La historia de los campos de concentración estadounidenses (cap. 2)

Estados Unidos, país que se considera adalid de la democracia y que defiende con puño de hierro los “derechos humanos” a lo largo y ancho del planeta, aunque para ello tenga que derrocar a “malvados tiranos” o reducir a cenizas regiones enteras, ha flaqueado claramente a la hora de garantizar los derechos elementales de sus propios ciudadanos o las personas que inmigran al país en busca de una vida que les ha sido arrebatada. El siguiente reportaje, pretende exponer la historia de los campos de concentración en territorio estadounidense, analizando en esta ocasión el caso de los ciudadanos estadounidenses de ascendencia japonesa durante la segunda guerra mundial.

La historia de los campos de concentración estadounidenses (cap. 2)

Durante la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses encarcelaron en diversos campos de concentración a unas 120.000 personas, en su mayoría ciudadanos estadounidenses descendientes de japoneses o japoneses venidos de otros países, con el pretexto de neutralizar a una posible quinta columna que podía atacar al país desde su interior. La caza de brujas también alcanzó a los familiares de numerosos soldados que arriesgaban sus vidas en el frente europeo bajo el 442° Regimiento de Infantería, compuesta por soldados estadounidenses de ascendencia japonesa en su mayoría.

Campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial

7 de diciembre de 1941. 7:30 a.m. hora local, isla de Oahu (Hawái). Una mañana despejada y tranquila en el paraíso. 18 minutos después, un extraño zumbido comenzó a atravesar la isla. Pronto siguieron las primeras explosiones. Comenzaba así el ataque dirigido por la Armada Imperial japonesa contra la base estadounidense de Pearl Harbor. Las explosiones, las columnas de humo y los gritos de terror inundaron aquel emplazamiento, emblema de la flota del pacífico.

En total participaron 353 aeronaves japonesas que incluían cazas de combate, bombarderos y torpederos que despegaron de seis portaaviones. Murieron 2403 estadounidenses y decenas de japoneses. El que fuera un antiguo aliado, ávido por expandir su imperio y su influencia en el pacifico, erró en la operación y no consiguió diezmar a la flota del pacifico. Estados Unidos, independientemente de que tuviera conocimiento previo del ataque o no, aprovechó la situación y la conmoción producida en el público americano para declarar la guerra al Imperio Japonés.

Este ataque, que propició la entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, significó también el comienzo de una pesadilla que duraría años y que atormentaría a miles y miles de ciudadanos estadounidenses de etnia japonesa.

El Departamento de Guerra (disuelto el 18 de septiembre de 1947), envuelto en un estado que se podría definir como patológicamente paranoico, sospechaba que los estadounidenses de ascendencia japonesa podían actuar como saboteadores o agentes de espionaje. Sin ninguna prueba contundente que apoyara esa acusación, el Gobierno estadounidense se puso manos a la obra. La lógica del “más vale prevenir que curar” se instauró con una frialdad pasmosa en la cúpula política estadounidense. Algunos líderes políticos recomendaron reunir a los ciudadanos de etnia japonesa, en particular aquellos que vivían a lo largo de la costa oeste, y reubicarlos en centros de detención que se encontraban en el interior del país.

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La postura expresada por el subsecretario de guerra John J.McCloy reflejaba claramente la atmósfera reinante en aquellos instantes dentro del Departamento de Guerra. Según McCloy, si se trataba de elegir entre la seguridad nacional y la garantía de las libertades civiles recogidas en la Constitución, este último solo representaba «un trozo de papel». Inmediatamente después del ataque a Pearl Harbor, más de 1200 líderes de la comunidad japonesa fueron arrestados.

A principios de febrero de 1942, el Departamento de Guerra estableció toques de queda nocturnos para los ciudadanos de etnia japonesa. Las personas que rompieron el toque de queda fueron arrestados de inmediato. El 19 de febrero de 1942, el presidente Franklin D. Roosevelt firmó la Orden Ejecutiva 9066. Esta orden permitía a la autoridad militar de los Estados Unidos reubicar a las personas en áreas restringidas.  

