El Estado pagará a tres bancos 1.350 millones por el proyecto 'Castor' mediante un decreto social

La historia de corrupción del proyecto Castor llega a su fin del mismo modo que comenzó. Tras muchos años de culebrón, miles de seísmos y millones de euros de dinero público malgastados, el Tribunal Supremo dictó sentencia hace un par de meses: la demanda de Caixabank, Bankia y Banco Santander, que adelantaron el dinero de la indemnización a la constructora ACS (propiedad de Florentino Pérez) y al grupo canadiense Dundee por la cancelación del almacén de gas Castor frente a las costas de Castellón, es finalmente atendida. Esta misma semana el Estado ha hecho público que utilizará un decreto ley con medidas sociales (como las desgravaciones fiscales a los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital) para realizar el pago por la puerta de atrás. Se cierra el ciclo de corrupción con final feliz para los interesados.
Castor
Los exministros Soria y García-Margallo y el expresidente de la Generalitat Alberto Fabra visitando el Proyecto Castor. Foto: Presidencia de la Generalitat
El Estado pagará a tres bancos 1.350 millones por el proyecto 'Castor' mediante un decreto social

La plataforma Castor se construyó para explotar un antiguo depósito de petróleo bajo el lecho marino a 21 kilómetros de Vinaròs (Castellón). En 1996 se solicitó el primer permiso para estudiar la idoneidad del yacimiento, aunque la aprobación oficial para su uso no llegaría hasta 11 años después. 

Dicha plataforma era propiedad de Escal UGS, una empresa participada en un 66,67% por ACS (¿sabéis quién la dirige?). El proyecto fue aprobado por el Gobierno de Zapatero en 2008 mediante un real decreto. Las primeras operaciones comenzaron en abril del 2012. Se trataba de inyectar gas a presión para desplazar el agua que en esos momentos ocupaba el depósito submarino. En un principio no hubo contratiempos, pero esta situación cambió drasticamente cuando el depósito comenzó a llenarse.

A partir de septiembre de 2012 comenzó una "crisis sísmica" que ocasionó cerca de un millar de temblores. La mayor parte de ellos fueron de baja magnitud, pero los mayores llegaron a mas de un 4 en la escala Richter, y fueron percibidos claramente por los habitantes de las localidades próximas, como Vinaròs, Benicarló y Alcanar.

El origen de los seísmos se identificó pronto: la falla tectónica de Amposta se estaba moviendo debido a la presión generada por la actividad del Castor. En 2013 se paralizaron los trabajos. El Ministro de Industria, José Manuel Soria, anunció que el Gobierno no pagaría la indemnización  por considerarla "abusiva". Sin embargo, poco después el Consejo de Ministros anunció por sorpresa que pagaría 1.350 millones de euros a Escal por obligarle a cesar la actividad. 

A finales de 2020, una sentencia del Tribunal Supremo obligaba al Estado a pagar a Caixabank, Bankia y Banco Santander, esos 1.350 millones de euros que en su día adelantaron para compensar a la constructora ACS y al grupo canadiense Dundee. El Gobierno de Mariano Rajoy se comprometió a devolver esa cantidad en 30 años, pero quienes pagarían serían los de siempre: los consumidores, a través de un suplemento en la factura del gas.

Esta misma semana, el Gobierno ha hecho público que utilizará un decreto social para incluir el pago de esos 1.350 millones de euros. El Ejecutivo incluyó esta autorización para realizar la indemnización en el real decreto "de medidas financieras de apoyo social y económico y de cumplimiento de la ejecución de sentencias", que entró en vigor el pasado 29 de diciembre. 

Es injustificable que el Gobierno, en el peor momento de la pandemia, con la cantidad de necesidades sociales que quedan por atender, se aproveche del decreto de medidas contra la crisis para colar un pago multimillonario al banco Santander. Este dinero público, en plena emergencia sanitaria, debería ir destinado a rescatar personas y fortalecer nuestros servicios sanitarios públicos... es una estafa diseñada a medida para el beneficio de un empresario como Florentino Pérez y de aquellos que lo financiaron - Joan Baldoví, portavoz de Compromís.

El Gobierno asegura que la ejecución de la sentencia la realizará el Ministerio de Hacienda, al que "se le concede una ampliación del crédito destinado al pago de sentencias de responsabilidad patrimonial del Estado legislador". En ese mismo decreto se combina la adopción de "medidas sociales y económicas de apoyo" para atender la "situación de emergencia económica y social ocasionada por la pandemia" con otras "situaciones de urgencia derivadas de circunstancias jurídicas imprevistas, como el adecuado cumplimiento de sentencias judiciales que puedan tener repercusiones económicas que den lugar a cambios legislativos urgentes".

Fuentes y más info: lavanguardia.com // elsaltodiario.com // publico.es