La masacre de líderes sociales continúa en Colombia: 203 asesinatos en lo que va de año

Cada mañana Colombia se despierta con un crimen nuevo, pero cuyas víctimas están conectadas: todos son defensores de los derechos humanos o líderes sociales. El Instituto de Estudios Para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) ha informado de la masacre número 55 en lo que va de año, con un total de 203 víctimas. Desde la firma del acuerdo de paz entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, los asesinatos de líderes sociales han aumentado: según la ONU, son 600 los que han sido asesinados desde entonces. En total, se calcula que entre 1973 y 2019, 3.300 sindicalistas fueron asesinados en Colombia según la Escuela Nacional Sindical (ENS).
 
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La masacre de líderes sociales continúa en Colombia: 203 asesinatos en lo que va de año

¿A QUÉ SE DEBEN LOS ASESINATOS?

Las teorías para explicar esta terrible oleada de violencia contra líderes sociales son varias, y probablemente confluyan entre sí. Estas son las más comentadas por los expertos:

  • Falta de legalidad/autoridad en las zonas que antes controlaba las FARC.
  • Disputas por narcotráfico, que antes era monopolizado por la guerrilla.
  • Resistencia de algunos grupos latifundistas (apoyados por paramilitares) a que la tierra se reparta equitativamente, tal y como estipuló el acuerdo de paz.
  • Violencia política, tristemente habitual en el país. 

El gobierno Duque tiene que reconocer la ineficacia de su política y reorientarla, poniendo en marcha los mecanismos previstos en el Acuerdo de Paz, que podrían tener mejores resultados por cuanto pasan de la protección individual de los líderes amenazados, que es a veces necesaria pero insuficiente, a la búsqueda de unas garantías colectivas que remuevan los factores, nacionales y regionales, que alimentan esta violencia - Rodrigo Uprimny, jurista 

Según Alberto Brunori, representante de la alta consejería para DD.HH de la ONU: "persisten factores estructurales que llevan a los homicidios, amenazas, hostigamientos, estigmatización y censura. La falta de presencia integral del Estado en todas las regiones, la falta de acceso a servicios básicos como salud y educación, sumado a la pobreza y a la alta tasa de desempleo, aumentan el riesgo para los y las defensoras. El vacío de poder dejado durante la desmovilización de las Farc y la llegada de nuevos grupos armados ilegales y delictivos ha dado lugar al aumento de la violencia. Sabemos también que varios defensores de DDHH en áreas rurales han sido asesinados por apoyar políticas derivadas del acuerdo de paz con las Farc como la sustitución de cultivos, otros por buscar la restitución de sus tierras y los presidentes presidentes de juntas de acción comunal están siendo amenazados, extorsionados por grupos armados".

Respecto a la autoría de los asesinatos, Martha Mancera, directora de la Unidad de Desmantelamiento de Bandas Criminales de la Fiscalía asegura lo siguiente: "En los casos reportados por la ONU es importante advertir que los homicidios son atribuidos a múltiples autores, que incluyen particulares (38,74 %) y a organizaciones criminales (57,59 %), con los siguientes responsables: 31 víctimas atacadas por organizaciones criminales locales, 27 por disidencias de las Farc, 20 por el ‘clan del Golfo’, 16 por el Eln, 6 por ‘los Pelusos’ y 5 por ‘los Caparros’."

¿A QUIÉN ESTÁN MATANDO?

Entre los grupos de víctimas identificados por las autoridades hay abogados de derechos humanos, lideres LGBTI, afrodescendientes, políticos, sindicales campesinos e indígenas. El hecho de que las principales víctimas hayan sido asesinadas en los lugares donde las comunidades pelean por desterrar la cultura de la ilegalidad dice mucho de la naturaleza de este conflicto. Aquellos municipios con mayor presencia de cultivos ilícitos, que sirven de ruta del narcotráfico y donde subsiste la minería ilegal registran las tasas más altas.

Están asesinando a los líderes que cumplen su función. Los grupos delincuenciales los ven como un obstáculo para sus acciones criminales - Luis González, fiscal delegado para la Seguridad Ciudadana

Para Alberto Brunori está claro, están asesinando a "defensores de DDHH: indígenas, campesinos, afro colombianos, y mujeres que promueven el acuerdo de paz; en particular lideres y líderesas quienes están en Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Nariño, Putumayo. Además, presidentes de juntas de Acción Comunal, personas que exigen DDHH -civiles y políticos y económicos- en lugares marginados, defensoras y defensores que buscan la restitución de sus tierras o la sustitución de cultivos ilícitos. Quienes defienden el territorio, los derechos ambientales y colectivos y que se oponen en varios casos a megaproyectos. También están afectados periodistas y la población LGBTI".