¿Qué es "terrorismo" para la Audiencia Nacional?

En los últimos años estamos viendo situaciones muy extrañas, como ver a un rapero acusado de terrorismo mientras un francotirador con 16 armas en casa y habiendo enviado mensajes donde decía que quería matar al presidente del Gobierno no entra en los supuestos del Código Penal para ser considerado terrorista
¿Qué es "terrorismo" para la Audiencia Nacional?

La historia legal del concepto "terrorismo" en el Estado español comienza oficialmente en 1894, con la Ley de 10 de julio "sobre atentados contra las personas o daño en las cosas cometido por medio de aparatos o sustancias explosivas". En esta primera ley se hacía hincapié en el uso de explosivos para poder considerar un delito como "terrorismo". Tan solo tardaron dos años en ampliar esta ley para incluir la ideología política como elemento subyacente en un delito de terrorismo. Y aquí está la clave, en la ideología política del acusado

Desde entonces ha llovido bastante, pero el concepto se ha mantenido. En 1978, ya aprobada la constitución española, la Diputación Permanente del Congreso convalida el Decreto-Ley sobre seguridad ciudadana de junio del año anterior, conocido como "ley antiterrorista", que perdura con algunas modificaciones hasta que se aprueba la "Ley Corcuera" en 1991. Para muchos esto quedará muy lejos, así que vamos con la última gran reforma en materia antiterrorista, que es la que nos afecta a día de hoy:

El pacto Antiyihadista

Enero de 2015. Se producen en Francia una serie de ataques terroristas islamistas que tienen como objetivo la sede del periódico Charlie Hebdo y un supermercado judío, en los que son asesinadas 17 personas. El número de muertes en atentados terroristas en estas fechas está a años luz de otras causas, pero sin embargo Europa entra en shock. PP y PSOE aprovechan esta coyuntura para realizar un acuerdo express que firman el mismo 2 de febrero y que denominan "Pacto Antiyihadista" ¿Quién puede estar en contra de la lucha contra el yihadismo? 

En un mes se publica en el BOE la reforma más radical del Código Penal desde 1995, y que bajo el paraguas de la lucha contra el terrorismo islamista incluye una serie de modificaciones que suponen un grave retroceso en las libertades de toda la ciudadanía: 

Los derechos a manifestarse pacíficamente y expresar colectivamente una opinión son fundamentales para la existencia de una sociedad libre y democrática. Nos preocupa que las propuestas de reforma puedan ser una respuesta del Gobierno y del poder legislativo a las numerosas manifestaciones que en los últimos años se han llevado a cabo en España - Comunicado de la ONU en respuesta a la aprobación del pacto antiyihadista

El tiempo ha confirmado los peores augurios. Durante ese mismo año (2015) los juicios por enaltecimiento del terrorismo se multiplicaron por cinco comparando con el año 2011 (disolución de ETA). Y desde entonces hemos visto como tuiteros, cantantes o titiriteros se han enfrentado a la justicia por ejercer su libertad de expresión. 

En estos momentos se está reprimiendo en España más que hace cinco años. En este tiempo se han aprobado normas y prácticas que refuerzan la capacidad de la Administración para reprimir. Esta disminución de libertades se debe a la crisis de legitimidad del sistema y al aumento de la protesta social - Joan Garcés, Dr. en Ciencias políticas por La Sorbona y licenciado en Derecho por la UCM

Con la perspectiva que otorga el paso de 4 largos años, parece que podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la reforma del Código Penal a través del "pacto antiyihadista" ha sido utilizada no solo para luchar contra el terrorismo yihadista, sino también para atacar de modo legal a todo aquel que piense diferente al estado, cometa o no un acto violento. La nueva definición de terrorismo es tan amplia que asusta:DagggEvX4AApefy

Esta interpretación tan extensa y subjetiva del concepto "terrorismo" se vuelve así un arma judicial que va mucho más allá de la lucha contra el yihadismo.

El legislador formula unos preceptos tan amplios y poco claros que dependerá de la voluntad futura de los poderes públicos que no se conviertan en una excusa para la represión política de toda manifestación de desafección al orden sociopolítico establecido - Ramón Campderrich, Dr. en Derecho y profesor de Teoría y Filosofía del Derecho de la UB

De este modo hemos visto en los últimos años cómo se han utilizado estos poderes judiciales antiyihadistas contra iniciativas de protesta política ciudadana, contra la lucha vecinal de todo un pueblo en contra de una decisión de su Ayuntamiento o incluso una pelea de bar. Si sumamos los poderes otorgados con la Ley Mordaza, los jueces tienen vía libre para criminalizar prácticamente a cualquier persona que se manifieste contraria al poder establecido.  

Se debe a una progresiva criminalización de cuestiones que tienen que ver con la libertad de expresión y a un abuso por parte del Gobierno de los conceptos jurídicos indeterminados en sus nuevas leyes, como se da en la Ley Mordaza. Cuando la interpretación es ambigua se facilita que la ley pueda ser utilizada por cualquier Gobierno en la dirección que da a las fuerzas policiales - Joaquim Bosch, Jueces para la Democracia

Los casos que evidencian esta subjetividad y utilización política del Código Penal son numerosos. Para finalizar, dos ejemplos recientes que muestran claramente esta diferente vara de medir la justicia según la ideología del acusado:

CDR´s

La Guardia Civil ha detenido esta misma semana a nueve independentistas acusados de planear acciones violentas, en una operación desarrollada por orden de la Audiencia Nacional. A pesar de que durante todo el procés no se ha producido ninguna víctima ni acto de violencia destacable, la acusación de terrorismo a nueve personas está ahí. Dos han sido puestas en libertad, lo cual resulta cuando menos curioso. Los medios de comunicación se han lanzado a transcribir la nota de prensa de la Guardia Civil (que está escrito en condicional de un modo muy ambiguo) sin ningún tipo de elemento crítico, creando un alarmismo exagerado en la sociedad. Además, los precedentes en otro caso similar dan mucho que pensar: en otra operación ordenada por la Audiencia Nacional en abril de 2018, la Guardia Civil detuvo a Tamara Carrasco, a la que se le incautaron una careta de papel, carteles y un silbato. Era también una activista de los CDR y los delitos que le atribuyeron (terrorismo y rebelión), desaparecieron en un par de meses.

Si a todo esto sumamos que las detenciones se han producido a escasas semanas de la sentencia del procés, y donde la cuestión de si hubo violencia o no juega un papel muy importante, hace pensar que esta operación podría tener una finalidad política. Todavía queda mucho por aclarar, y sin duda podría estar en lo cierto la fiscalía y haber evitado un atentado. No lo sabemos. Pero analizando todo el contexto, las dudas sobre la "Operación Judas" parecen justificadas (empezando por el nombre).

El francotirador de Sánchez

En el otro lado tenemos a Manuel Murillo, un hombre que afirmó en varios foros y chats de WhatsApp que quería matar al presidente del Gobierno por su intención de exhumar los restos de Franco, y que tenía un arsenal de 16 armas en su casa, entre los que se encontraban rifles de precisión y un subfusil de asalto. Sin embargo, en este caso la Fiscalía de la Audiencia Nacional no vio motivo alguno para reclamar la investigación, asegurando que los hechos no encajan en ninguno de los supuestos recogidos en el Código Penal para este tipo de delitos.

francotirador sánchez

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