Chile, la lucha continúa // Parte II: las protestas

Chile vive un estallido social sin precedentes, el más importante desde que el dictador Augusto Pinochet abandonara el poder en la década de los 90. Han sido numerosas las crónicas y las imágenes que han circulado durante las últimas semanas que atestiguan que el fantasma de Pinochet todavía sigue presente en el país. La durísima represión ejercida por el Gobierno, que hasta el día de hoy ha dejado más de una veintena de muertos, más dos mil heridos (muchos de ellos de gravedad) y más de cinco mil detenidos, ha conmocionado a la opinión pública mundial. En el siguiente articulo efectuamos un resumen de las protestas, que continúan a día de hoy.

Chile, la lucha continúa // Parte II: las protestas

La crisis comenzó cuando, siguiendo las recomendaciones del Panel de Expertos del Transporte público, el Gobierno de Sebastián Piñera (presidente desde el 2018) decidió elevar el precio del billete del Metro en 30 pesos, llegando a 830 pesos. Chile, país donde se implanto el modelo neoliberal a golpe de fusil, arrastra una de las mayores desigualdades en materia de ingresos tanto a nivel de América Latina como dentro de la OCDE. La combinación de bajos salarios, el impacto de los 30 pesos en el pasaje diario y la baja calidad del servició actuaron como detonante de las protestas que pronto empezaron a extenderse y a adquirir una extensión mayor.

El 6 de octubre, los estudiantes comenzaron a realizar evasiones masivas en el Metro de Santiago, práctica que se extendería como medio de protesta durante los siguientes días. Las acciones multitudinarias lograron paralizar la actividad normal del metro durante días, ya que los estudiantes, organizados y con gran apoyo popular, aplicaron masivamente la técnica de la evasión y efectuaron acciones dentro de las instalaciones del Metro.

Pasaron los días y las manifestaciones continuaron ampliándose, incorporando otros grupos que no se componían solamente de estudiantes. El 15 de octubre, por ejemplo, se registraron graves incidentes entre los Carabineros y los estudiantes en la estación de Santa Ana. Según los Carabineros, «150 estudiantes de diferentes establecimientos educativos ingresaron a la estación de Santa Ana. La turba de adolescentes provocó daños en el acceso a los andenes, por lo que debieron intervenir efectivos de las Fuerzas Especiales». El resultado: cuatro detenidos (incluido un menor de 13 años) y jóvenes gaseados.

En un contexto donde las protestas cada vez tenían más aceptación social, estas fueron minimizadas y criminalizadas. Por ejemplo, Clemente Perez, expresidente del Directorio de Metro en declaraciones efectuadas al canal 24 horas utilizo estas palabras para definir a los manifestantes y las acciones realizadas: «[...] Todos estos grupos son grupos marginales. […] Son delictivos porque hay una evasión y son violentos […] Me parece tonto, tiene poco sentido […] Es una protesta más bien tonta y violenta sin justificación […]». El presidente de Metro, Louis de Grange anunció acciones legales por los hechos el dia 15 de octubre y reiteró que aplicarían todo el rigor de la ley.

Aplicaremos todas lo que nos permite la ley para hacer las denuncias, las investigaciones y ver cuáles son las sanciones para que este tipo de situaciones violentas que afectan a los equipos de Metro, a los pasajeros, el patrimonio de una de las principales de nuestro país, que afectan la infraestructura que tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de las personas. No lo vamos a aceptar y vamos a aplicar todo el rigor de la ley” - presidente de Metro, Louis de Grange en declaraciones recogidas por Radio Cooperativa

Por su parte, según recoge Radio Cooperativa, el ex director del Transporte Público Metropolitano, criticó el aumento del pasaje: «La estructura que se impuso es inadecuada, es regresiva, penaliza a los más pobres y desincentiva el uso». Mientras, el subsecretario de Interior Rodigro Ubilla afirmó lo siguiente el 18 de octubre, según recoge Radio Cooperativa: «Hay hordas que generan cuadros de violencia, se destruye propiedad pública y privada. Son violentos, es delincuencia pura y clara. Cobardemente abordan y exponen la seguridad de la ciudadanía. Carabineros actúa en donde se podrían producir estos hechos. Si hay daños a la propiedad, se puede hacer responsables a los padres para pagar. Quieren destruir la propiedad pública y arriesgar la vida de los usuarios». Fueron miles las personas que secundaron las protestas aquella tercera semana de octubre, no obstante.

