El asesinato de sacerdotes y monjas fue algo frecuente entre 1977 y 1989 en El Salvador. En el caso de Romero la muerte le llegó cuando estaba celebrando misa en la capilla del Hospital de la Divina Providencia y fue ejecutado por un tirador profesional de un sólo disparo. La Comisión que elaboró el Informe de la Verdad bajo los auspicios de Naciones Unidas concluyó que el mayor del ejército Roberto D'Aubuisson, creador de los escuadrones de la muerte y fundador del partido ARENA (gobernó entre 1989 y 2009), fue quien ordenó la ejecución. Lo mismo dicen documentos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y de la embajada de Estados Unidos en El Salvador. Lo cierto es que monseñor Romero venía sufriendo para entonces un acoso brutal por parte de poderosos medios de comunicación que lo acusaban de comunista. En un artículo en prensa escrita se llegó a decir: "Será conveniente que la Fuerza Armada empiece a aceitar sus fusiles". El violento D'Aubuisson entendió que había llegado su hora y puso en marcha el mortal atentado que fue organizado por varios capitanes. En el Informe de la Verdad se recoge pormenorizadamente el desarrollo de los hechos. Así como también se afirma que el estado Mayor de la Fuerza Armada sabía del trabajo de captación de militares para los escuadrones del mayor D'Aubuisson.

Los escuadrones de la muerte fueron grupos paramilitares de extrema derecha conformados por militares, policías sin uniforme y civiles que ejecutaron acciones en contra de opositores políticos o sospechosos de ser opositores al gobierno y al sistema político vigente en El Salvador durante la guerra civil salvadoreña.

La aplicación del método de grupos clandestinos, supuestamente alejados del gobierno y de las fuerzas militares del estado, para no tomar responsabilidad alguna sobre sus acciones, se desarrolló a partir de la estrategia de Estados Unidos para derrotar al movimiento social que era la base de la lucha de la guerrilla en tal período.

Cada unidad militar del ejército y de la policía tenía bajo su cargo al menos un escuadrón que tomaba información de los organismos militares y ejecutaba acciones de asesinato, secuestro, extorsión, amenazas y todo tipo de delitos en contra de personas registradas como guerrilleros, sospechosos de apoyar la lucha contra el gobierno o simplemente denunciadas como tales por terceros interesados en causarles daños.

Eventualmente cada jefe militar autorizaba la existencia de otros escuadrones de la muerte en su jurisdicción, a cargo de civiles con poder económico que asumían por completo su funcionamiento y existencia, siempre en coordinación con las fuerzas militares del territorio bajo control.

Estos grupos "dormían de día y trabajaban de noche" desplazándose en su territorio sin mayor interferencia de las unidades militares o policiales que custodiaban el terreno, pues eran reconocidos como necesarios para hacer ese tipo de trabajo sucio de la guerra civil, a favor del gobiernos sus fuerzas militares y de los grupos sociales ínfimos que se beneficiaban de su existencia y funcionamiento.

En palabras de la época del conflicto se trataba de "quitarle el agua al pez" como expresión que significaba quitarle base social a la guerrilla o a cualquier forma de oposición al gobierno y a sus fuerzas, por medio del terror y de acciones terroristas contra la población en general.

El resultado de todo ello fue una enorme cantidad de asesinatos de opositores o sospechosos de serlo, sin identidad de sus autores o sin que persona alguna fuera llevada a juicio por los mismos.

Se calcula que de esta forma fueron asesinados la mayoría de civiles víctimas de la época del conflicto, que significó unos 75.000 muertos en total. El arzobispo de San Salvador, Óscar Romero se contabiliza como una de sus víctimas.

Se sospecha que algunos miembros de escuadrones de la muerte, eran financiados o sostenidos por contribuciones directas de personas con poder económico que los miraban como su protección personal en contra de sus opositores. Las contribuciones eran económicas, facilidades de transporte, infraestructura, coordinación con otros grupos similares y en general, de la protección e impunidad que les era necesaria para su actuación.

Si bien los escuadrones de la muerte iniciaron sus acciones en términos de ejecución de una política de contra-insurgencia, teniendo como blanco de sus acciones a sectores populares, rápidamente derivaron hacia una serie de acciones de delincuencia pura y llegando inclusive a secuestrar a empresarios del país, exigiendo rescate para liberarlos.

Estas acciones fueron el inicio del desmantelamiento, restricciones o mayor control de los escuadrones de la muerte, pues se habían vuelto un peligro contra sus eventuales financieros de manera directa y ponían en riesgo a aquellos protegidos por el gobierno y sus fuerzas en combate.

Fuente: wikipedia.org // noticiasdegipuzkoa.eus