La infalible respuesta de Ayuso ante la pandemia: curas y privatizaciones

La Comunidad de Madrid cuenta con un rastreador de coronavirus cada 37.000 personas, cuando lo aconsejable es uno cada 4.000. Sin embargo, es la Comunidad que contará con más curas por cama de hospital: exactamente 1 cura cada 100 camas. Esto será así gracias al reciente convenio firmado por Ayuso con la Iglesia, y que supone un gasto de más de un millón de euros anuales durante 8 años. Además, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha adjudicado por la vía de emergencia y sin publicidad un contrato del servicio de rastreadores a Indra y Telefónica por 421.080 euros, por lo que el seguimiento de contactos del Covid-19 y el estudio de seroprevalencia de la Comunidad de Madrid estará ahora en manos de estas dos multinacionales. Cuestión de prioridades.
La infalible respuesta de Ayuso ante la pandemia: curas y privatizaciones

De morir por Coronavirus, al menos ir al cielo

El movimiento ‘Sanitarios Necesarios’ continúa defendiendo sus derechos y protestando contra la precariedad y los recortes tras la crisis del coronavirus. Reclaman más recursos en la sanidad pública, una mejora de las condiciones laborales y el fin de las privatizaciones en el sistema público de salud.

Sin embargo, lejos de escuchar las peticiones de estos profesionales de la salud, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha decidido gastar los fondos públicos en otras «necesidades»: la Iglesia y sus representantes.

El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de este miércoles 22 de julio de 2020 regula el acompañamiento religioso católico en los hospitales de la región. Por medio del «servicio de asistencia religiosa católica» (SARC), la Iglesia Católica asegura un número de capellanes a tiempo completo y parcial, así como el presupuesto destinado a ello: 937.187,76 euros, más la cotización de la Seguridad Social aparte.

De esta forma, se establece un número de capellanes para garantizar la citada asistencia religiosa: se trata de un religioso por cada 100 camas, donde habrá un capellán a tiempo completo. Cuando la capacidad sea de entre 100 y 250 camas, habrá un capellán a tiempo completo y otro a tiempo parcial; de 251 a 500 camas habrá 2 capellanes a tiempo completo y otro parcial; entre 501 y 800 camas habrá tres capellanes a tiempo completo y, si se supera ese número, entre tres y cinco capellanes a tiempo completo.

Una ley de Felipe González que interesa cumplir

Es llamativo que esta decisión se ve respaldada por una ley del Gobierno de Felipe González de 1985 por los acuerdos Iglesia-Estado, que asumen todas las CCAA, y que no solo estipula que primero el Estado y luego los gobiernos regionales con las transferencias deben sufragar el gasto de esos capellanes sino que, además, fija cuántos debe haber por cada 100 camas: la misma ratio desde 1986.

El poder de la Iglesia parece, de esta forma, que no ha perdido un ápice de presencia ni de poder en el Estado. En aquellos años, el entonces ministro de Justicia de Felipe González y el presidente de la Conferencia Episcopal firmaron el acuerdo que garantizaba «la asistencia religiosa católica en los centros hospitalarios» dependientes entonces del Gobierno.

En la orden de diciembre que desarrollaba ese acuerdo del Gobierno socialista con la Iglesia, ya se establecía en su artículo 1 que «el Estado garantiza el ejercicio del derecho a la asistencia religiosa de los católicos internados en los centros hospitalarios del sector público». Igualmente, «que en cada centro hospitalario (…) existirá un servicio u organización para prestar la asistencia religiosa católica y atención pastoral a los pacientes católicos del centro» así como «locales adecuados, tales como capilla, despacho y lugar para residir o en su caso pernoctar, y de los recursos necesarios para su prestación».

Indra y Telfónica te rastrearán

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha adjudicado por la vía de emergencia y sin publicidad un contrato del servicio de rastreadores a Indra y Telefónica por 421.080 euros con impuestos. El seguimiento de contactos del Covid-19 y el estudio de seroprevalencia de la Comunidad de Madrid estará ahora en manos de las dos multinacionales.

Esta adjudicación se produjo a finales de mayo, pero hasta ahora no se ha hecho pública, tal y como recoge el Portal de la Contratación Pública del Ejecutivo regional y recoge El Boletín, que destaca que estas dos compañías ya se ocupan del servicio de mantenimiento y gestión integral del Centro de Atención Personalizada (CAP).

La UTE Indra BPO-Indra-Telefónica se hizo a fecha de 29 de mayo con esta adjudicación por vía de emergencia y tiene duración de 30 días. Según ha explicado el consejero de Sanidad, Enrique Ruíz Escudero, esta privatización afecta a las nuevas contrataciones (42) que se encargan de llamar por teléfono y realizar una encuesta epidemiológica a los contactos, mientras que no afecta a los trabajadores de Salud Pública de la Comunidad de Madrid (142).

El presupuesto del contrato estima que se realizarían una 4.000 llamadas diarias y el coste individual sería de 2,90 euros.

Esta adjudicación se conoce en medio de las críticas por parte de colectivos sanitarios y sindicatos por la falta de rastreo en la región. Profesionales de Salud Pública y de Atención Primaria están preocupados por la situación. El estudio de contactos se retrasa en ocasiones hasta cinco días desde la notificación del caso y la mayoría de contactos que se detectan son del entorno familiar. Trabajadores reconocen que no se puede hacer un amplio estudio sobre los ámbitos laborales y de ocio por la falta de personal y la acumulación de trabajo.

La Comunidad de Madrid dispone, según su vicepresidente Ignacio Aguado, de 182 personas que se dedican al rastreo de casos de coronavirus en la región: 142 técnicos de Salud Pública y 40 en el Centro de Atención al Paciente. Ni la mitad de los 400 rastreadores prometidos en su día al Ministerio de Sanidad para avanzar en la desescalada.

La secretaria general de CCOO Sanidad Madrid, Rosa Cuadrado, ha lamentado que la Comunidad “intentarán justificar” con este contrato “la necesidad de afrontar la situación de crisis sanitaria”, pero estas actuaciones “denotan el mantenimiento de la tendencia a privatizar los servicios públicos, con alevosia y premeditación”.

Según la sindicalista, Ayuso “demuestra su incapacidad y su falta de voluntad y compromiso para garantizar el rastreo de casos” y critica que estén “asentados en la dinámica de atribuir responsabilidades a otros, como está ocurriendo con los casos importados que entran por Barajas, mientras que se intenta que se olvide que aumenta el número de casos en Madrid”.

 

Fuente: Contrainformacion.es

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