Las protestas se agudizaron a partir del 17 de octubre, y según el diario El País, «derivaron en acciones vandálicas como no se había visto en décadas» en la capital. El viernes 18 de octubre, los Carabineros destinaron el 90% de su dotación a la protección de las estaciones de Metro y se movilizaron a las Fuerzas Especiales. Se cerraron todas las estaciones de metro, se reprimió a los manifestantes, siguiendo la lógica ya establecida. Santiago ardió en llamas. Se tomaron las principales calles y se efectuaron acciones contra instalaciones y bienes tanto públicos como privados (estaciones de metro, autobuses, monumentos, bancos, instalaciones de diversas compañías…).

Estado de emergencia

El gobierno de Piñera decreto el estado de emergencia y cedió el control de la capital, Santiago, a los militares. Se restringieron la libertad de reunión y de movimiento. Pero, ¿qué significa el estado de emergencia y cuándo se declara en Chile? Según recoge el diario La Tercera, en Chile, según la Constitución Política de la República, en su artículo 39, «el ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución asegura a todas las personas sólo puede ser afectado bajo las siguientes situaciones de excepción: guerra externa o interna, conmoción interior, emergencia y calamidad pública».

El artículo 42 especifica que «el estado de emergencia, en caso de grave alteración del orden público o de grave daño para la seguridad de la Nación, lo declarará el presidente de la república, determinando las zonas afectadas por dichas circunstancias. El estado de emergencia no puede extenderse por más de quince días, sin perjuicio de que el presidente pueda prorrogarlo por igual período. Sin embargo, para sucesivas prórrogas, el presidente requerirá siempre del acuerdo del Congreso Nacional. Una vez declarado el estado de emergencia, las zonas respectivas quedarán bajo la dependencia inmediata del jefe de la Defensa Nacional que designe el presidente. El presidente de la república estará obligado a informar al Congreso Nacional de las medidas adoptadas en virtud del estado de emergencia».

«Haciendo uso de las facultades que como presidente de Chile me otorga la Constitución y la Ley, he decretado el estado de emergencia», afirmó Piñera según la prensa chilena. Una medida inédita, que no se observaba desde que Augusto Pinochet abandonara el poder en la década de los 90, y que amplió el alcance de las protestas.

Las autoridades, desbordadas

Las protestas multitudinarias desbordaron a unas autoridades que previamente menospreciaron y criminalizaron a los manifestantes. La clase política, desconcertada con el fenómeno, recurrió a un viejo método, bien conocido en Chile: el ejército y la represión. En un contexto donde ya se habían registrado muertes, centenares de heridos y arrestos, el fusil se convirtió en el intermediario entre el Gobierno y los manifestantes. El "estado de emergencia" se convirtió en norma, y se extendió a lo largo y ancho del país, mientras millones de chilenos se vieron sujetos a las nuevas normas excepcionales y coercitivas.

La última vez que que se registró esta medida -motivada por protestas sociales- fue en enero de 1987, casi al final de la dictadura cívico-militar (1973-1990) y meses después del fallido atentado contra Augusto Pinochet del 7 de septiembre de 1986. - Radio Cooperativa 19 de octubre de 2019.

En la siguiente imagen podemos observar las zonas bajo estado de excepción constitucional (a 22 de octubre). En rojo se señalan los lugares donde se aplicó el estado de emergencia y toques de queda y en naranja donde se aplicó el estado de emergencia.

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La declaración del estado de emergencia a partir del sábado 19 de octubre complicó aún más la situación. Las manifestaciones que en un principio se limitaban a Santiago se extendieron a otras ciudades y regiones, las marchas masivas inundaron las calles (la mayoría de carácter pacífico), aumentaron los enfrentamientos y los disturbios, convirtiéndose en un estallido social sin precedentes. El ejército y las fuerzas policiales, por su parte, reprimieron con una dureza característica de los regímenes dictatoriales a los manifestantes. El número de muertos, heridos y detenidos creció considerablemente, a la vez que se vulneraron sistemáticamente los derechos humanos [este apartado lo analizaremos con detalle en el siguiente capítulo].

