Casi cien millones de euros para detectar y expulsar a quienes quieren entrar, y apenas 11 millones para acoger e integrar a los pocos que logran hacerlo. Estos son los absurdos e inhumanos números en torno al lucrativo negocio legal de la emigración, que encuentra en España uno de los principales clientes de este nuevo sector en auge. 

Desde 2014 hasta 2019, el Gobierno de España adjudicó al menos 660 millones de euros en contratos para la Industria del Control Migratorio (ICM), sin contar el gasto público para control migratorio que trasciende a esos contratos, como el despliegue de miles de efectivos policiales y militares en la frontera Sur de Europa y varios países de África, o los fondos para control migratorio transferidos a Gobiernos de fuera de la UE y maquillados bajo la etiqueta de ayuda al desarrollo. ¿A qué se destinó todo ese dinero? Indagar en este oscuro negocio es el objetivo de un interesantísimo reportaje de Público.es, que pone de manifiesto el obsceno beneficio obtenido por las empresas de seguridad en torno al sufrimiento de millones de personas. 

Cuanto más dinero gastan España y Europa en fortificar las fronteras, más crecen los ingresos de los pasantes y traficantes de personas. Según los últimos datos de Naciones Unidas, cada año las mafias del tráfico de personas generan unos 400 millones de euros de beneficio tan solo en el Mediterráneo y 4.000 millones de euros a nivel europeo, una cifra similar al gasto de toda la UE en ayuda humanitaria. El endurecimiento de las leyes y políticas de control fronterizo, según Naciones Unidas, supone siempre más ganancias para estos traficantes, incluso en tiempos de pandemia de la  covid-19 y cierre de fronteras. Aproximadamente 2,5 millones de migrantes son traficados cada año, según la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito - Público.es