Suma y sigue: el Estado pagará a tres bancos 1.350 millones por el proyecto 'Castor'

La historia de corrupción del proyecto Castor llega a su fin. Tras muchos años de culebrón, miles de seísmos y millones de euros de dinero público malgastados, el Tribunal Supremo ha dictado sentencia: la demanda de Caixabank, Bankia y Banco Santander, que adelantaron el dinero de la indemnización a la constructora ACS (propiedad de Florentino Pérez) y al grupo canadiense Dundee por la cancelación del almacén de gas Castor frente a las costas de Castellón, es finalmente atendida. El Estado debe pagar a los bancos los 1.350 millones de la indemnización.
Los exministros Soria y García-Margallo y el expresidente de la Generalitat Alberto Fabra visitando el Proyecto Castor. Foto: Presidencia de la Generalitat
Los exministros Soria y García-Margallo y el expresidente de la Generalitat Alberto Fabra visitando el Proyecto Castor. Foto: Presidencia de la Generalitat
Suma y sigue: el Estado pagará a tres bancos 1.350 millones por el proyecto 'Castor'

La plataforma Castor se construyó para explotar un antiguo depósito de petróleo bajo el lecho marino a 21 kilómetros de Vinaròs (Castellón). En 1996 se solicitó el primer permiso para estudiar la idoneidad del yacimiento, aunque la aprobación oficial para su uso no llegaría hasta 11 años después. 

Dicha plataforma era propiedad de Escal UGS, una empresa participada en un 66,67% por ACS (¿sabéis quién la dirige?). El proyecto fue aprobado por el Gobierno de Zapatero en 2008 mediante un real decreto. Las primeras operaciones comenzaron en abril del 2012. Se trataba de inyectar gas a presión para desplazar el agua que en esos momentos ocupaba el depósito submarino. En un principio no hubo contratiempos, pero esta situación cambió drasticamente cuando el depósito comenzó a llenarse.

A partir de septiembre de 2012 comenzó una "crisis sísmica" que ocasionó cerca de un millar de temblores. La mayor parte de ellos fueron de baja magnitud, pero los mayores llegaron a mas de un 4 en la escala Richter, y fueron percibidos claramente por los habitantes de las localidades próximas, como Vinaròs, Benicarló y Alcanar.

El origen de los seísmos se identificó pronto: la falla tectónica de Amposta se estaba moviendo debido a la presión generada por la actividad del Castor. En 2013 se paralizaron los trabajos. El Ministro de Industria, José Manuel Soria, anunció que el Gobierno no pagaría la indemnización  por considerarla "abusiva". Sin embargo, poco después el Consejo de Ministros anunció por sorpresa que pagaría 1.350 millones de euros a Escal por obligarle a cesar la actividad. 

Este mismo jueves, una sentencia del Tribunal Supremo obliga al Estado a pagar a Caixabank, Bankia y Banco Santander, esos 1.350 millones de euros que en su día adelantaron para compensar a la constructora ACS y al grupo canadiense Dundee. El Gobierno de Mariano Rajoy se comprometió a devolver esa cantidad en 30 años, pero quienes pagarían serían los de siempre: los consumidores, a través de un suplemento en la factura del gas.

En la sentencia el Supremo estima parcialmente el recurso de los tres bancos, que en abril de 2018 presentaron ante el Ejecutivo una "reclamación de responsabilidad del Estado legislador" en la que le instaban, sin éxito, a la devolución del dinero aportado.

 

Fuentes y más info: lavanguardia.com // elsaltodiario.com // publico.es

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