Marcha atrás del Gobierno

El martes 22 de octubre, el presidente Sebastián Piñera presento la “agenda social de unidad nacional” y pidió perdón.

Es verdad que los problemas se acumulaban desde hace muchas décadas y que los distintos Gobiernos no fueron ni fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud. Reconozco y pido perdón por esta falta de visión […] todo problema significa también una oportunidad. Llegó el momento de recuperar el tiempo perdido, acelerar el ritmo y pasar a la acción, y con urgencia, en el campo de las soluciones - Sebastián Piñera 

La "Nueva Agenda Social" incorporaba una serie de reformas de corto y mediano plazo en las siguientes áreas: pensiones, salud, salarios, energía, impuestos y administración pública. Para saber más sobre el contenido de estas medidas consultad el boletín de prensa publicado el 23 de octubre por el Gobierno de Chile.

Sin embargo, las manifestaciones no cesaron tras el anuncio de la "Nueva Agenda Social". Las marchas masivas siguieron inundando las calles. El viernes 25 de octubre, más de un millón de personas se concentraron en la capital del país, en una macha que recibió el nombre de “la marcha más grande de todas”.

Se efectuaron manifestaciones multitudinarias también en diferentes puntos de la geografía chilena. Estos hechos tuvieron un impacto en la élite política del país.

El domingo 27 de octubre, gracias a la presión popular, el presidente Piñera firmó los decretos que ponían fin al estado de emergencia en todas las regiones del país (a partir del lunes 28 de octubre), «con el objetivo de contribuir a que Chile recuperase la normalidad institucional», según afirma el diario La Tercera. Según recoge Tele Sur, el 28 de octubre se decidió cambiar el gabinete y salieron ocho de los 24 ministros que lo componen, incluido el ministro del Interior, Andrés Chadwick. Posteriormente, Piñera se mostró abierto a la posibilidad de reformar la Constitución. Ese mismo dia hubo disturbios en el centro de Santiago. Unas 6.500 participaron en la jordana de protestas.

El lunes 4 de noviembre, la “Mesa de Unidad Social” convocó un “Súper Lunes” de movilizaciones, con protestas al mediodía en la sede del Congreso en Santiago y a la tarde con una nueva concentración en Plaza Italia. Los trabajadores, estudiantes y pensionistas agrupados en esta coordinadora hicieron un llamamiento dirigido a los congresistas para que no tramitasen la “agenda social” del Gobierno, por considerar que los proyectos no atendían a las demandas de la ciudadanía.  Terminó siendo una de las jornadas más violentas vividas desde el inicio de las protestas. Hubo duros enfrentamientos entre los manifestantes y Carabineros y se registraron hechos de gravedad, tales como atropellos de manifestantes. Aquel día El balance de heridos fue de 43.

Las manifestaciones y los disturbios han continuado hasta el día de hoy y se sigue aplicando una fría y calculada represión. El pasado domingo, el presidente Sebastián Piñera admitió que «en algunos casos no se respetaron los protocolos y derechos de todos» y afirmó que «no habrá impunidad ni por los que hicieron actos de violencia ni con aquellos que cometieron abusos». «Chile cambió, los chilenos cambiaron, el Gobierno cambió, todos hemos cambiado y lo que ha ocurrido representa valiosos aprendizajes, porque representan demandas que son justas», afirmo Piñera el 17 de noviembre. En un contexto donde se plantea una reforma constitucional, acuerdos de paz y un acuerdo de carácter social, el tiempo se convierte en el único y verdadero juez.

En el próximo capítulo analizaremos detalladamente la represión efectuada por el Gobierno y las decisiones políticas que provocaron más de una veintena de muertos, miles de heridos (muchos de gravedad), miles de detenidos y múltiples atropellos de los derechos humanos.

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