Las acciones simbólicas para proteger el medio ambiente están de moda. El otro día repasamos el caso de Endesa y su "compra" de todas las cabeceras de prensa del país para decirnos que es una empresa muy concienciada y super ecológica, a pesar de que tan solo una semana antes un estudio la coloque (con mucha diferencia) como la empresa más contaminante del país. Hoy traemos otro caso similar, aunque a menor escala. Se trata del Real Madrid de Florentino Pérez, que esta misma semana ha tomado una medida drástica para frenar el calentamiento global: jugar con una equipación verde. Se trata evidentemente de una campaña (cutre) de lavado de imagen o greenwashing, puesto que mientras el Real Madrid juega de verde,  la empresa ACS (que también dirige Florentino) cuenta con denuncias y causas en su contra por diversos casos en contra del medio ambiente. Hacemos un breve repaso de dos de estos casos:

30 kilómetros de río secuestrados en Guatemala

El Cahabón es uno de los ríos más importantes de Guatemala. Desde los mayas, los 195 kilómetros de este río han servido a todas las poblaciones que han vivido en esta tierra desde entonces como fuente de vida. Hasta ahora. ACS está levantando en esta región una central hidroeléctrica que compromete gravemente la vida de los indígenas que viven a lo largo del río y todo el rico ecosistema que genera. 

Renace es el irónico nombre del proyecto, a cargo de COBRA Infraestructuras Hidráulicas, filial de ACS. Desde que comenzaron las obras en 2014, 30 kilómetros de río han desaparecido, lo que ha provocado que 29.000 indígenas quekchí se queden sin abastecimiento de agua. En esta región, solo el 5% de los hogares tienen suministro de agua corriente por lo que el entubamiento del río ha condenado a muchas familias a la emigración. 

Estos hechos han sido denunciados ante diversas instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; el Pacto Mundial, entidad de la que ACS forma parte y que le compromete a respetar los Derechos Humanos y el medioambiente; Punto Nacional de Contacto de las Líneas Directrices de la OCDE español establecido en el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad para favorecer la eficacia de las Líneas Directrices  para Empresas Multinacionales en relación a la conducta empresarial responsable; Parlamento Europeo, en el cual se ha denunciado a Florentino Pérez ante la Comisión Europea por hacer desaparecer un río en Guatemala, como una “violación de las cláusulas de protección medioambiental contenidas en el Acuerdo marco entre la Unión Europea y Centroamérica”; el Foro de Davos; el Parlamento y el Senado español.

Ante esta presión, el Grupo ACS-Cobra se excusa que, al ser subcontratista, las cuestiones de derechos humanos en este proyecto no les compete. Sin embargo, esto no es así. Tal y como expone el numeral 14  de los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos, el principio de la debida diligencia en el respeto de los derechos humanos se extiende a todas las empresas, no diferenciando entre las empresas financiadoras o empresas participantes (contratistas y subcontratistas). Por tanto, la participación del Grupo ACS en la realización de las obras de RENACE hace que dicha empresa sea cómplice de las vulneraciones que se están cometiendo.

Las comunidades y las organizaciones que se han opuesto al proyecto están siendo amenazadas, difamadas y criminalizadas por manifestarse e intentar hacerse oír de manera pacífica. Bernardo Caal, uno de los líderes quekchí, vive directamente esta situación, estando encarcelado por defender el río Cahabón frente a los megraproyectos hidroeléctricos desde el pasado 31 de enero de 2018.

Castor: 1.000 seísmos y 4.700 millones

La plataforma Castor se construyó para explotar un antiguo depósito de petróleo bajo el lecho marino a 21 kilómetros de Vinaròs (Castellón). En 1996 se solicitó el primer permiso para estudiar la idoneidad del yacimiento, aunque la aprobación oficial para su uso no llegaría hasta 11 años después. 

Dicha plataforma era propiedad de Escal UGS, una empresa participada en un 66,67% por ACS (¿sabéis quién la dirige?). El proyecto fue aprobado por el Gobierno de Zapatero en 2008 mediante un real decreto. Las primeras operaciones comenzaron en abril del 2012. Se trataba de inyectar gas a presión para desplazar el agua que en esos momentos ocupaba el depósito submarino. En un principio no hubo contratiempos, pero esta situación cambió drasticamente cuando el depósito comenzó a llenarse.

A partir de septiembre de 2012 comenzó una "crisis sísmica" que ocasionó cerca de un millar de temblores. La mayor parte de ellos fueron de baja magnitud, pero los mayores llegaron a mas de un 4 en la escala Richter, y fueron percibidos claramente por los habitantes de las localidades próximas, como Vinaròs, Benicarló y Alcanar.

El origen de los seísmos se identificó pronto: la falla tectónica de Amposta se estaba moviendo debido a la presión generada por la actividad del Castor. En 2013 se paralizaron los trabajos. El Ministro de Industria, José Manuel Soria, anunció que el Gobierno no pagaría la indemnización  por considerarla "abusiva". Sin embargo, poco después el Consejo de Ministros anunció por sorpresa que pagaría 1.350 millones de euros a Escal por obligarle a cesar la actividad. Esta indemnización ha sido asumida por los ciudadanos durante 30 años a través del recibo del gas. El pago a plazos a través del recibo durante tres décadas, junto con los intereses, haría que la cantidad se multiplicase hasta llegar a 4.700 millones.