Esa acción fue la culminación de la larga historia del Gobierno Federal de trato racista y discriminatorio hacia los inmigrantes asiáticos y sus descendientes, que comenzó con políticas restrictivas de inmigración a finales del siglo XIX.

El 31 de marzo de 1942, los japoneses estadounidenses recibieron la orden de presentarse en los emplazamientos de control y registrar los nombres de todos los miembros de la familia. De cuatro días a dos semanas, este fue el tiempo concedido por el Gobierno de los Estados Unidos a los ciudadanos de etnia japonesa para resolver sus asuntos y reunir todas las pertenencias que pudieran llevar encima. 

En muchos casos, tanto individuos como familias enteras tuvieron que vender parte o la totalidad de sus propiedades dentro de ese periodo de tiempo. Y aquí es donde comenzó el saqueo: Algunos estadounidenses, aprovechándose de la situación, ofrecieron sumas irrisorias por las posesiones de los “desposeídos”. Por ejemplo, muchas casas y propiedades que valían miles de dólares se vendieron por una cantidad ínfima de dinero. A casi 2.000 japoneses estadounidenses se les prometió que sus vehículos se almacenarían de manera segura hasta su regreso. No obstante, el ejército estadounidense comenzó a ofrecer cantidades ridículas de dinero a cambio de estos vehículos. Algunos, valientemente, se negaron. Poco después sus vehículos serían expropiados bajo el pretexto de que eran “necesarios” para la guerra.

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Después de ser expulsados por la fuerza de sus hogares, los japoneses estadounidenses fueron internados en centros de reunión temporales. Desde allí fueron transportados tierra adentro a los campos de internamiento. El primer campo en operar fue el de Manzanar, ubicado en el sur de California. Entre 1942 y 1945 se abrieron un total de 10 campos, con aproximadamente 120.000 ciudadanos de etnia japonesa que estuvieron periodos de tiempo variables en California, Arizona, Wyoming, Colorado, Utah y Arkansas.

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Los internos vivían en barracones que no disponían de aislamiento. Estaban amuebladas con catres y estufas de carbón. Los residentes usaban baños y lavanderías comunes. El agua caliente, no obstante, generalmente brillaba por su ausencia. Los campos estaban rodeados de alambre de espino y los guardias patrullaban el perímetro con fusiles en mano. «Disparad a quien intente huir». Esa fue la orden que recibieron los soldados. Se registraron algunos incidentes aislados de disparos y asesinatos de internos, así como numerosos ejemplos de sufrimiento que se pudo evitar. Los internos tuvieron que vivir hasta tres años en una atmosfera donde la tensión, la sospecha y la desesperación eran la norma.

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El gobierno comenzó una investigación a gran escala y concluyó que de entre todos los internos había un puñado de «estadounidenses leales». A dichas personas se les permitió abandonar los campos y obtener trabajos en el medio oeste o en el este del país.

El 18 de diciembre de 1944, el gobierno estadounidense anunció que todos los centros de reubicación estarían cerrados a fines de 1945. El último de los campamentos, el campamento de alta seguridad en Tule Lake, California, se cerró en marzo de 1946.

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En 1976, el presidente Gerald R. Ford derogó oficialmente la Orden Ejecutiva 9066.

El 19 de febrero es el aniversario de un día triste en la historia de Estados Unidos. Fue en esa fecha en 1942 ... que se emitió la Orden Ejecutiva 9066 ... que resultó en el desarraigo de estadounidenses leales ... Ahora sabemos lo que deberíamos haber sabido entonces, no solo fue una reubicación incorrecta, sino que los japoneses estadounidenses fueron y son estadounidenses leales ... Hago un llamamiento al pueblo estadounidense para que afirme conmigo esta promesa estadounidense: que hemos aprendido de la tragedia de esa experiencia de hace mucho tiempo para siempre atesorar la libertad y la justicia para cada estadounidense individual, y resolver que este tipo de acción nunca se repetirá - Gerald R. Ford, 1976.

En 1988, el Congreso aprobó La Ley de Libertades Civiles y declaró que se había cometido una "grave injusticia" con los ciudadanos japoneses estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Se estableció un fondo que pagó unos 1.600 millones de dólares en reparaciones a japoneses estadounidenses internados o a sus herederos.

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