La detención tuvo lugar el pasado martes 13 de abril a las 5.45 de la mañana, cuando se presentaron en casa de la familia de Juana, en la localidad cisjordana de Beith Sahur, cerca de la ciudad de Belén, más de 20 soldados israelíes fuertemente armados que se llevaron a Juana. Desde ese día Juana está incomunicada en una prisión militar.

Ruiz Sánchez, de 62 años y coordinadora de proyectos en la ONG palestina Comités de Trabajo para la Salud, fue detenida para ser interrogada sin saber inicialmente los cargos que se le imputaban. En mayo, la Justicia militar israelí la acusó formalmente de «pertenencia a una organización ilegal», «participación en actividades de una organización ilegal» y «formar parte de la junta directiva de una organización ilegal», entre un total de cinco cargos. Israel considera que la ONG donde está empleada desviaba fondos para la actividad del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), al que considera «terrorista», al igual que hacen la UE o EEUU.

Estas detenciones y la sustracción, el pasado 8 de marzo, de material informático y documentación del departamento de contabilidad de la HWC hacen sospechar que los responsables buscan demostrar algún tipo de delito vinculado con la financiación de los proyectos que realiza la HWC y que pretenden involucrar a Juana Ruiz y a sus dos compañeros en esta acusación.

La familia y los innumerables amigos y amigas que Juana tiene en España consideran imposible que la financiación de los proyectos con dinero de donantes españoles pueda tener ningún viso delictivo ya que la concesión de las ayudas, mayoritariamente públicas, está sometida a estrictos controles en cuanto a las actividades que se realizan y a la justificación económica completa de la financiación concedida. En caso de no cumplir la normativa se exige la devolución de las ayudas, algo que no nos consta que haya ocurrido en ninguno de los muchos proyectos realizados por la HWC.

Se trata de actividades como llevar la prevención sanitaria a las aldeas de Cisjordania, vacunar a los niños y niñas de Jerusalén Este, que el Gobierno Israelí se ha negado sistemáticamente a vacunar, llevar la salud prenatal y natal a las mujeres de Cisjordania, realizar campañas de información y formación en innumerables cuestiones relacionada con la salud, con los hábitos sanitarios o con la prevención de las enfermedades más comunes en la zona, atender gratuitamente al 40% de sus pacientes en las 14 clínicas que tiene la HWC por el territorio bajo la Autoridad Palestina y otras actividades por el estilo que, difícilmente, podrían considerarse sospechosas de constituir ninguna clase de delito.

A pesar de su carácter humanitario y sanitario, o quizá precisamente por eso, la HWC está siendo atacada intermitentemente por el Estado de Israel en una política de represión, desgaste y desmantelamiento de las organizaciones de la sociedad civil palestina.

Si quieres ayudar: kukumiku.com/proyectos/libertad-para-juana-ruiz/