Victoria popular en Ecuador (parte I)

Ecuador ha entrado en ebullición este octubre. Una movilización popular sin precedentes acontecida durante los primeros días del mes ha puesto en jaque al Gobierno de Lenín Moreno. Las protestas, duramente reprimidas por parte del ejecutivo (11 muertos y más de 1000 heridos), han conseguido detener en parte las aspiraciones de Moreno de implementar un programa de reestructuración financiera de carácter neoliberal diseñado por el FMI. Os explicamos las razones que han llevado a esta situación. 
 
Victoria popular en Ecuador (parte I)

Las causas de las protestas: “El Paquetazo” 

El 2 de octubre, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno dio a conocer una serie de medidas económicas que, según dijo, perseguían el objetivo de “crear más trabajo, más emprendimiento y mejores oportunidades”. Durante el anuncio, el presidente defendió que pretendía corregir “graves errores” de la economía nacional, haciendo referencia a los subsidios que otorgaba el Estado para la gasolina y al diésel. Mediante un decreto, Moreno, liberó el precio del diésel y la gasolina extra (decreto 883). En palabras del presidente, el subsidio benefició durante décadas a los que no lo necesitaban y a los que viven del contrabando.  

Tal como afirma el medio RT, Moreno propuso destinar los más de 1.300 millones de dólares al año que el Estado subsidiaba, a la sanidad, educación, vivienda y seguridad social. El mandatario anunció que 300.000 familias más recibirían una bonificación de 15 dólares como una medida de “contraprestación” a las personas afectadas por esta decisión. Se contemplaban, también, las siguientes medidas:

  • Eliminación o reducción de aranceles para equipo, maquinaria y materia prima, tanto agrícola como industrial. 
  • Eliminación de aranceles a la importación de teléfonos celulares, tabletas y computadoras y la ampliación del programa “casa para todos”, con créditos hipotecarios por 1.000 millones de dólares a una tasa del 4.99%. 

Además de estas medidas, Moreno, manifestó la intención de llevar a cabo una serie de reformas económicas y laborales, que serían las siguientes:

  • Renovación con un 20% menos de remuneración de los contratos ocasionales. 
  • Recorte de vacaciones para los trabajadores del sector público, que pasarían de 30 días a 15 (como en el sector privado).
  • Aporte de como mínimo un día de su salario mensualmente en el caso de los trabajadores de las empresas públicas. 
  • Una nueva ley que podría facilitar “nuevas modalidades de trabajo para quienes inicien un emprendimiento". 
  • “Una nueva modalidad de contrato, de reemplazo, en caso de maternidad y paternidad y enfermedades catastróficas” y una nueva forma de jubilación patronal, donde los empleadores aportarían un 2% extra mensual para los nuevos trabajadores.

El ejecutivo también tenía previsto reducir y simplificar el impuesto sobre la renta al sector bananero, la devolución de tributos a los exportadores para “dinamizar la economía” y la rebaja a la mitad del Impuesto de Salida de Divisas para materias primas, insumos y bienes de capital”. Todas estas medidas se enmarcaban en un contexto donde la semana del 2 de octubre vencía el plazo para presentar ante el Parlamento las reformas en materia económica pactadas con el FMI. 

El FMI y los ajustes de carácter neoliberal

En una declaración publicada el 2 de octubre del 2019, el FMI afirmaba lo siguiente:

Las reformas anunciadas por el presidente Lenin Moreno tienen como objetivo mejorar la resiliencia y la sostenibilidad de la economía ecuatoriana, y fomentar un crecimiento sólido e inclusivo. El anuncio incluyó decisiones importantes para proteger a los pobres y más vulnerables, así como para generar empleo en una economía más competitiva. El gobierno también está trabajando en importantes reformas destinadas a apoyar la dolarización de Ecuador, como la reforma del Banco Central y el código orgánico de presupuesto y planificación - FMI

Pero, ¿de dónde viene este acuerdo? Según Mark Weisbort y Andrés Arauz del Center for Economic and Policy Research, «en marzo de 2019, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional aprobó un acuerdo con Ecuador en el marco del Servicio Ampliado del Fondo por la suma de $4.2 mil millones en préstamos. Hasta ahora [julio del 2019], en virtud de este acuerdo en calidad de préstamo, el FMI ha entregado alrededor de $900 millones. Se tiene previsto que el resto sea desembolsado en los próximos tres años, siempre y cuando el FMI determine, en intervalos regulares, que el Gobierno estaría cumpliendo adecuadamente con los compromisos establecidos en el acuerdo». 

La experiencia nos dice que ciertas recetas de ajuste económico diseñadas por el FMI han sido catastróficas para la economía de numerosos países (el caso de Argentina, por ejemplo). Según estos mismos autores, «un estudio riguroso del acuerdo y de los análisis del FMI, incluyendo sus supuestos, los datos usados y las políticas que ha propuesto, genera serias dudas sobre si éste, de cumplirse, lograría los objetivos establecidos. Por el contrario —aunque es imposible señalar el futuro con precisión—, un menor crecimiento del PIB per cápita, un mayor desempleo y una mayor inestabilidad macroeconómica serían los resultados más probables del programa. La médula espinal de la estrategia del programa del FMI es el restablecimiento de la confianza de los inversionistas en la economía. Sin embargo, el primer obstáculo para este aumento de la confianza es la política macroeconómica del programa en sí, y lo más importante, el gran ajuste fiscal que conlleva […] El ambiente de crecimiento entre negativo y bajo que se espera sea inducido por esta consolidación fiscal, tendría un impacto adverso hacia la confianza en la economía. Resulta inverosímil la predicción del programa que señala un retorno al crecimiento en 2020. Se basa en un pronóstico de la inversión del sector privado extranjero difícil de imaginar y sin una base económica plausible […]».                                            

Sin embargo, no es la primera vez que la aplicación de medidas económicas de carácter neoliberal sacude la política ecuatoriana

Entre 1997 y 2007 el país tuvo 8 presidentes, 3 de ellos, Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez, fueron derrocados por levantamientos populares. Solo Rafael Correa logró la estabilidad suficiente, estando en el cargo durante 10 años, entre 2007 y 2017, y siendo sucedido por Lenín Moreno, quien había sido su primer Vicepresidente. En los 3 casos de presidentes derrocados, el detonante fue la aplicación de medidas neoliberales contra el pueblo ecuatoriano. Bucaram elevó un 500% las tarifas de la luz y dejó de subsidiar las del gas, Mahuad dolarizó la economía, y Gutiérrez, que había llegado con un programa de centro-izquierda y el apoyo del movimiento indígena, traicionó su programa y apoyos para acercarse a Estados Unidos y Colombia, y fue desalojado del poder tras unas movilizaciones de la clase media urbana contra la corrupción y cooptamiento del poder judicial - Katu Arkonada, diplomado en Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Políticas Públicas

En el próximo post os explicaremos cómo se desarrollaron las protestas y a dónde ha llevado esta situación.


 

Comentarios