017, Lenín Moreno (vicepresidente durante el liderazgo de Correa) se convirtió en presidente de Ecuador. Casi a la velocidad de la luz, el país dejó atrás la senda instaurada por Rafael Correa y se acercó a la Casa Blanca.
  • En 2018, el derechista y pro estadounidense Sebastián Piñera abrazó la presidencia de Chile, desplazando del poder a la centroizquierdista Michelle Bachelet.
  • El 30 de abril de 2019, Venezuela fue testigo de la implementación de la llamada “Operación Libertad”, un levantamiento orquestado por la oligarquía del país, sectores descontentos, y muy probablemente por la Casa Blanca y la CIA, para derrocar a Nicolás Maduro. La operación, dirigida oficialmente por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y peón de Washington Juan Guaidó, fue un verdadero fiasco, pero fue una clara advertencia. Diversos gobiernos y organismos internacionales se posicionaron a favor de Guaidó: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú, Paraguay, OEA y el Grupo de Lima.

En 2006, Bolivia estaba al borde la quiebra, con una situación social insostenible y unos niveles de pobreza muy preocupantes. El 22 de enero de ese año, el país veía como el primer presidente indígena tomaba posesión del cargo de Presidente Constitucional de la República. Evo Morales se hacía con el mando, y su hoja de ruta para recuperar el país tenía como ejes principales la redistribución más justa de la riqueza, la defensa a ultranza de los sectores más desfavorecidos, la sanidad, la educación, la lucha contra los oligopolios y la injerencia imperialista. En definitiva, la justicia social. Las palabras son muy bonitas, pero han de demostrarse con hechos. Y Evo lo hizo. En sus trece años de mandato la mejoría en la calidad de vida de la población fue innegable: 

  • El PIB pasó de 9.000 millones de dólares a 40.000 millones.
  • La pobreza extrema se redujo del 38 al 15%. 
  • El desempleo bajó de 8,1% a 4,2%. 
  • El salario mínimo aumentó de 60 a 310 dólares.
  • Las nacionalizaciones ahorraron al Estado en torno al 2% del PIB anual. 
  • Se construyeron más de 34 hospitales, 1.061 centros de salud, 1.206 unidades educativas, 5.000 kilómetros de carreteras...
  • La esperanza de vida pasó de 64 a 71 años.

A pesar de estos increíbles datos que demuestran una gran gestión, Evo llegó a las elecciones de 2019 sin demasiada ventaja con su principal oponente, Carlos Mesa. Las razones de este desgaste son múltiples y variadas, desde la confrontación en el propio seno de la izquierda boliviana, a la falta de contundencia de Evo con la corrupción o el ataque continuo de la derecha. Pero sin duda su gran error fue el de ignorar el referéndum de 2016 que lo inhabilitaba para presentarse como candidato a una nueva reelección, y su decisión posterior de recurrir al Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE) para optar a un nuevo mandato mediante los despachos. Esa fue la puerta por la que entró en tromba y por sorpresa la derecha ultraconservadora y oligárquica, impulsada con potencia desde el exterior.

Porque probablemente el hecho que más caro le ha costado a Evo Morales fue su "enfrentamiento" con EE.UU. y los intereses de las grandes multinacionales con intereses en el país. Las nacionalizaciones de ciertos sectores clave supusieron un peligroso precedente que no se podía permitir en una Sudamérica en continua lucha entre los movimientos sociales y el imperialismo neoliberal.

De este modo se originó la "tormenta perfecta" que llevó a una oligarquía minoritaria a dar un golpe de Estado siguiendo la tradición sudamericana del último siglo, pero con nuevas técnicas. Al respecto, el reporte mensual de Facebook confirma que en agosto de 2020 detectó una red de 46 páginas de Facebook y diferentes perfiles falsos de Instagram con campañas de desinformación apoyando el golpe de Estado de Bolivia, entre otros hechos.  

Tras el cual estaría la empresa estadounidense CLS Estrategies, empresa vinculada con Atlantic Council (José María Aznar (FAES) y Bardají (VOX)), Atlas Network, la OEA y a la USAID y la NED, organismos públicos de los EEUU, conocidos por financiar medios de comunicación y organizaciones que apoyaron el golpe en Bolivia y que operan contra los espacios políticos que no siguen los intereses económicos y geopolíticos de los Estados Unidos – Contrainformación.

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El domingo 10 de noviembre, la Organización de Estados Americanos (OEA), controlada por Estados Unidos, llamaba a la repetición electoral en el país tras recibir los resultados preliminares de la auditoría de los comicios del pasado 20 de octubre, asegurando que la primera ronda de las elecciones bolivianas tenía que ser "anulada". En muy poco tiempo, esta teoría estaba desmontada y se daba por falsa. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La acusación no era más que una excusa para tomar el poder por la fuerza

En ese momento, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia y el comandante de la Policía Boliviana "sugieren la renuncia" de Evo Morales, que se ve obligado a escapar del país. El golpe de Estado es aplicado al "estilo Blitzkrieg" y con nuevas técnicas de blanqueamiento internacional, logrando destituir a Morales en tiempo récord. No obstante, sus seguidores y sobre todo las comunidades indígenas empezaron a manifestarse para mostrar su repulsa. No solo ante el golpe, sino ante la instauración mediante golpe de fusil de un modelo social impulsado por una élite social que margina y discrimina sistemáticamente a los indígenas. Fueron reprimidos sin contemplaciones. 

De este modo, Jeanine Áñez se convirtió en la segunda mujer presidenta de Bolivia, biblia en mano. Una auténtica desconocida en la política boliviana y que tan solo fue votada por el 4% del electorado se hacía con el poder en el país. Aunque en realidad el poder ya lo tenía de antemano, puesto que tenía el apoyo de las élites económicas del país, el ejército y diversas organizaciones internacionales apoyadas por EE.UU. Solo había que esperar el momento adecuado. 

La “Operación Cóndor” original

Una de las mayores campañas represivas de la historia reciente se gestó el 28 de noviembre de 1975, en Chile, en el marco de una reunión de seguridad presidida por Manuel Contreras -jefe de policía secreta chilena- y en la que participaron militares de Argentina, Bolivia, Paraguay Y Uruguay.

Fue convocada por la Dirección de Inteligencia Nacional chilena (DINA). Según ciertas fuentes, no se consta la firma de ningún representante de Brasil en esa reunión, pero el país, bajo la dictadura militar, participó activamente en el plan.

La invitación explicaba que el objetivo de la reunión era “promover la coordinación y establecer algo similar a lo que tiene la Interpol en París, pero dedicado a la subversión”. Ahí se fraguó un sistema cooperativo entre las dictaduras latinoamericanas para controlar a sus respectivas oposiciones: las distintas agencias de inteligencia compartirían información para vigilar, perseguir y hasta asesinar a los disidentes políticos – El Orden Mundial.

La base burocrática y de comunicaciones de la "Operación Cóndor" se estableció en Santiago de Chile. Según ciertas fuentes, Buenos Aires también sirvió como centro de operaciones. Todos los países miembros aportaban dinero y agentes de inteligencia a partes iguales. Los objetivos a vigilar o detener se decidían por mayoría simple.

Según el Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina (CELS), la "Operación Cóndor" se trataba de “un sistema formal de coordinación represiva entre los países del Cono Sur que funcionó desde mediados de la década de los 70 hasta inicios de los años 80 para perseguir y eliminar a militantes políticos, sociales, sindicales y estudiantiles de nacionalidad argentina, uruguaya, chilena, paraguaya, boliviana y brasileña”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos definió la Operación como una “coordinación transnacional muy organizada, con entrenamientos constantes, sistemas de comunicación avanzados, centros de inteligencia y planificación estratégica, así como con un sistema paralelo de prisiones clandestinas y centros de tortura”.

El plan se desarrolló en tres fases en las que se incrementó de manera gradual el nivel de represión contra los objetivos.

En la primera fase, se creó una base de datos compartida para facilitar el intercambio de información y la cooperación entre los servicios de inteligencia, con el fin de mejorar la vigilancia de los objetivos de la Operación. Entre ellos había guerrillas, partidos de izquierda, grupos políticos, movimientos sociales sindicalistas y, en general, todas las organizaciones que desarrollaban un trabajo de oposición contra los Gobiernos dictatoriales. La segunda fase consistió en pasar a la acción: empezaron las operaciones coordinadas para espiar, detener, interrogar o torturar a los objetivos que se habían establecido en la primera fase de la Operación. En algunos casos, se llegaba a asesinarlos o hacerlos desaparecer. Sin embargo, durante ese periodo nunca se actuó fuera de las fronteras de los países implicados en el Plan Cóndor. Eso llegó en la tercera fase: empezaron a coordinarse ataques a personas específicas: líderes de la oposición internacionalmente reconocidos que se oponían a las dictaduras latinoamericanas. Esas acciones se llevaron a cabo tanto dentro como fuera de la región, en otros países americanos o europeo – El Orden Mundial.

De esta manera, el personal de los servicios de seguridad de esos países, mostrando un pasmoso desprecio hacia los derechos humanos básicos, cometieron asesinatos, secuestros y torturas. A estos hechos se les unieron las desapariciones forzosas y el robo de niños nacidos de prisioneras en centros de detención clandestinos. El horror en su máximo esplendor.

Uno de los principales centros operativos de la "Operación Cóndor" fue un centro clandestino de detención y tortura situado en Buenos Aires. Se conocía como Automotores Orletti, El Jardín para los militares. Solamente en ese emplazamiento torturaron y desaparecieron al menos 200 personas.

Uno de los actores clave del plan fue Estados Unidos, y más concretamente, la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Es probable también que participaran otras agencias.

El objetivo de los estadounidenses era “limpiar” el continente latinoamericano de comunistas y de elementos que tenían la capacidad de crear redes de contrapoder. Era la Guerra Fría, y mediante el uso del terror y la muerte, EE.UU. pretendía “asegurar” un continente que consideraba su “patio trasero”.

Este macabro plan dejó el estremecedor balance de 50.000 personas asesinadas, 30.000 desparecidos y 400.000 encarcelados. Como parte de la "Operación Cóndor" también se incluyen los llamados “vuelos de la muerte” en el que personas eran arrojadas vivas al mar o al río desde aeronaves.

Entre los señalados se encuentran varios ex jefes de Estado de facto: Rafael Videla y Reynaldo Bignone (Argentina), Augusto Pinochet (Chile) y Alfredo Stroessner (Paraguay).

Rafael Videla murió en prisión en 2013, luego de que fuera condenado en 2010 a cadena perpetua por la desaparición de 31 detenidos y en 2012 a otros 50 años por el robo de niños. Bignone falleció en 2018. Fue condenado en seis causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar; la primera, en el año 2010, a 25 años de prisión y al año siguiente otra a prisión perpetua. Pinochet nunca reconoció su implicación. Murió en 2006 sin que pisara una prisión. Por último, Stroessner murió en Brasil en 2006 sin que fuera juzgado.

La interesada lentitud del sistema judicial y la intervención de ciertos poderes facticos han hecho que la mayoría de los criminales hayan muerto antes de ser condenados.

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